Nadie podría jamás haber imaginado que una mujer de casi 84 años y que no hizo otros estudios que los de la escuela primaria, podría ser una eficaz, lùcida y avispada gerenciadora de recursos financieros muchas veces millonarios. No ha habido, por ende, una "traición"; antes bien, lo que aconteció era, además de previsible, buscado. Se fue a un sistema de inyección de fondos por definición opaco. Pero, ¿cuál es la novedad y dónde está la sorpresa?
Por eso, primero, lo importante: no es Schoklender, ni Bonafini, ni las Madres de Plaza de Mayo. Lo que estalla ahora es una decisión, un orden, un sistema, una manera. Dicho de otra manera, lo que el caso de los fondos entregados por el Estado a un grupo político que fue directa y deliberadamente favorecido, revela y pone al desnudo un esquema de oscuridad explícita y bloqueo informativo absoluto. Ocho años después de haberse instalado los Kirchner en el poder, no hay hoy en este país ni un solo ente regulatorio de servicios públicos que funcione ajustado a derecho. Están todos intervenidos desde entonces, con funcionarios que reportan de manera directa al Ejecutivo.
Tímidamente entre 2003 y 2005, pero abiertamente desde en 2006 en adelante, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner obliteraron el entero sistema de control, supervisión y auditoría
públicas que la Argentina diseñó y puso en vigencia desde la reforma constitucional de 1994. Tras la fugaz primavera de transparencia, los sitios internet ocupados por los organismos del
estado se han ido vaciando y muchos de ellos son vergonzosamente obsoletos.
Su nivel de información es bajísimo y su interconectividad es casi nula. Técnica y culturalmente, parecen anclados diez años atrás. No es un fenómeno fortuito. Estos entes reguladores fueron fundados en los vituperados años ’90 mediante leyes del Congreso
Nacional, ó por decretos del Poder Ejecutivo Nacional. Su rasgo institucional es que su condición jurídica se diferencia de la de los ministerios y demás reparticiones del Poder Ejecutivo Nacional.
Se pretendía así, con esta independencia, "asegurar la continuidad de los equipos técnicos más allá de la duración del gobierno, como forma de brindar mayor estabilidad e independencia
a la hora de establecer y aplicar regulaciones". Esta frase esta grotescamente incluida en el sitio web del Gobierno, como si los funcionarios de la Casa Rosada no tuvieran prurito alguno en
mantener on line posturas directamente desmentidas por la realidad. El propio Gobierno admite que "la tarea de regular consiste primordialmente en establecer cómo se deben hacer determinadas actividades, qué está permitido y qué está prohibido. Es decir, establecer las reglas de juego que gobiernan a los actores de un sector".
Esas funciones son las regulatorias, las administrativas y las judiciales y además tienen amplias atribuciones para obtener información sobre las empresas prestatarias y sus respectivas
industrias. Estos organismos, colonizados por la Casa Rosada desde 2003 y que hoy funcionan como meras oficinas delegadas de la Presidencia de la Nación, son la Comisión Nacional de
Comunicaciones (CNC), la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), el Ente Nacional Regulador del Gas
(ENARGAS), Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).
Sin embargo, aquellas normas y decisiones de los años ’90 establecieron que no están centralizados los entes reguladores de agua y electricidad, cuyas funciones son ejercidas por diferentes mecanismos en la extensión del territorio argentino. Retóricamente, el Gobierno reconoce que los entes son auditados principalmente por el Congreso Nacional, a través de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Reforma del Estado y las Privatizaciones y la Auditoría General de la Nación (AGN), órgano técnico, funcionalmente autónomo dentro del área del Congreso de la Nación, que tiene como competencia teórica controlar las privatizaciones y los entes reguladores, auditando los estados contables y la gestión.
Pero la realidad es que la AGN ha visto como sus facultades y alcances se fueron recortando e extraordinariamente en los últimos cuatros años, al punto de que en muchas ocasiones debe implorar para que le suministren desde el Gobierno información imprescindible que el Ejecutivo mantiene en la más absoluta clandestinidad.
Por ejemplo, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) es capitaneada por Eduardo Sicaro, aunque en su sitio web el reloj de ha detenido en 2007, porque se declara como interventor un Pedro Ochoa Romero. Es tan explícito el desinterés del Gobierno por la información pública que el sitio web de la CNRT indica que el organismo reporta a la secretaría de Transporte dirigida por… ¡Ricardo R. Jaime!
La Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) fue creada como un organismo descentralizado en el ámbito de la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios para regular, controlar, fiscalizar y verificar la prestación de los servicios de telecomunicaciones, postales y de uso del espectro radioeléctrico.
Creada por el decreto 660 firmado por el presidente Carlos Menem en 1996, es el único ente del Estado con competencia de control sobre los servicios de comunicaciones. La dirige desde
junio de 2004 el ingeniero electrónico Ceferino Namuncurá, un interventor cuyos mandatos se van renovando sin cesar y tiene contrato hasta por lo menos el 31 de diciembre de este año. El
abogado Ricardo Moreno, un político peronista, es el "sub-interventor" (sic) de la estratégica CNC desde 2009. El Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA),
creado en octubre de 1995 y desde 2003 en manos del ingeniero Edgardo A. Bortolozzi, un técnico que reporta a José López y Julio de Vido, también esta intervenido.
Entretanto, en el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), también intervenido, su Directorio se ufana en una "carta compromiso con el ciudadano" que data del año 2000 que se
compromete a sumarse al proceso de modernización de los organismos públicos "tendiente a lograr una administración eficiente y comprometida con las políticas nacionales, con una gestión pública transparente, responsable y capaz de satisfacer las necesidades y requerimientos de una ciudadanía activa y participativa". Lo maneja el ingeniero Antonio L. Pronsato, interventor desde diciembre de 2007, tras haber sido gerente técnico de Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur.
Intervenido por primera vez el 22 de mayo de 2007 por 180 días corridos, el ENARGAS ha seguido intervenido con prórrogas consecutivas hasta el día de hoy. En materia aérea, el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) está bajo el comando del brigadier mayor (R) Horacio A. Orefice, un aviador militar formado en la Escuela Superior de Guerra Aérea. Este oficial de Estado Mayor se recibióde alférez en 1967 y se retiró en diciembre de 2001. En su foja de servicios se indica que gerenció entre 1975 y 1980 el mantenimiento de los aviones cuatrimotores de gran porte C-130 Hércules. Pilotea el ORSNA (creado en 1997), desde de 2003.
Todo el esquema de gestión de la Argentina reposa hoy sobre un sistema de mando fenomenalmente vertical, implementado en intenso desaire por las normas y los métodos legales. La "traición" de Sergio Schoklender es un argumento pueril. La falta de control es una manera de control. Como se revela con el caso de los entes regulatorios literalmente esterilizados por el poder presidencial, en la Argentina hoy se manda de arriba hacia abajo con la menor cantidad posible de mediaciones y auditorias. No hay razones para rasgarse las vestiduras. No hay casualidades ni equivocaciones.
Anatomía de un sistema
