Néstor Kirchner pegó de entrada. En sólo un movimiento terminó con la impunidad institucionalizada durante la década de gobierno menemista. Fue un golpe de alivio en todo sentido. Descabezó el entramado de corrupción judicial instalado en los ’90 a partir de una fuerte decisión política. Y más allá de la permanencia de jueces de primera y de segunda instancia adictos al poder –a todo tipo de poder-, convirtió a la Corte Suprema de Justicia en un tribunal modelo a nivel mundial. Casi, con una imagen inmaculada.
El mismo 25 de mayo de 2003, cuando recibía la banda y el bastón presidencial de mano de Eduardo Duhalde, Kirchner anunció su intención de arremeter contra la “corte menemista”; un grupo de magistrados desacreditados, vinculados con causas de corrupción, sin grandes antecedentes en el mundo del Derecho y responsables de fallos que aprobaron las tropelías llevadas a cabo por Carlos Saúl Menem y su gente.
Uno a uno, la gestión del santacruceño acechó contra Julio Nazareno, Adolfo Vázquez, Guillermo López, Eduardo Moliné O'Connor y Antonio Boggiano. Esa fue la primera parte de la revolución judicial. La segunda mitad -la más complicada- tenía que ver con la necesidad de no tentarse ante la posibilidad de tener su propia corte obsecuente.
Kirchner convenció con los nombres propuestos. Eugenio Zaffaroni, Ricardo Lorenzetti, Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco se sumaron a los históricos Carlos Fayt y Enrique Petracchi para recuperar el prestigio de una Corte que había sido unos de los blancos preferidos del “que se vayan todos”. El cuadro lo completó Juan Carlos Maqueda, nombrado durante el duhaldismo.
Esa nueva impronta en el Poder Judicial permitió apuntar a viejos focos de impunidad. Se inició una cruzada para juzgar los crímenes del pasado y se revalidó el concepto de Derechos Humanos en Argentina. Se anularon los indultos otorgados por Menem a los genocidas de la última dictadura militar, se derogaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y se impulsó el juzgamiento de todos los responsables de la represión ilegal entre 1975 y 1983. Desde ese momento el kirchnerismo fue tildado de “setentista”, “revanchista”, “confrontativo” y de ser la cara visible del “zuradaje”. Todos, calificativos que fueron oportunamente publicados por los responsables de manejar los medios de comunicación que durante décadas fueron cómplices de golpes de Estados, del vaciamiento institucional en el país y del ocultamiento y la manipulación de la información a cambio de beneficios millonarios.
Kirchner rompió con todo eso. Y una vez que los represores comenzaron a sacar turno para sentarse en el banquillo de los acusados, dio inicio a la segunda gesta, profundizada durante la gestión de Cristina Fernández: la Ley de Servicios Audiovisulaes, conocida como “ley de medios” y llamada peyorativamente por los grupos económicos afectados como “ley de medios K”.
El proyecto de la ley que reemplazaría a la vieja norma de Radiodifusión (databa de la dictadura) fue la resultante de años de debate e intercambio de ideas en facultades de periodismo y de comunicación social; en organizaciones del tercer sector y foros vecinales, y potenciada en el último tramo con la discusión legislativa.
El objetivo principal, desde el principio, fue democratizar la información y evitar la concentración de medios de comunicación audiovisuales aprobada durante el menemismo; lograr, a partir de una nueva ley, el valor global de la libertad de expresión. Esto es: tener la libertad de escuchar voces diferentes y a partir de allí lograr una construcción de nuevas ideas.
Al kirchnerismo se le cuestionó haber elegido un mal momento político para enviar el proyecto de ley al Congreso. Para una buena parte de la oposición confabulada con los grupos mediáticos afectados, desde el retorno de la democracia hasta ahora, siempre fue un mal momento hablar de este tema.
El gobierno apostó a los medios estatales para dar batalla. Así nació el polémico 6, 7, 8, transmitido en una televisión pública (Canal 7) de cada vez mejor calidad. El ciclo producido por Diego Gvirtz (especialista en programas de archivos) buscó desenmascarar –de manera fundamentalista, es cierto- las operaciones mediáticas tejidas especialmente por el Grupo Clarín, otrora aliado de Néstor K.
El programa se convirtió en un refutar permanente. Pero a pesar de nunca profundizar en los desaciertos oficiales o en los hechos de corrupción ligados con el kirchnerismo, mostró que la diversidad de voces es posible. Desnudó la manera burda en que se construyen algunas noticias a partir de hechos falsos o tergiversados, y generó una nueva óptica sobre los medios.
De la Corte Suprema al manejo de medios de comunicación, Kirchner dejó su marca. Entendió que parte de la revolución social a la que apuntó debía batallarse en esos campos. Apostó a eso y ganó…. Aunque no vivió lo suficiente para terminar de ver los cambios.
Néstor Kirchner, el que pegó de entrada
Desde su primer día como presidente, el santacruceño dejó en claro cuáles iban a ser los ejes de su política. Tanto en su mandato como el de Cristina Fernández se caracterizaron por la búsqueda de la ruptura de un modelo dominante, cuyos representantes castigaron al ex presidente y lo tildaron de “confrontativo” por afectar sus intereses. De la renovación de la Corte defenestrada durante el menemismo a la Ley de Medios, cómo se construyó la imagen del kirchnerismo.
