Una ley que ya es bandera

Enrique Thomas es un hombre de consensos. De tanto buscar consensos, ha convertido su causa política en una maratón camaleónica de pases, que lo ubica muy cerca de alcanzar del record de Patricia Bullrich. Primero fue kirchnerista romántico, luego cobista empedernido, más tarde felipista convencido y, por último, se convirtió en puntero judicial de las corporaciones mediáticas. Finalmente, en ese rol, logró su primer gran consenso: que por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara, tajantemente, el mamarracho jurídico que había presentado contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).

Ante la impotencia de perder alevosamente una votación en el Congreso, el tránsfuga legislador del pejota de derecha montó, junto a la jueza Olga Pura de Arrabal (la misma que impidió la transmisión de la TV Pública en Mendoza, a pedido del Grupo Vila-Manzano), una operación en la que pretendían frenar la aplicación de la ley más debatida, discutida y concertada de la historia democrática reciente.

La LSCA es el fruto de una larga lucha de organizaciones sociales, fuerzas políticas, militantes de derechos humanos, periodistas, universidades, radios comunitarias y una gran parte de la ciudadanía, agrupados en torno a la Coalición para una Radiodifusión Democrática.

El Gobierno de la Presidenta Cristina Fernández tuvo el coraje de impulsar el reemplazo del viejo decreto/ley de la dictadura por una legislación de avanzada. El anteproyecto presentado fue enriquecido por el aporte de miles de ciudadanos que, a través de los foros realizados, la participación en la web y las audiencias públicas, pudieron realizar aportes, críticas y sugerencias que dejaron precedente de una saludable y activa participación popular en torno a la construcción de una ley fundamental.  Además, se enriqueció por las propuestas de muchos partidos de la oposición, como el socialismo, Proyecto Sur, algunos radicales y otros de fuerzas provinciales.

El resultado, más allá del aplastante número que respaldó el proyecto, fue una excelente herramienta institucional para democratizar la comunicación en la Argentina, reconocida, entre otros, por la Relatoría para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas.

La LSCA está destinada a multiplicar la diversidad en los contenidos de la televisión y la radio. Evidentemente, para un grupo como Clarín, que maneja el 60% de las licencias o para Vila-Manzano, que tienen una fuerte hegemonía en el interior del país, sin lugar a dudas, es un retroceso para sus ambiciones de acumulación de poder económico y político. Ellos (ni ningún monopolio del planeta) no están interesados en que se escuchen otras voces, más aún si esas voces dicen lo que ellos no quieren escuchar o representan intereses diferentes. Por eso, la patronal de los medios de comunicación del continente, nucleada en la Sociedad Interamericana de Prensa, sale en defensa de éstos y omite hablar de los asesinatos a periodistas en la dictadura hondureña.

El proyecto político de los poderosos, de la derecha económica, necesita de los medios de comunicación como principal instrumento de batalla para alienar a los pueblos, desinformarlos, censurar las disidencias y demonizar a todo aquel que se atreva a cuestionar sus privilegios. Ejemplo cabal de esto, es el modesto programa 6-7-8, de la TV Pública, donde se ha mostrado una visión disonante con el discurso hegemónico y eso ha sido motivo suficiente para la estigmatización y el ataque permanente al productor del ciclo y sus periodistas, por parte de los empleados a sueldo del Grupo Clarín y sus hermanos menores.

El brillante lingüista estadounidense, Noam Chomsky –tal vez el más agudo y prolífico analista de los medios en el mundo entero- señala: “Los medios masivos no son sino una industria de las relaciones públicas en favor de los ricos y poderosos, cuya función es venderle algo al público en vez de informarlo”. Esta drástica (aunque realista) visión deja al descubierto qué lejos están estos tanques multimediáticos de pretender informar, sino, por el contrario, imponer (vender es demasiado sutil) una realidad distorsionada para conservar el status quo de los que concentran la riqueza en nuestro país.

Por eso, la aplicación de la LSCA es necesaria y fundamental. Por el indiscutible derecho de todos a informarnos, a expresar lo que pensamos, a escuchar todas las voces y también para darle auge y sustento a los medios alternativos.

Una frase, que anda dando vueltas por ahí, sostiene que es necesario “distribuir la palabra, para distribuir la riqueza”, por eso no es casual que los mismos que oficiaron de representantes de la Sociedad Rural y su país sojero, sean ahora los que hacen fila para cuidarle los intereses a los poderosos empresarios mediáticos.

En el caso de nuestro inquieto Enrique Thomas hay que reconocerle que está haciendo los deberes, que Francisco De Narváez debe estar agradecido, que Daniel Vila y José Luis Manzano reconocen su esfuerzo de “empleado del mes” y ven con simpatía que se haya inmolado ante el máximo Tribunal de Justicia para recibir una estruendosa cachetada.

Respecto de la ley, no hay nada que haya concluido. Esto recién empieza. Los elefantes no se van a quedar quietos, buscarán judicializar como sea la cosa, para impedir su aplicación total y seguir dando batalla ante el avance de la democratización comunicacional. Pero el pueblo va a salir otra a las calles, multiplicando horizontalmente la información, manifestándose en el espacio público, con artistas, periodistas,  militantes sociales y creativos de la industria cultural, como lo hizo en decenas de ciudades durante todos estos meses en los que estuvo suspendida.

Hace 55 años la antipatria, encarnada en una dirigencia opositora cipaya y en corporaciones económicas insaciables,  a través de un sector traicionero de las fuerzas armadas, bombardeó la Plaza de Mayo para atacar al gobierno más transformador de nuestra historia. Hoy, en defensa del pueblo argentino y sus conquistas, debemos ser capaces de impedir que, a falta de bombas, pretendan herirnos con la mentira.