Pérez Hualde quiere evitar otro paro judicial

La intención del titular de la Suprema Corte es hacer un análisis sobre las consecuencias de la extensa huelga de los trabajadores judiciales. El cónclave será el próximo lunes y participarán representantes del gremio, del Colegio de Abogados y la Asociación de Magistrados. Celso Jaque enviaría un representante. Además, harán un llamado a licitación para renovar el sistema informático judicial.

Foto: MDZ
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La Suprema Corte de Justicia convocó al Poder Ejecutivo provincial y a diversos actores del ámbito judicial mendocino, para acordar pautas de comportamiento y garantizar el derecho a huelga de los trabajadores sin perjudicar al resto de la población, luego de la larga y tensa medida de fuerza de los empleados judiciales del pasado mes.

La invitación al gobernador Celso Jaque fue hecha por el propio titular de la Corte, Alejandro Pérez Hualde, a pesar del público distanciamiento existente entre ambos, salido a la luz durante el paro judicial, y que los llevó a lanzarse acusaciones de tenores diversos a través de los medios de comunicación.

Para esta reunión, prevista para el lunes por la tarde, estiman en Casa de Gobierno que no concurriría el gobernador y que analiza enviar a alguien en su nombre. Pérez Hualde convocó además a representantes del gremio de los judiciales, del Colegio de Abogados y de la Asociación de Magistrados.

Según adelantó el mismo juez supremo, el objetivo es “arribar a acuerdos y pautas de comportamiento de todos los sectores de modo tal que procuremos encontrar formas de perjudicar lo menos posible a terceros y que el derecho a huelga que tienen los empleados no perjudique a la población”.

La confirmación de la cita fue realizada ayer luego de otra reunión, en la que Jaque y Pérez Hualde se juntaron para coordinar un llamado a licitación que permita contratar e implementar un nuevo sistema de información y de equipamiento informático para el Poder Judicial.

Este proyecto cuenta con financiación del Banco Interamericano de Fomento, demandará una inversión de más de 3,8 millones de dólares. De ese monto, el BIF pondrá el 60%, mientras que el resto (U$S 1.526.000) será desembolsado por el Estado mendocino.

La licitación consta de cuatro partes: para sofware, hardware y reingeniería del proceso; gestión de calidad; diseño e implementación del sistema informático central y servicio de capacitación.

“Estos dos emprendimientos vienen trabajándose con el BIF, desde la gestión de Jorge Nanclares, y ha llegado el punto en el que está todo aprobado y por eso tenemos apuro por acelerar los procedimientos. Es un proceso que nos hemos propuesto para acercar la Justicia a la gente, acelerarla y hacerla entendible, con procesos más simples, más claros y más accesible lo que acortaría básicamente los tiempos de decisión. La Justicia llega tarde, tenemos tiempos que son inaceptables para la gente, por eso todo nuestro esfuerzo es para transformarnos en ese aspecto”, reconoció Pérez Hualde.