La esposa de José Pedraza, la otra cara del poder ferroviario

Graciela Isabel Coria es contadora pública y hábil negociadora. Presidió el Belgrano Cargas y ocupa un cargo clave en un organismo denunciado por fraude. Tiene 57 años, buenas piernas, un puesto jerárquico en el Estado y una inmobiliaria. Estaba junto a su esposo cuando la Federal lo detuvo.

Foto: Publicada en Perfil
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“Vivo de lo que gana mi esposa”, contestó José Angel Pedraza cuando el fiscal Fernando Fiszer lo interrogó el martes sobre su lujoso departamento en la torre El Faro de Puerto Madero.
Graciela Isabel Coria es mucho más que la segunda esposa del secretario general de la Unión Ferroviaria. Contadora pública y personificación de los intereses de su marido en el Estado y en el negocio ferroviario, logró convertirse en presidenta del Belgrano Cargas, la red más extensa del país, con subsidios por más de $ 20 mil millones mensuales.

Actualmente, Coria ocupa un puesto clave en la Sociedad Operadora de Emergencia SA (Soesa), una empresa que por orden del Estado realiza la operación, administración, gerenciamiento y explotación de emergencia del Belgrano Cargas, a cargo de un directorio tripartido (empresas, Estado y sindicatos).

Coria tiene 57 años, buenas piernas, un puesto jerárquico en el Estado y una inmobiliaria denominada 38DV SA, que funciona en Montevideo al 300, en el centro porteño. Estaba junto a su esposo cuando personal de la Policía Federal lo detuvo a primera hora de la mañana del martes en su departamento de Puerto Madero. El matrimonio Pedraza-Coria vive en el joven barrio de Puerto Madero, en un departamento estimado en un millón de dólares, pero también tienen lujosas casas en Villa Sarmiento, Haedo –que a fines de los 90 pagó unos 700 mil dólares–, y en Parque Leloir, Castelar.

El marido se fortaleció con el menemismo y creció económicamente a paso agigantado. Años más tarde, el matrimonio Pedraza-Coria logró perfeccionar su poderío gracias al kirchnerismo. También, los negocios.

Coria es una de las autoridades de la Soesa –que maneja el Belgrano Cargas–, también integrada por las empresas Roggio y Emepa, y los sindicatos de Camioneros, Unión Ferroviaria y La Fraternidad. La Justicia investiga el pago de reintegros por gastos de reparación de infraestructura de esta red ferroviaria, que se habrían justificado con facturas truchas entre 2004 y 2005.

Según consta en la causa que investigan el fiscal federal Gerardo Policita y el juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi, el Belgrano Cargas SA presentó a la Secretaría de Transportes facturas comerciales falsificadas para cobrar esos reintegros por obras viales que presuntamente se realizaron en diferentes provincias, con la supuesta complicidad del entonces jefe del área, Ricardo Jaime.

Según la denuncia presentada en 2010 por la Coalición Cívica (CC), el Gobierno “reintegró sin el debido control importes millonarios a la empresa Belgrano Cargas”, y hasta pasó por alto que esos reintegros se hicieron sobre la base de facturas apócrifas. Algunas de las empresas truchas llegaron a facturar más de 12 millones de pesos.

Fuente Perfil