Obras Sanitarias Mendoza se privatizó en los noventa más por una moda política del momento que por una real necesidad del Estado mendocino, aunque es justo rescatar que el dinero por su venta se cobró, que la empresa se vendió posiblemente a más de lo que valía y que ese dinero, unos 130 millones de dólares, fue a integrar un fondo fiduciario de obra pública.
Luego de la intervención, el gobierno atraviesa una transición con respecto a Obras Sanitarias, donde el camino parece ser el de la nueva estatización de la empresa. Conceptualmente, es la vía correcta. No hay razones para que un servicio estratégico y social como el agua esté privatizado. Los beneficios que podría dar una buena empresa de aguas y cloacas no son merituables desde la rentabilidad económica. Sí, desde la salud de la población. Más agua corriente y más cloacas significan menos personas con hepatitis, parásitos, infecciones, y varias enfermedades derivadas básicamente de la falta de higiene adecuada en los hogares. Y las decisiones estratégicas sobre las obras, las inversiones, las reparaciones, o dónde poner recursos para que más agua y más cloacas lleguen a la gente, deben estar reservadas al gobierno, porque en definitiva se trata de definiciones políticas y sociales. Esto va en función también del ordenamiento territorial o la valoración económica -o no- de ciertos lugares. Mal podría un directorio privado que cuida la rentabilidad de su empresa, extender agua a barrios y zonas alejadas donde hay poca gente y la infraestructura es muy cara. Finalmente, desde el punto de vista de la política social, debería ocurrir que a más gente pobre, más agua corriente, más servicios sanitarios, más salud. Esta debe ser una de las principales preocupaciones del estado, en una provincia donde si bien la cobertura de agua y cloacas es amplia, hay unos 500.000 hogares sin red cloacal.
El Estado puede hacerse cargo a la perfección de un servicio como el de agua y cloacas. Se trata de una actividad relativamente sencilla pues no está expuesta a la competencia directa, y que no está sometida a grandes cambios tecnológicos. Las máximas complicaciones pueden venir de la mano de un laboratorio más o menos sofisticado, o cómo planificar bien las inversiones. En definitiva, es más obra pública, algo que cualquier Estado puede hacer. Así es que, insistimos, no hay razones para que Obras Sanitarias Mendoza no sea reestatizada como impulsa el gobierno.
El problema es cómo encarar la situación actual, buscar la forma de dejar de lado las medidas efectistas y concentrase en lo que verdaderamente hace falta.
Para brindar un servicio acorde a las necesidades de la población, OSM necesita unos 300 millones de pesos en obras. No es poco. De esa cifra, unos 178 millones de pesos revisten la categoría de urgencia para infraestructura imprescindible, a saber: la ampliación de la planta potabilizadora Benegas, reparar por completo el colector cloacal de la calle Lisandro Moyano en Las Heras (es uno de los más importantes del Gran Mendoza, y en cualquier momento se le cae la calle encima); ampliar y reparar la cámara distribuidora de agua potable de La Puntilla; y dotar de capacidad a una de las plantas de tratamiento de líquidos cloacales de San Rafael para que absorba todo el flujo de la ciudad, para poner la otra en condiciones equivalentes y después contar con las dos en régimen pleno. El resto de las obras necesarias tiene que ver con la obsolescencia de las cañerías, conexiones, tecnología, etc.
Ahora… ¿Cómo se llegó a esta situación? Está claro que en las últimas épocas estatales de la empresa había más interés por los acuerdos salariales con los gremios de empleados y profesionales, donde incluso participaron futuros funcionarios importantes de distintas administraciones. La OSM estatal terminó siendo una mala empresa del Estado de la mano de un festival de gastos incluso suntuarios, o donde ingresaban al directorio personas que no tenían conocimiento alguno sobre la actividad. Y así la empresa terminó convirtiéndose en una bolsa de trabajo y depósito político de cargos, ineficiente y mal administrada. Finalizó recaudando para pagar salarios.
