El 2 de diciembre de 2009 el clima político e institucional explotó por la denuncia de extorsión que hizo el secretario General de la Gobernación contra el tándem de empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano.
Aquella acusación formal ante la Cámara de Diputados del hombre fuerte del entonces gobierno de Celso Jaque dejó al descubierto la sombra del poder económico que presiona sobre el público para consolidar sus negocios, muchos de ellos basados en el Estado.
Aquel suceso no tuvo mayores derivaciones formales, ni judiciales, ni institucionales, pero marcó un hito de los últimos años de gestiones de gobierno a la defensiva y a la vez de una dirigencia política victimizada, débil o afín de acuerdo sea el momento ante las presiones privadas.
Es curioso cómo terminó la administración de Jaque con algunos gestos y acciones a favor de los intereses de grupo económico que había denunciado en la Legislatura. La renegociación del contrato de los tragamonedas en el Casino oficial a favor de una empresa vinculada con Vila es una de las pruebas más evidentes de esto.
Visto en perspectiva, es notable el contraste entre aquella denuncia de Cazabán donde expresó que Manzano lo amenazaba con una campaña a través de los medios contra el gobierno si no se autorizaba una aumento en la tarifa eléctrica para recomponer las cuentas de Edemsa en manos de Vila-Manzano.
Es curioso cómo terminó la administración de Jaque con algunos gestos y acciones a favor de los intereses de grupo económico que había denunciado en la Legislatura. La renegociación del contrato de los tragamonedas en el Casino oficial a favor de una empresa vinculada con Vila es una de las pruebas más evidentes de esto.
El caso Gutiérrez
Mientras esto ocurría, Patricia Gutiérrez ya integraba la Cámara de Diputados como representante del partido Unidad Popular afín a Julio Cobos. Y de a poco comenzó a retornar por ese camino denunciante. Hasta que este año cobró protagonismo con su denuncia contra el Fiscal de Estado por favorecer justamente al pool multirubro.
Es útil recordar que Gutiérrez es una histórica dirigente de raíz radical y repudiada por la misma clase política por denunciar corrupción dentro del mismo Estado cuando en la década del ’90 ocupó una banca en el Concejo Deliberante de Las Heras.
Por aquel tiempo, Gutiérrez pasó de la UCR al partido Pais de José Octavio Bordón y más adelante reintegró a la política partidaria con Elisa Carrió. Y finalmente Julio Cobos la sumó a su equipo de gobierno y formó parte del cobismo, ese sector nacido del radicalismo, escindido y sumado al kirchnerismo.
Este mínimo recordatorio es sólo para señalar de que estamos ante un fiel exponente de esta política donde, desde lo positivo, priman las convicciones personales genuinas antes que las pertenencias partidarias, por eso Gutiérrez tiene la capacidad de sintonizar con las señales de cada momento. Aunque siempre se mostró más cómoda en el rol de la oposición y como factor contralor del mismo Estado.
El fenómeno de Gutiérrez también puede tener un costado crítico desde el punto de vista de la llamada coherencia militante nacida del sector partidario. Allí todavía están quienes reconocen como virtud la permanencia en una estructura orgánica, aunque esto sólo vale para el mundillo político cada vez más cerrado y aislado de la realidad cotidiana.
La profecía
La legisladora ha superado etapas en su vida pública y está acostumbrada a la fricción, es más, se siente cómoda en ese terreno pero también ha demostrado afianzar sus denuncias con pruebas y documentación que en este tiempo de poderes y contrapoderes la hacen fuerte para estas batallas.
En este caso, la denuncia pública contra el Grupo Uno trasciende una mujer que expresa algún nivel de cansancio. Aunque eso no obsta que pueda tener algún nivel de responsabilidad funcional cuando era directora de Vías y Medios de Cobos en el caso donde la Corte le dio la razón al demandante (el empresario Emilio Corsino) contra el Estado por haberle sacado la concesión y no permitiendo que participara de un nuevo proceso licitatorio.
Lo que remarca Gutiérrez en su denuncia pública contra el empresario multipropósito es el ejercicio del mismo poder en reemplazo de los poderes públicos con una funcionaria con cargo electivo. En eso se parece a aquella denuncia de Cazabán hace casi dos años.
Lo que remarca Gutiérrez en su denuncia pública contra el empresario multipropósito es el ejercicio del mismo poder en reemplazo de los poderes públicos con una funcionaria con cargo electivo. En eso se parece a aquella denuncia de Cazabán hace casi dos años.
Concretamente, la denuncia pública actúa como válvula de escape ante la presión soterrada o revestida según sea el caso. No es una novedad, pero sí es una confirmación.