Los jueces de la Cámara Federal Civil y Comercial decidieron "poner en conocimiento" de la Comisión de Independencia Judicial, que funciona en la Corte Suprema, las presiones a que los somete el gobierno nacional con sucesivas recusaciones y causas penales.
En una extensa resolución, seis de los siete magistrados debatieron y resolvieron comunicarle a la citada comisión, que conduce la vicepresidenta del alto tribunal, Elena Highton, que la denuncia penal que presentó el Gobierno contra ellos y las sucesivas recusaciones les produce una grave "perturbación" en el "normal servicio de Justicia".
Según afirma hoy Adrián Ventura en La Nación, como la resolución abarcaba muchos otros asuntos, a última hora surgió una duda sobre otros de los puntos y se demoró la firma. Pero todos los magistrados, tanto los más oficialistas como los más alejados, querían llamar la atención de la Corte sobre la situación anómala que están viviendo.
La presentación de los camaristas se suma al pedido de per saltum que aprobó el kirchnerismo en el Congreso y a la solicitud que hizo ayer el Grupo Clarín para que el máximo tribunal extienda la medida cautelar que obtuvo para impedir que el artículo 161 de la ley de medios entre en vigencia.
La Cámara Federal Civil y Comercial dice haber quedado expuesta a las presiones del Gobierno por tres motivos.
Primero, porque esa Cámara es la que debe resolver el pedido que hizo el Grupo Clarín para que se extienda más allá del 7 de diciembre la medida cautelar que lo protege contra la obligación de desinvertir. Segundo, porque el juzgado número 1 de ese fuero, ahora a cargo del juez Horacio Alfonso, tramita la demanda del Grupo Clarín para que se declare inconstitucional la ley de medios. Y, tercero, porque el Gobierno, hasta ahora, fracasó en su intento de nombrar al frente de ese juzgado a María Lorena Gagliardi o a algún otro juez "ciento por ciento confiable".
La situación era, ayer, casi un rompecabezas desarmado:
•Como el Gobierno logró paralizar a los jueces de la Cámara Federal
Civil, no hay magistrados que puedan resolver si el camarista Francisco de las Carreras -uno de los recusados-, puede intervenir en la causa. Por eso, en las próximas horas, la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, mucho más cercana al Gobierno, sorteará dos de sus integrantes: ése era el objetivo de la estrategia oficial.
• La Cámara Federal Civil se disponía a hacer la presentación ante la Corte,
en lo que había anoche total acuerdo.