Tras la privatización, en la crisis de 2001 “plancharon” las tarifas, y se tomaron decisiones demagógicas. Podría entenderse hasta cierto punto la decisión de Roberto Iglesias de congelar las tarifas en aquella época convulsionada del país, situación que mantuvo hasta 2003. ¿Pero por qué Julio Cobos y su ministro Francisco Morandini decidieron sostener el cuadro tarifario sin alteraciones? No es comprensible ni admite justificaciones. Aun por razones políticas, podrían haber subsidiado la tarifa con los enormes recursos con los que contó la provincia en esos años, si el dilema era el impacto en la población de menores ingresos. Los ocho años de congelamiento llevaron a la desinversión, los reclamos, el juicio de los accionistas al Estado nacional en el CIADI -una suerte de tribunal arbitral de arreglo de diferencias entre países que mantienen acuerdos- y a la situación actual, en la que hay cortes de agua casi todos los días en algún lugar del Gran Mendoza, por reparaciones, o donde sólo es cuestión de tiempo para que la calle Lisandro Moyano se derrumbe sobre un colector cloacal de caños colapsados, por caso, lo que significaría una crisis sanitaria de proporciones en ese populoso sector del Gran Mendoza. Recién el gobierno de Celso jaque reacomodó la tarifa, pero ya era tarde para todo. La intervención fue, también, una decisión que debía tomarse.
Ahora, no hay que equivocar el rumbo.
El gobierno ha montado una puesta en escena, donde el “castigo público” y mediático a los accionistas privados de OSM parece ser lo más importante. Si hay que hacer juicios penales y civiles por lo ocurrido en la empresa en su época privada, el Estado debe promoverlos. Pero ello no debería ser siquiera motivo de atención especial o conferencias de prensa. Es lo que hay que hacer. El foco de la cuestión ahora es conseguir el dinero para hacer las obras indispensables que permitan operar la empresa con normalidad. Y la verdad, es que la única fuente de financiamiento adecuada y “a mano” de la gestión política es el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA) que consigue dinero del Banco Mundial para este tipo de inversión. De los 178 millones de pesos que el gobierno de Jaque necesita ya mismo, el Enohosa ha comprometido 50 millones que aún están en trámite. Ese dinero alcanzaría apenas para la ampliación de la planta de potabilización de Benegas, si esa fuese la prioridad estratégica número uno. Falta bastante para acercarse siquiera al dinero que se necesita.
OSM debe ser reestatizada y puesta en régimen en serio, y la prioridad es hacerse del dinero para las obras básicas y organizarla por completo en su funcionamiento operativo y administrativo. Además, debe establecerse una estrategia que permita ampliar la cobertura de agua corriente de acuerdo a la demanda, lo mismo que con las cloacas. Si bien hay un 70 % de los mendocinos que tiene red cloacal, hay otro 30 % que no, y ello conlleva riesgo sanitario.
No hay motivos para que entre el estado nacional y los privados se lleven las ganancias de una empresa de aguas que bien puede ser operada por la provincia. Podría debatirse si se puede tercerizar la operación de una empresa como OSM y pagarle a un privado para que lo haga… ¿Pero qué sentido tendría si Mendoza puede hacerlo bien? Sin embargo, la reestatización debe estar enmarcada en un plan estratégico de mediano y largo plazo y en las acciones para cumplirlo. Y ello debe ser una política de Estado de la que participe la oposición. No servirá de nada que OSM vuelva a ser una mala empresa estatal que en pocos años tenga los mismos problemas que un decenio atrás. Las señales, hasta ahora, son confusas. Los últimos nombramientos alcanzan para encender las luces de alerta. El gobierno debe ponerse verdaderamente encima del problema para que la nueva empresa estatal no vaya a terminar, en dos o tres años, colapsada desde los administrativo e incapaz de brindar servicios, como rehén de la política, transformando a su vez a los usuarios en víctimas.
Estatal, sí. Mala empresa estatal, no. Eso es lo esperable con OSM.
OSM: estatal, sí... Mala empresa estatal... No
El camino de la reestatización es el correcto. Pero no debe volverse a la vieja OSM clientelar y cautiva de la política. Resolver las urgencias y conseguir el dinero es más importante que el juicio mediático a los accionistas privados.
