Era la reunión clave en un momento clave. Pero faltaron a la cita. El Poder Judicial y el Gobierno tienen una tensión oculta por el manejo del dinero. Pero hoy en la reunión convocada para discutir el presupuesto de la Justicia para el año que viene, ningún ministro de la Suprema Corte fue a la Legislatura. Y sí enviaron un pedido expreso: aumentar el presupuesto ya pautado “para el funcionamiento en general del Poder Judicial” y mantener la estructura. En la Legislatura hacen una lectura de ese pedido y apuntan a que en el fondo esos recursos pueden tener como destino el sostenimiento de la estructura salarial de los magistrados, que tienen un sistema de privilegio respecto al resto de los empleados públicos, pues tienen atados sus aumentos a los de los jueces federales.
En lugar de los Ministros, estuvo Raúl Vicchi, coordinador de Políticas Públicas del Poder Judicial, quien fue puesto en ese cargo para manejar las relaciones políticas de la Justicia. Justamente, explican, desde que el ex legislador está en ese puesto, el contacto con la Corte en sí ha disminuido. El faltazo de los ministros también se da justo cuando el Gobierno y la oposición impulsan un proyecto para implementar la autarquía judicial, idea que implicaría que el Poder Judicial maneje sus propios recursos y, entre otras cosas, negocie los salarios con sus empleados. El proyecto tiene consenso político, pero fue postergado para el año que viene.
Pedido de aumento
El presupuesto pautado para el Poder Judicial es de 950 millones de pesos. Vicchi y Alfredo Segura, administrador de la Corte, pidieron un aumento de 45 millones en ese presupuesto para destinar al funcionamiento ordinario del Poder Judicial.
Entre los temas recurrentes que se mencionan a la hora de hablar de necesidades, está la postergada implementación del nuevo Código Procesal Penal en toda la provincia y la necesidad de cubrir cargos vacantes. Según explicaron hay “400 vacantes que se han creado para el ministerio público y 300 para refuerzo de la planta”. Mientras que para el 2013, se plantea sumar 720 cargos, de los cuales 508 serían para el Poder Judicial y 212 para el Ministerio Público”, explicaron en la Legislatura.
Uno de los debates recurrentes y que tendrá un nuevo capítulo el año que viene es la discusión salarial. Durante la gestión de Celso Jaque los jueces firmaron un acuerdo con el Poder Ejecutivo por el cual lograron dos beneficios centrales: por un lado se jubilan con el 82% y por otro atan sus aumentos salariales al régimen de los jueces federales, por lo que cada vez tienen mayor distancia con los salarios provinciales. Por eso en la Legislatura interpretan que parte de la necesidad de financiamiento que requiere el Poder Judicial tienen que ver con el financiamiento de ese acuerdo.
El presupuesto no incluye las obras públicas que el Poder Judicial necesita. Entre ellas mencionaron el reacondicionamiento del Palacio Judicial, las dependencias del calle San Martín (juzgados laborales), el juzgado de familia en el departamento de Las Heras y la construcción de las morgues en los departamento de San Martín y General Alvear.