La noticia cayó como una bomba y la Unidad de Información Financiera (UIF), que depende del Poder Ejecutivo, reaccionó de inmediato: la unidad antilavado se puso en marcha para obtener de su contraparte suiza todos los datos posibles sobre la investigación por blanqueo de dinero que se instruye en Ginebra y que toca al líder de la CGT, Hugo Moyano, y sus familiares.
El objetivo de la UIF es saber quiénes son todas las personas bajo la mira de los investigadores helvéticos, las sociedades utilizadas para las operaciones bancarias y las fechas de las transferencias, entre otros datos relevantes, según reconstruyó La Nacion.
"Es un ida y vuelta basado en la reciprocidad. Ellos nos dicen qué tienen y nosotros respondemos las preguntas que nos planteen", detalló una de las fuentes. El pedido se envió en cuanto se conoció el exhorto que llegó a manos del juez federal Norberto Oyarbide, aunque la fuente se negó a confirmar si el flujo bilateral entre las unidades por los Moyano había comenzado antes.
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