Las cárceles de Mendoza son noticia sólo cuando una situación extrema logra trasponer el silencio que imponen sus muros. La vida cotidiana en su interior es un misterio y, por ello, los ciudadanos confiamos en que los gobernantes eligen a personas con la suficiente capacidad para gestionar esos ámbitos, respetando todas las leyes y la Constitución.
El sistema penitenciario de Mendoza ha sufrido muchos vaivenes desde la recuperación de la democracia. La historia anterior es, todavía, más trágica. Pero sucedió durante gobierno ilegítimos, aunque haya estado a cargo de civiles que hoy forman parte de partidos supuestamente democráticos.
El estallido que puso en evidencia la necesidad de que sea un área gobernada con seriedad y responsabilidad ocurrió en 2001.
Fue allí cuando una gran cantidad de sectores políticos y sociales también se dieron cuenta que había que mirar más allá de los altos muros carcelarios y formular un seguimiento pormenorizado sobre cómo se gobernaban nuestras prisiones.
Surgió la Cmisión de Seguimiento Penitenciario, integrada por el padre Jorge Contreras, Luis Triviño, Roberto Follari, Roberto Chediack y Olga Ballarini, entre otros. La Legislatura siguió desde cerca cada situación desde la Comisión Bicameral de Seguridad. Y también lo hicieron organismos de Derechos Humanos, a instancia de abogados que llevaron, inclusive, la dramática situación hasta estamentos internacionales, como Diego Lavado, Alfredo Guevara, Pablo Salinas y Carlos Varela Álvarez.
También se encontraba la participación de Marita Perceval, quien actualmente cumple un rol de primer nivel en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Hace un año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos levantó las sanciones que pesaban contra Mendoza por la situación de sus cárceles. Pero los acontecimientos que vienen sucediendo dan cuenta que la situación, aunque ha variado sustancialmente, merece la continuidad de las observaciones externas.
El propio gobierno provincial acaba de desplazar a un jefe penitenciario, reconociendo tácitamente que hay un problema.
La continuidad de los “suicidios” es una señal de alerta, como lo son también los continuos motines y la denuncia de los fiscales en torno a que se enteran “por los medios” de lo que pasa. Y aunque a la sociedad el tema les resulte resbaloso, debido a la bronca que causa la inseguridad, y que a muchos medios les importe un comino lo que ocurre allí dentro, porque no consiguen más lectores hablando de ello, es un tema de Estado que debe manejarse tan bien como una escuela, un hospital o una comisaría.
Por ello es necesario plantear la necesidad de que, más allá de las simpatías políticas, la continuidad de las observaciones externas en áreas tan delicadas como las cárceles, deben continuar, evitando condenar a tan trascendente tarea a una acción espasmódica.
¿Quién observa cómo se están gestionando las cárceles?
Durante mucho tiempo, tras el motín del año 2000, varias comisiones se dedicaron de lleno a seguir minuciosamente cómo se estaba manejando el sistema penitenciario mendocino. Legisladores, ONGs y organismos internacionales lo hicieron. Hoy, ¿quien lo hace? ¿La finidad política hace que se mire para otro lado?
