Hoy, mientras leía las noticias respecto de lo que está ocurriendo con la discusión del Proyecto de Ley de Presupuesto 2011, tuve la siguiente reflexión sobre el paralelismo de la vida familiar y lo que ocurre en estos momentos en el Congreso de la Nación, que quiero compartir con ustedes.
Vieron que cuando uno asiste a un casamiento, el Oficial del Registro Civil toma declaración a los novios y en un momento dice: “la familia es la célula básica de la sociedad”.
Pues bien, esa frase me vino a la mente y comencé a armar el siguiente paralelismo:
Los integrantes de una familia tienen un bien común: el bienestar familiar. Mientras que, los representantes del pueblo de una nación: el bienestar nacional.
En una familia existe un “jefe o jefa” de familia, quien tiene a su cargo la administración de los recursos familiares. En un país democrático, existe un Poder Ejecutivo elegido por la mayoría del pueblo, que es el responsable de administrar los recursos de la Nación.
Finalmente, en una familia existen otros integrantes que opinan y aportan para lograr el preciado bienestar familiar. En un país, existe un Poder Legislativo que aprueba el plan de gobierno (Presupuesto) y controla su ejecución.
Entremos al análisis de lo que está ocurriendo en el Congreso Nacional, donde oficialistas dicen que los opositores solo sirven para “poner palos en la rueda” y “atarle las manos a la presidenta” y los otros argumentan que el Oficialismo no quiere discutir nada y que intenta siempre que las cosas se hagan a su modo.
Uno de los principales argumentos de la oposición para modificar el Proyecto de Ley de Presupuesto del Poder Ejecutivo es que los recursos están subestimados, ya que están calculados sobre la base de premisas falsas, donde la más relevante es la tasa de inflación esperada para el año próximo, según el Gobierno: 8,9%. Esta situación, lleva a subestimar recursos tributarios por, aproximadamente, 50.000 millones de pesos, que la Oposición quiere corregir y asignar a gastos corrientes. Uno de los proyectos de Ley alternativos intenta que todo ese dinero subestimado, fluya a financiar el pago del 82% móvil a los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y a corregir el resto de los haberes previsionales siguiendo lo que dispusieron los fallos “Badaro” y Sánchez”. Obviamente, el Oficialismo salió a retrucar diciendo que este proyecto es un “engendro” y que la oposición no es quién para decirle al Gobierno cómo tiene que gobernar.
Ahora bien, ¿quién tiene razón? Evidentemente, las dos partes.
La subestimación de recursos en los presupuestos ha sido una constante durante la era K. Sólo para citar algunos ejemplos, en el año 2007 se realizaron ampliaciones de gastos por 35.000 millones de pesos; en 2008 por casi 45.000 millones de pesos; el año pasado (recesión de por medio) por casi 29.000 millones de pesos y, durante el corriente año, nadie espera una ampliación menor a los 60.000 millones de pesos.
De todos modos, lo anterior no quita que el Poder Ejecutivo es el responsable del Gobierno y es, en definitiva, el que decide las políticas que quiere aplicar en pos del bien común.
Siguiendo el paralelismo, vayan imaginando si el “jefe” o “jefa” de hogar “esconde” a su conyuge el 20% de los recursos que maneja y después los gasta como quiere. Lo mínimo que puede generar este comportamiento, una vez que el conyuge se entera, es un gran resentimiento. Máxime cuando, ante los reclamos, el administrador emite todo tipo de improperios ante su conyuge “engañado/a”, endilgándole que el o ella es incapaz de administrar los destinos familiares. El final, en estos casos, se encuentra a la vuelta de la esquina.
No obstante, la gran diferencia entre una familia y un país, es que los conflictos en el primer caso pueden resolverse en el extremo con el divorcio. En tanto que, en el segundo caso, no podemos dividir el país en dos: uno para que vivan los oficialistas y otro para que vivan los opositores. Creo que esa experiencia ya la pasamos durante varios periodos de nuestra historia y bien no nos fue. Pareciera que no aprendemos más.
El autor: Alfredo Aciar es economista, asesor de la senadora nacional Laura Montero