En una conferencia que terminó con un guiño a la re-reelección, el ministro de Planificación, Julio de Vido, y el viceministro de Economía, Axel Kiciloff, anunciaron aumentos en las tarifas de electricidad y gas en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires para crear un fondo destinado a invertir en las redes de estos servicios.
Según prevé el Gobierno, serán unos 2.000 millones de pesos por año los que se podrán reinvertir en los partidos bonaerenses, mientras que los usuarios pagarán incrementos que van de los cuatro a los veinticinco pesos por bimestre.
Luego de la presentación de la conferencia de parte de De Vido, el viceministro de Economía, Axel Kicillof, habla en este momento sobre las necesidades de incremento de las tarifas eléctricas para Edenor y Edesur para crear un fondo a partir de un plan de expansión y consolidación de las redes de luz y gas.
Comparando los crecimientos tarifarios en provincias como Córdoba y Santa Fe en relación con los de Edenor y Edesur (Área Metropolitana de Buenos Aires -AMBA-) sirve como base para explicar el aumento que está por anunciar, en tanto que justificó el subsidio de parte del Estado señalando que “el subsidio energético es aumento salarial indirecto”, porque lo que no se paga en servicios es un beneficio para la gente y un impulso al consumo interno.
En cuanto al aumento de parte de “algunos vivos”, en relación a las provincias que no sostuvieron tarifas bajas, señaló que lo que hay que hacer es no cobrar lo máximo posible, sino sostener tarifas bajas y genera un fondo para mantener las redes y abastecer el crecimiento impulsado por este gobierno.
“Nuestra política de beneficios genera competitividad no sólo en relación a otras provincias, sino también a nivel regional”, dijo Kiciloff, y luego sostuvo: “Porque damos subsidio, el crecimiento crece, y eso genera las crisis energéticas”.
Comparando la situación de los consumidores del AMBA con la de los de Córdoba, Santa Fe y Chile, por ejemplo, el viceministro buscó demostrar los beneficios que tienen los beneficiados por los subsidios, lo que mejora así el poder adquisitivo.
Lo mismo realizó con la situación del consumo de gas, pero comparando las tarifas en dólares con las de otros países de la región.
Con esto, Kicillof defendió la política estatal con la que, aseguró, se quiere seguir teniendo crecimiento pero “a ganancias razonables, como en los noventa”, y al usuario cobrarle lo menos posible.
Posteriormente, el ministro de Planificación, Julio de Vido, tomó la palabra para detallar la situación de las redes energéticas de la Argentina, y entre sus palabras destacó la importancia de Comahue-Cuyo en la estabilización del servicio en la zona. De la misma manera, se refirió a la ampliación de 23 por ciento de capacidad de transporte de gas en el país, destacando también el Plan Garrafas para Todos y su importancia en el abastecimiento de quienes no son alcanzados por las redes.
“Energéticamente es hoy un país 180 grados diferente de lo que era el 25 de mayo del 2003”, resaltó.
“Esto no es un cambio de política”, resaltó De Vido cuando anunció los aumentos de tarifa, que resultaron diferenciadas de acuerdo a los niveles de ingresos de cada una de las capas sociales y por consumo, detallando, por ejemplo, que para algunos consumidores el aumento representará siete centavos por día, mientras que para otro significará dos pasajes de subte.
Los aumentos en gas, por ejemplo, van desde cuatro pesos a veinticinco por bimestre, pero no alcanza a las familias exceptuadas por los planes pertinentes.
La estimación de De Vido es de una inversión de 2.000 millones de pesos por año, los que distribuirán entre los partidos que componen el AMBA. Plan de expansión y consolidación de las redes de luz y gas.
De Vido sostuvo que la presidencia jamás tomaría una medida en contra de la población, además de que la clase trabajadora argentina comienza a pagar impuestos a partir de ingresos superiores a lo que lo hacen los de menos ingresos en otros países de la región. Y concluyó con un guiño para una posible re-reelección al señalar que la mejor garante para la continuidad de este proyecto es la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.