Si la vara para medir la libertad de expresión es que Clarín llegue o no al kiosco, cualquier desprevenido puede creer que durante los siete años que duró la dictadura cívico-militar, la libertad de expresión funcionó a pleno en la Argentina porque Clarín y La Nación no dejaron de aparecer ni un solo día mientras los que desaparecían bajo las botas eran periodistas y trabajadores. Estos dos diarios publicaron 2555 ediciones, de manera ininterrumpida, sin mencionar que se arrojaban opositores vivos al mar.
El eje que intenta instalar Héctor Magnetto para defender sus privilegios económicos es un insulto a la memoria y a la inteligencia de toda la sociedad: el problema lo tiene en su empresa editora AGR, donde su gerencia de Recursos Humanos no se dio por enterada que la democracia –también la laboral– regresó hace ya 28 años al país, e impide como si nada que haya comisiones gremiales internas, como lo impedían la mayoría de las empresas en los años de plomo.
Que sus voceros levanten ahora la “libertad de expresión” para aplastar el derecho sindical al reclamo es un gesto de barbarie intelectual, rayano en el clasismo salvaje del siglo XIX, que por su gravedad supera cualquier discusión legítima sobre la justeza o no del bloqueo que decidieron los trabajadores de su planta.