La Presidente eligió el lanzamiento del plan "LCD para todos", en un acto en la Casa Rosada, para anunciar su postulación a la reelección. No dijo aún quién será su compañero de fórmula, pero lo hará en algún momento antes del plazo legal, que concluye el viernes.
No tiene sentido sumar una más a las especulaciones sobre el segundo punto. Sí, en cambio, tiene sentido analizar el contexto en el que se conoce el principal dato político del año, que tendrá además enormes consecuencias para el país en el corto y en el mediano plazo.
El escándalo desatado por la presunta estafa cometida por Sergio y Pablo Schoklender y un grupo de 16 colaboradores en el proyecto "Sueños compartidos", encarado por la fundación Madres de Plaza de Mayo, y la decisión de los abogados de Marcela y Felipe Noble Herrera de aceptar la extracción de muestras de ADN de los hijos adoptivos de la dueña de Clarín, y su comparación con las 2.500 existentes en el Banco Nacional de Datos Genéticos, marcaron la semana previa al anuncio presidencial.
Según Horacio Verbitsky en su columna del pasado domingo en Página /12, desde el Grupo Clarín "afirman que el gobierno supo que el resultado del cotejo sería negativo, porque una vez que los peritos declararon que las muestras eran aptas para identificar la jueza hizo la comparación en forma secreta". Esta "versión conspirativa", según Verbitsky, "prescinde de cualquier diferenciación y confunde al gobierno nacional, con la jueza, el Banco Nacional de Datos Genéticos y las querellas".
En efecto, se trata de una "versión conspirativa" pero tiene su origen en algo que Verbitsky no desconoce pero calla: que la jueza sanidrisense es la esposa del fiscal Alberto Nisman, a cargo de la causa AMIA pero con una postura histórica a favor de la incriminación de la pista iraní, tal como impulsaron Estados Unidos, Israel y las dos administraciones Kirchner.
Del lado del gobierno también se emitieron "versiones conspirativas" similares, en el sentido de que el Grupo Clarín sabría de algún modo que el resultado de la comparación de las muestras sería negativo. Lo obvio fue que el kirchnerismo se mostró confundido con la decisión jurídica de los Noble Herrera, propalada profusamente por todos los medios del conglomerado mediático opositor. Un cable de la agencia oficial de noticias Télam dio cuenta de las "sospechas" que levantaba tal cambio de estrategia.
Sea para confirmar o descartar la filiación de los hijos de Ernestina Herrera de Noble, la confrontación se hará y muy probablemente el resultado se conozca antes de las elecciones del 23 de octubre. Detrás de esa comprobación, que para las Abuelas tiene un sentido pero para el Gobierno tiene otro, no se esconde el hecho de que toda la ofensiva kirchnerista contra el multimedios estuvo dirigida a derrumbar la autoridad moral y, con ello, el poder de influencia del Grupo Clarín, objetivo que con esta causa y con la otra iniciada para investigar el traspaso de las acciones de Papel Prensa durante la dictadura, puede decirse que está más que cumplido. A esto se añade la sanción parlamentaria de la Ley de Medios, otro instrumento tanto político como legal para poner a Clarín contra las cuerdas en un momento crucial, el año 2009, en el que el Gobierno perdió gran parte del caudal electoral que había reunido dos años antes con la llegada a la Presidencia de Cristina Kirchner.
En el marco de esta contraofensiva hay que analizar todas y cada una de las medidas, tanto judiciales como administrativas, que encaró la Administración K contra Héctor Magnetto y sus socios algunas más exitosas que otras. Los que hablan de un empate técnico entre los dos bandos olvidan, con intención, que después de aquella debacle electoral, la Presidente encara la recta final de la campaña actual con niveles de adhesión superiores a los que tenía cuando ganó las presidenciales de 2007. Puede que su gobierno no haya alcanzado el éxito en todo lo que emprendió contra Clarín, pero el conseguirlo era una hipótesis de máxima.
En cuanto al "caso Schoklender II" (el primero, es obvio, se conoció en 1981), bien mirado por algunos hasta podría convertirse en una nueva oportunidad para el cristinismo. Y no se trata de una visión voluntarista de las cosas.
Los dardos de la Coalición Cívica, responsable de alertar en 2009 que había cosas poco claras en el manejo de fondos de los Schoklender y la fundación de las Madres, se dirigen al otrora superministro Julio De Vido y al subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, que jamás controlaron el ingente flujo de fondos que manejaban en "Sueños compartidos". Para el fiscal Guillermo Marijuán, por su morosidad para investigar, también debe dar explicaciones el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella. Otro fiscal, Raúl Pleé, hizo en 24 horas y desde su computadora lo que Sbatella y sus colaboradores tuvieron tiempo de hacer durante 18 meses pero lo evitaron.
De Vido hace tiempo que sufre el desdén de la Presidente, pero más aún padece el ostracismo que le impuso el círculo íntimo de Cristina, liderado por Carlos Zannini. En otro tiempo, el ministro y Fatala formaban parte del dispositivo político y administrativo urdido por Néstor Kirchner para darle gas a la obra pública allí donde políticamente hiciera falta. De Vido, claramente, ejerciendo como un "primus" pero sin "pares". Aníbal Fernández, otro caído en desgracia, también integraba en otros rubros la red de operadores del fallecido ex presidente.
Desde las cercanías del despacho presidencial, algunos nuevos ungidos agitan advertencias flamígeras. Advierten que la nueva etapa –aluden ya a la segunda Presidencia–, estará marcada por una serie de hitos destinados a "consolidar el modelo". Naturalmente, en esta fase, apuntan, no habrá lugar para De Vidos o Fatalas, o para Aníbales. Tampoco para Moyanos todopoderosos, aseguran. Aspiran a que se trate de un período "refundacional" y para eso la operación política ya está en manos de otros agentes que, en rigor, sólo se diferencian en los modos con sus antecesores.
Claro, la Presidente no se rodea únicamente de "talibanes". Ni tampoco los que hablan así son todos radicalizados "cristinistas". Puede decirse que Juan Manuel Abal Medina es un convencido del modelo encarnado por la Presidente y fundado por su esposo, lo que no significa que sea un negado para la política de pico y pala.
El golpe dado al movimiento de defensa de los derechos humanos a causa del tremendo tropiezo de Hebe de Bonafini tiene varios filos: la Presidente adhirió a la decisión de su marido de potenciar la reivindicación de los '70 pero nunca estuvo convencida del resultado de la ecuación entre ganancias y pérdidas derivada de la operación de cruzar derechos humanos con obra pública. La primera fue una medida que Cristina avaló y hasta impulsó. La segunda la fue incomodando conforme fue pasando el tiempo.
En los meses que vienen se verá si las dos decisiones estratégicas que tomó Néstor Kirchner, la de lanzarse a la guerra contra el monopolio Clarín y la de coptar a un organismo como Madres, emblemático de la defensa de los derechos humanos en la Argentina, tienen impacto electoral.
Lo que está claro es que se inicia un nuevo proceso en el que el cristinismo buscará dejar atrás al kirchnerismo con el fin de dar un salto político cualitativo que lo fortalezca y le permita incidir en la construcción de una sucesión sin sorpresas hacia el 2015. ¿Que es demasiado temprano para que alguien piense en eso, en la Argentina? Es probable, pero está pasando. Cuál será el resultado, ya es otra cosa.
La parición del cristinismo
El anuncio de Cristina en medio de presuntas estafas en la organización Madres, los LCD "Para Todos", la disputa con Clarín y ahora la incógnita de quién será el compañero o compañera de fórmula de la presidenta.
