Fue el sábado 31 de julio, cuando Mario Adaro, ministro de Gobierno, y el secretario General de la Gobernación Alejandro Cazabán pusieron en tela de juicio la legalidad de los nombramientos de dos conjueces y un fiscal en el sur provincial, y de una conjueza en el penal de Almafuerte. Un día antes, Adaro le había enviado una nota a Pérez Hualde cuestionando esas decisiones.
Ahora en una entrevista con MDZ, Cazabán advirtió que en las presuntas designaciones irregulares de conjueces existe una maniobra ilegal que lesiona los derechos humanos.
En medio de la charla con Cazabán, irrumpió Celso Jaque (foto del momento) en el despacho oficial y allí disparó: “Lo de la Corte es de fuerte gravedad institucional. Uno no se puede arrogar facultades que no son propias. Las leyes se hacen en Sarmiento y Patricias Mendocinas”, sentenció el gobernador.
"Cuando hicimos la presentación ante la Corte nos contestó un secretario. Estamos en este momento contestando al presidente de la Corte. Nos parece, tanto en contenido como la forma, una falta de respeto la respuesta que nos dio la Corte", advirtió Cazabán.
El hombre fuerte del Ejecutivo rechazó de plano las sospechas salidas de Tribunales sobre de que estas críticas hacia las designaciones "por fuera de la ley" de Pérez Hualde haya tenido que ver con la salida del abogado Dardo Fernández como conjuez a partir del 1 de agosto. Fernández es apuntado como amigo de Cazabán.
Descartada esta posibilidad por Cazabán, el sanrafaelino mostró el texto de la nota oficial firmada por él y por Adaro dirigida a Pérez Hualde. Y aclaró que en la respuesta que la Corte envió al Ejecutivo el 9 de agosto, a la primera nota donde se les pedía explicaciones por las designaciones de tres conjueces, hay una velada amenaza de parte del mismo Alto Tribunal.
Además Cazabán reafirmó esta mañana que si se confirma que el procedimiento de designación de estos magistrados sustitutos fue por fuera de la Acordada de la misma Corte y de la ley que estableces el procedimiento, entonces hay que estudiar si esa actitud de Pérez Hualde es pasible de un juicio político tal como lo deslizó el mismo Jaque ayer en General Alvear.
Con ese fin, el abogado y secretario de la Gobernación adelantó que una copia de la nota dedicada a Pérez Hualde y los antecedentes de las posibles designaciones irregulares de los conjueces serán también remitidos a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado y a la Presidencia de la Cámara de Diputados.
El siguiente es el texto de la nota que esta mañana Adaro y Cazabán remitieron al Poder Judicial.
En primer lugar debemos expresar que subsiste nuestra preocupación en recibir como respuesta que las designaciones oportunamente cuestionadas por este Poder Ejecutivo es de trascendencia institucional de mérito de oportunidad y conveniencia en base a los cuales se decidió no aplicar las normativas legal que rige esta materia.
A nuestro entender el estado de derecho implica el sometimiento de los poderes a las leyes vigentes las que han sido violadas en este caso. No hay justificativo para violar el estado de derecho. Asimismo queremos resaltar que no nos resulta clara su alegación respecto de que por razones de ‘prudencia política’ llevan a no ser público por ahora reclamos que ser encuentran en trámite según expresa el señor Feñollar (Secretario de Gestión de la Sala Administrativa de la Suprema Corte de Justicia). La oscuridad de dichas expresiones presentan un carácter de velada amenaza que obligan a este Poder Ejecutivo a solicitar su verificación.
Sin perjuicio por lo antes expuesto entendemos que la gravedad institucional del tema en tratamiento se sirva este Supremo Tribunal que usted preside contestar directamente sobre lo oportunamente planteado.