Mientras el uso indebido de las armas de fuego continúa segando vidas, frustrando futuros y destrozando familias, el Estado retrocede en sus obligaciones. A contramano de lo que declama, el Gobierno ha decidido que, en cuanto a las armas de fuego, su papel será meramente registral. Ante esta realidad, la Red Argentina para el Desarme (RAD), que desde hace años reclama una verdadera política pública en la materia, denuncia el peligroso rumbo que ha decidido tomar el Poder Ejecutivo Nacional para enfrentar esta gravísima problemática.
El Gobierno ha abandonado la profundización de las políticas activas de control de armas de fuego proclamada por el ex presidente Néstor Kirchner cuando impulsó el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, con una ley que, bajo el peso de las reiteradas tragedias humanas provocadas por las balas, declaraba la emergencia en la materia. Vaciadas de contenido muchas de las medidas y reformas introducidas en los últimos años para extremar el control del mercado legal, la política de armas comienza a parecerse a la de la década del 90: conservadora y sólo destinada a satisfacer los requerimientos de quienes usufructúan del mercado de armas, un número ínfimo en relación con la población.
Hace dos años comenzó a tratarse en el Congreso un proyecto que alienta la creación de un organismo capaz de profundizar y ampliar el modelo en sus tres ejes: control del mercado legal, concientización y persecución del mercado negro que nutre al delito. El Senado lo aprobó, y Diputados estuvo a punto de hacerlo hasta que desde el Ministerio de Justicia de la Nación, tal como reconoció ante este colectivo de organizaciones el Ministro Julio Alak, se ordenó congelar el proyecto de creación de la Agencia Nacional de Control de Armas y Explosivos (Ancae), un organismo claramente superador del modelo actual. Un simple llamado telefónico del Ministerio bastó para echar una pesada losa sobre la propuesta.
La respuesta del ministro Julio Alak, del secretario de Justicia Julián Álvarez y del subsecretario de Coordinación y Control de Gestión Registral Ernesto Kreplak es, sencillamente, nula. Los argumentos políticos para desechar el proyecto se reducen únicamente a la pertenencia orgánica de la nueva agencia, sugiriendo que se priorizan fundamentalmente comodidades institucionales, permitiendo la continuidad del actual paradigma de un registro financiado por el propio mercado de las armas.
Es curioso que, el Estado Nacional, así como entendió que el drama de las muertes provocadas por el tránsito exigía la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el caso de las armas, que provocan cada año cientos de muertes, admita como única respuesta, un registro financiado por un ente cooperador, la Asociación de Comerciantes de Artículos para Caza y Pesca (AICACYP), es decir, un organismo de control financiado directamente por quienes venden armas y quienes las compran y las usan.
La alta sensibilidad del tema, la gran preocupación que, según las encuestas, provoca el uso indebido de armas de fuego en la población, exigen del Estado una respuesta mucho más amplia, profunda y seria que la de crear, por ley, un nuevo Registro Nacional de Armas con exactamente las mismas y acotadas atribuciones que hoy tiene.
Por todos estos motivos la Red Argentina para el Desarme solicita públicamente una audiencia con la Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, a los fines de poder manifestarle la envergadura del problema que tiene nuestro país respecto del control de las armas de fuego, cuestión que, después de más de dos años de espera y por razones incomprensibles, aún no se resuelve.