Vencen las facultades delegadas y la Casa Rosada ahora deberá negociar

La prórroga de las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo caducará en el último minuto de este martes 24/08, y el hecho anticipa otra fuerte pelea entre el oficialismo y la oposición por el paquete de unas 300 leyes que el Gobierno nacional reclama como necesario para su gestión.

El oficialismo se encargó durante todo este tiempo y sobre todo hoy (24/08),  a desinformar, que caídas las facultades delegadas, todo sigue como hasta ahora, en un mensaje dirigido a los partidos de la oposición, como que no son capaces de cambiar nada de lo que este gobierno decide.

Incluso desde las huestes K se dejó trascender que están dispuestos a judicializar el tema ante cada negativa del parlamento a delegar alguna facultad, principalmente sobre materia de retenciones agropecuarias.

Pero más allá del discurso "desinformante" del oficialismo, lo concreto es que caídas las facultades delegadas, el Poder Ejecutivo deberá sentarse a negociar con la oposición en temas como la Carta Orgánica del Banco Central, el Código Aduanero y la Ley de Abastecimiento, la de Emergencia Económica; el Impuesto a las Ganancias y las normas que contienen marcos regulatorios a distintos servicios públicos.

Y esto es tan así que las propias declaraciones del presidente del bloque de diputados oficialista, Agustín Rossi, hablan por sí solas.

"El Congreso recuperará una cantidad de facultades y el Gobierno cada vez que quiera tomar una decisión, que antes la hacía en uso de esas facultades delegadas, ahora tendrá que mandar una ley al Congreso para que esa decisión sea convalidada", afirmó el diputado santafecino sacándole dramatismo al tema, desde el punto de vista institucional.

A esta altura queda claro que la delegación que más le importa al Ejecutivo es la facultad de fijar retenciones a las exportaciones agropecuarias, contemplada en el Código Aduanero, una herramienta de recaudación fundamental. Sin embargo, ésta es una de las atribuciones que la oposición no quiere ceder al Gobierno, fogoneada por los "agrodiputados".

Para evitar la delegación en bloque un grupo de diputados vienen trabajando en conjunto. Ellos son Paula Bertol en representación del PRO; Ricardo Gil Lavedra, de la UCR; Gustavo Ferrari, del Peronismo Federal; Margarita Stolbizer del GEN; Graciela Camaño, del Peronismo Disidente y Mónica Fein del Socialismo. Todos se volverán a juntar esta misma semana para pulir el proyecto que se debatirá en el recinto el 24 de agosto, día en que vencen las facultades delegadas.

El pasado miércoles 30/06 fue presentado el informe final elaborado por la Dirección de Información Parlamentaria, la Procuración del Tesoro y la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, sobre las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo antes de 1994 y cuya vigencia caduca el 24 de agosto.

Esta es la primera vez, en 16 años, que un cuerpo parlamentario analiza en concreto la legislación delegada preexistente a la reforma constitucional de 1994, en procura de satisfacer el mandato incumplido de la cláusula transitoria octava de la Constitución.

El informe advierte que no existe uniformidad de opiniones entre ellos con relación a algunos puntos de suma importancia para los alcances del concepto de delegación.

El trabajo permite concluir que hay una gran cantidad de leyes que se encuentran derogadas o bien que su objeto ha sido agotado.

Ninguno de los organismos y oficinas que han relevado las normas coincide entre sí respecto de las leyes con delegaciones. Incluso corresponde destacar la increíble circunstancia de que la Procuración del Tesoro de la Nación y la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, discrepan de modo notable acerca de cuáles son las normas imprescindibles para llevar adelante la gestión de gobierno.

Esta falta de coincidencias entre organismos que, por su naturaleza, deben poseer una alta calificación jurídica obedece, en nuestro criterio, a que no existe todavía, en la doctrina argentina,  una teoría pacífica acerca de las funciones legislativas y administrativas en el nuevo diseño institucional que consagró la reforma de 1994, y a la utilización de categorías previas a la reforma, como el concepto de delegación “propia” e “impropia”.

Es importante destacar que el Congreso Nacional no ha asumido hasta ahora sus obligaciones. Desde el vencimiento del plazo de la Cláusula Transitoria Octava en agosto de 1999 hasta el año 2006, el Congreso sancionó 4 leyes (25.148, 25.645, 25.918 y 26.135), con un texto casi idéntico.

Por un lado, entendió que debía distinguir entre las disposiciones que otorgaban facultades legislativas (normas delegantes) y el ejercicio concreto de esta facultad (legislación delegada). Respecto de las primeras, renovó las delegaciones contenidas en un número desconocido de leyes anteriores a 1994 en materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública y fijó un plazo de vencimiento.
 
Incluso, hasta  prorrogó delegaciones dictadas por gobiernos de facto.  Dispuso, asimismo,  que el ejercicio de las facultades que se concedían debía efectuarse  con refrendo del Jefe de Gabinete y posterior control legislativo. Por otro lado, aprobó en general la legislación delegada dictada antes de 1994 bajo el amparo de las facultades concedidas, y luego la de los períodos posteriores. Así ocurrió hasta el año 2006, pues a partir de esa fecha los reglamentos delegados debían ser controlados por la Comisión Bicameral Permanente de la ley 26.122.

En agosto de 2009, al sancionar la ley 26.519,  el Congreso dispuso la última prórroga por un año de normas delegantes que desconocía y, a la vez, creó  precisamente una Comisión para tratar de establecer de qué normas se trataba.
 
El trabajo realizado por los juristas permite advertir que el número de leyes con facultades delegantes, si bien todavía impreciso, no alcanza cifras excesivas, y que el número de leyes que podrían resultar realmente relevantes es escaso, aunque parecería a primera vista que no satisfacen los parámetros y exigencias del artículo 76 de la Constitución Nacional, es decir, una clara determinación de bases y un plazo para el ejercicio de las facultades que autoriza.
 
Ello significará que a partir del 24/08 carecerán de toda vigencia todas las normas preexistentes a la reforma constitucional que conceden facultades legislativas, como así también  aquellas normas dictadas sobre la base de tales autorizaciones y que no se refieran a materias determinadas de administración o emergencia pública, o que no hayan seguido el procedimiento prescripto por el artículo 100 inciso 12 de la Constitución o que hayan sido expedidas a través de una subdelegación no permitida por el Congreso.

El trabajo recomienda se disponga un cronograma de tratamiento legislativo con la finalidad de establecer las bases y los plazos de las leyes, en función de la mayor o menor importancia de la materia a que se refieren, de su importancia política o de su necesidad para una eficaz ejercicio de la función de gobierno. En ese sentido, deberían tener prioridad las normas referidas a materia tributaria, financiera, defensa y seguridad.

Tambien que el Poder Ejecutivo reclame, a través de la presentación de los pertinentes proyectos de ley, las atribuciones que considere imprescindibles  para el ejercicio de su función. Esos proyectos del Poder Ejecutivo debieran ser considerados de modo preferente por ambas Cámaras del Congreso.

Si bien todavía no existen parámetros dentro de la oposición sobre cuál será la agenda a seguir, el primer tema a debatir es el de las retenciones, que este martes 24/08 tendrá debate en la Comisión de Agricultura y Ganadería.