A partir de la semana que viene, el Gobierno prometió iniciar la campaña masiva para informar a la ciudadanía sobre la reforma del artículo 221 de la Constitución de Mendoza. Mientras, el ministro Félix González estudia la posibilidad de cambiar la forma en que se puede votar este cambio jurídico que permitirá a su vez avanzar con una renovación de la máxima ley provincial, que data de 1916 y necesita readecuarse a estos tiempos.
Cuando los mendocinos ingresen al cuarto oscuro el próximo 23 de octubre, no sólo se encontrarán con las boletas de los partidos políticos. También tendrán que elegir por el "Si" y por el "No" de la reforma del constitucional artículo 221, que hace referencia a la cantidad de votos necesarios para introducir cambios en la misma ley magna.
Se trata de un cambio jurídico que hace foco en el término "elector" -es decir, todos los votantes empadronados- para cambiarlo por el término "votante" -el ciudadano que efectivamente elige-. En otras palabras, se necesita más del 50 por ciento de los empadronados para introducir modificaciones en la carta magna. El texto actual es el siguiente:
Art. 221º - Declarada por la Legislatura la necesidad de la reforma total o parcial de la Constitución, se someterá al pueblo para que en la próxima elección de diputados, se vote en todas las secciones electorales en pro o en contra de la convocatoria de una Convención Constituyente.
Si la mayoría de los electores de la Provincia votase afirmativamente, el Poder Ejecutivo convocará a una Convención que se compondrá de tantos miembros cuantos sean los que componen la Legislatura.
Los convencionales serán elegidos en la misma forma que los diputados.
En este caso, cualquier cambio en el marco jurídico será posible si la mayoría de los "electores" (que son los empadronados) vota favorablemente. De allí el fracaso de varias iniciativas anteriores, que no lograron reunir los votos necesarios de acuerdo a la cantidad de ciudadanos que figuran en el padrón.
Se trata de un tecnicismo que, en el Gobierno, ven como "complejo" a la hora de informar a la población.
Precisamente, a poco más de un mes de las elecciones, existe un alto desconocimiento en la ciudadanía, según reconocen en el Ejecutivo. Por ello, el ministro de Gobierno, Félix González -a cargo de este tema-, adelantó que la semana que viene ya se podrá ver la campaña para interiorizar a los votantes a través de los medios masivos.
"Es bastante complejo de explicar porque es una reforma procedimental, pero el eje lo vamos a poner de la manera más simple en la diferencia entre electores concretos y empadronados", explicó el titular de la cartera de Gobierno.
En el interín, el Gobierno estudia además un posible cambio en la metodología del escrutinio del 221. La ley aprobada en la Legislatura para que se vote el referéndum establece que la elección tiene que realizarse con dos urnas: una para elegir autoridades y otra destinada a la reforma del artículo. Para esto, se requieren 7.432 urnas en total en todo el territorio provincial, lo cual supone un esfuerzo logístico complejo.
Para simplificar el operativo, el ministro González está definiendo con la Junta Electoral la posibilidad de que se introduzcan dos sobres en una sola urna -es decir, en 3.716 urnas-: "Queremos ver la factibilidad técnica de que entren tantos sobres en una sola urna", indicó el funcionario provincial.
Esta posibilidad de una o dos urnas se terminará de definir en la semana, según el ministro, que luego se abocará en convencer a la oposición para cambiar la ley 8252 que impulsa la reforma del artículo 221. González quiere una ley exprés que otorgue el marco legal para introducir los dos sobres -el voto a los candidatos y el voto por el "Si" o por el "No"- pero admite que ya está todo preparado para seguir con las dos urnas.
Desde el 2001 en adelante, los intentos de reforma de la Constitución en Mendoza han fallado en cada elección. La excepción es la enmienda de 2005, cuando Julio Cobos militó contra la indexación salarial de los jueces, que querían readecuar sus altos sueldos de acuerdo al índice de inflación, en medio de un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y el Poder Judicial.
En 2001 y 2007, los radicales intentaron reformas parciales que no lograron llegar a la cantidad de votos necesarios de acuerdo al porcentaje de empadronados. En el segundo caso, se buscaba limitar la reelección indefinida de los intendentes.
En gran medida, los tardíos avances publicitarios -debido, tal vez, a la poca voluntad política- conspiraron contra los intentos de modificación de la carta orgánica provincial.