Las prerrogativas de que gozan los altos funcionarios políticos adquieren connotaciones emblemáticas toda vez que ministros del Poder Ejecutivo arremeten contra los códigos básicos de la responsabilidad política, administrativa, civil y penal en abierto desafío al Estado de Derecho. ¿Por qué los políticos sospechosos de cometer delitos no resultan incriminados y mandados a prisión como al común de los mortales? El acertijo invita a bucear en la trama del emergente político hecho de privilegios y prebendas.
En nuestro sistema hiperpresidencialista, no existe el juicio político al presidente por las decisiones adoptadas en cumplimiento de su programa de gobierno. El es el jefe supremo de la Nación y sólo rinde cuentas ante el pueblo al término de su mandato por medio del veredicto electoral. Siendo así, mal puede atribuirse responsabilidad política a los ministros, quienes, como altos empleados del gobierno, actúan bajo la sombra de la autoridad presidencial. Desde 1853 hasta hoy, ningún ministro alcanzó a ser acusado por la Cámara de Diputados ni juzgado por el Senado en aplicación del juicio político. La Corte Suprema tiene resuelto que los jueces no pueden procesar a los ministros si antes no son despojados de sus inmunidades por el Congreso. Un callejón sin salida: los ministros nunca han sido sometidos a juicio político por su gestión; por lo tanto, los jueces no pueden exigir su remoción para poder procesarlos. En la misión imposible está la piedra de toque: mientras los ministros están en ejercicio, la responsabilidad política es inexistente.
La subordinación de los ministros a la autoridad presidencial ha contribuido a que históricamente hayan sido declarados exentos de toda responsabilidad administrativa, ya sea por daños causados al patrimonio del Estado, por diferencias comprobadas en la rendición de cuentas o por incumplimiento de las obligaciones derivadas del cargo. Si bien la letra del texto constitucional admite otras interpretaciones, no existe régimen legal alguno que autorice a disponer investigaciones sobre irregularidades cometidas por los ministros en ejercicio de sus funciones. Aunque hubo iniciativas en ese sentido, el Poder Ejecutivo nunca hizo uso de tal facultad; al tiempo que los tribunales, incluso en su máximo nivel, siempre convalidaron los efectos del vacío legal. Por si esto fuera poco, desde hace décadas se encuentran en vigencia distintos mecanismos legales que permiten declarar a los ministros exentos de toda responsabilidad administrativa. El privilegio fue preservado por todos los gobiernos, civiles o militares, incluso en casos que favorecían a ex ministros provenientes de gobiernos adversarios. Seguí leyendo esta columna desde aquí, en La Nación.