El ex dueño de Aerolíneas Argentinas, Gerardo Díaz Ferrán, fue detenido hoy en Madrid fue arrestado por un presunto delito ocultación de bienes y blanqueo de capitales, según informó la agencia Efe. Se trata del expresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) –la entidad más representativa del empresariado español- y exdueño de Marsans que tuvo a su cargo a la compañía de bandera argentina.
Durante la operación, dirigida por el juez Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, se están produciendo registros en distintos puntos de España, según fuentes policiales citadas por Efe y Europa Press, y también más arrestos. Hasta el momento han sido detenidas nueve personas, según señala Efe, que cita fuentes policiales. Uno de ellos es el actual dueño de Nueva Rumasa y del grupo turístico Viajes Marsans, Ángel de Cabo.
Díaz Ferrán está acusado de blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y de ocultar todas sus posesiones en perjuicio de los acreedores. Los antiguos gestores de Viajes Marsans se enfrentan ya a varias querellas por su presunta mala gestión al frente del conglomerado y a otros procesos penales por supuesta apropiación indebida de fondos.
El que fuera presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y su socio compraron en 1985 la agencia de viajes Marsans al Gobierno español.
Según Europa Press, el arresto de Díaz Ferran está relacionado con la investigación iniciada a partir de la querella presentada por AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia contra los antiguos propietarios de la agencia de viajes Marsans, Gerardo Díaz Ferrán y el fallecido Gonzalo Pascual, su nuevo dueño, Angel de Cabo, y la empresa Possibilitum por la posible comisión de delitos de alzamiento de bienes y ocultación apresurada de sus bienes personales.
Las compañías hoteleras denunciaron a los tres empresarios al considerar que estaban ocultando a los acreedores de Marsans bienes de la agencia de viajes y personales para evitar así hacer efectiva la deuda contraída con ellas, que asciende a 45 millones de euros.
La Fiscalía también defendía que debía ser el juez Velasco el que asumiera la instrucción al considerar que la unión de esta investigación con la ya iniciada "podría perjudicar" el esclarecimiento de las conductas de los denunciados. La Sección Segunda dio la razón al Ministerio Público y aseguró que "los hechos deben de seguir siendo investigados por cada uno de los Juzgados que conocen de los mismos en este momento".