La propuesta se basa en un proyecto de ley, que se presentara en la Legistura provincial, donde se destaca la necesidad de reformar temas inherentes a:
1. Los derechos políticos,
2. La tentativa de interrupción del orden constitucional,
3. La iniciativa popular,
4. La revocatoria de mandatos,
5. Los amparos en especial lo que se refiere al habeas data,
6. La protección al medio ambiente,
7. Los derechos del niño por nacer y las comunidades originarias,
8. La reforma judicial,
9. La elección unipersonal.
10. Rol de las organizaciones no gubernamentales,
11. La posibilidad de una reelección en cargos electivos,
12. La regionalización de los consejos deliberantes,
13. La unicameralidad del poder legislativo de Mendoza,
14. Ampliación y federalización de distritos.
Nuestro provincia se encuentra hoy en una encrucijada. Una nueva generación de jóvenes, conocedora de las tecnologías del siglo xxi y enriquecida por la diversidad de nuestras sociedades pluriculturales está preparada para trascender en los próximos años, para prosperar en sociedades democráticas dinámicas y en mercados abiertos e interconexos.
Crearán las empresas, descubrirán las innovaciones y desarrollarán el futuro que todos merecemos.
O podríamos ver un resultado diferente. Podríamos ver surgir otra generación frustrada por los sueños democráticos posibles diferidos y económicos que se deniega. Los jóvenes que están esperando, porque saben que su futuro depende de las decisiones que todos tomemos.
El gobierno democrático y responsable y los derechos humanos son el derecho inalienable de todo hombre, mujer y niño. Y el gobierno democrático y responsable es esencial para resolver todos nuestros demás desafíos: ampliar el círculo de la prosperidad, promover una mayor inclusión económica y social, la igualdad entre todos, proteger a nuestros ciudadanos, asegurar fuentes de energía limpias y abordar los impactos del cambio climático.
Pretendo poner a consideración una reforma más federal, más inclusiva, más transparente, más dinámica.
La seguridad ciudadana, la seguridad jurídica, la seguridad ambiental, la seguridad educativa, al fin, la seguridad del desarrollo integral del hombre, respetando a rajatablas el contrato social, que es nuestra carta magna, debe ser la impronta de nuestra Constitución.