Los mendocinos llevamos varios días tratando de desentrañar el complejo panorama que se le presenta a la provincia con respecto al decreto de prórroga de la promoción industrial.
Nadie dudo en apoyar al Sr. Gobernador y a la Fiscalía de Estado en el rechazo de tamaña agresión a la Provincia.
Las diferencias partidarias quedaron de lado para defender los intereses de todos los mendocinos.
La defensa de los “valores comunes superiores” nos unía y nos hermanaba por primera vez en mucho tiempo
Debo reconocer que me equivoqué. Nuevamente decisiones tomadas a más de mil kilómetros de distancia, decisiones in consultas y arbitrarias, le torcían el brazo a los mendocinos y nos obligaba a aceptar y presentar como un triunfo propio, el triunfo del centralismo, nuevamente el avasallamiento de la república federal por los intereses y el poder de la gran capital.
Y ante esto, solamente puedo levantar mi voz y decir claramente “no estoy de acuerdo”, por muchas razones, algunas de las cuales me permitiré escribir.
La presentación ante la corte suprema que efectuara la Fiscalía de Estado es un detalle minucioso que demuestra claramente la inconstitucionalidad del decreto que prorroga los beneficios de la Promoción Industrial; tan prolijo y bien fundamentado que el propio procurador de la corte avaló rápidamente su competencia y abrió el camino a una discusión de fondo para terminar de una vez y para siempre con este régimen nefasto para la provincia. La decisión de desestimar dicha presentación implica no solo una claudicación ética, sino también que en función de la “teoría de los actos propios” ante situaciones futuras semejantes, perdemos la posibilidad jurídica de objetarlos, es decir que un nuevo decreto podría modificar las condiciones de la promoción industrial sin que pudiéramos a través de la justicia discutirlo.
La Promoción Industrial fue instaurada hace 30 años durante el gobierno de la dictadura y significo una formidable transferencia de recursos económicos del estado hacia los emprendimientos que en las provincias incluidas se desarrollaran. Significó además una migración continua de empresas desde las provincias no promocionadas a las que si lo estaban, es decir, no se incrementó la producción industrial en la Argentina, simplemente se cambio el lugar donde se instalaban las fabricas.
La discusión por la promoción industrial era, hasta ahora, entre provincias y Nación donde en forma monolítica los 18 departamentos de Mendoza se presentaban junto al gobierno provincial para reclamar por una decisión injusta del gobierno central; a partir de ahora, la discusión es entre los departamentos de Mendoza, los promocionados y los no promocionados. Antes discutíamos con los vecinos, ahora discutimos con los hermanos.
Es cierto que la política debe ser un camino continuo para la búsqueda de consensos, pero los consensos se construyen en primer lugar hacia adentro, con los actores propios, con los distintos gobiernos locales, con los empresarios y los trabajadores y después con quienes quieren imponer desde la Capital sus mandatos. Acá se hizo al revés, se busco el consenso con los poderosos de la Nación y luego se mostró a los mendocinos el hecho consumado para que, guste o no guste, nos hagamos cargo.
Por otra parte, la búsqueda de consensos debe hacerse conscientes de que hay un limite que no puede atravesarse, “el limite del consenso son las propias convicciones, la ética y la moral”. No puede aceptarse un régimen económico que lo único que garantiza es el desarrollo in equitativo de la provincia, porque esto significa postergar a unos para hacer crecer a otros, esto es inmoral y carece del fundamento ético elemental que debe tener un gobierno democrático, que es la promoción de un desarrollo igualitario y equitativo para todos los hombres que habiten su suelo.
Por último, a los once departamentos no promocionados se nos quiere convencer que recibimos beneficios extraordinarios cuando en realidad no se promociona la instalación de nuevas empresas y solamente se subsidian los casos en que la empresa ya instalada amplíe su capacidad de producción en los rubros predeterminados; en el caso de mi departamento solamente las fabricas de conservas de durazno. Otra vez, Tunuyán postergado.
Los que ya tenemos algunos años, recordamos que alguna vez un gobernador dijo que jamás se privatizarían los bancos de la provincia, que jamás se transferirían las cajas jubilatorias de la provincia y que jamás se aceptaría un régimen de promoción industrial que no tuviera en cuenta a toda la Provincia de Mendoza. Quizás podríamos decir “perdónalos, porque no saben lo que hacen…”
¿No saben?
(*) Eduardo Giner es intendente del Departamento de Tunuyán.
No estoy de acuerdo
