Falta un año para las elecciones generales y diez meses para las internas, pero todavía no se sabe con qué reglas se va a votar. En la Justicia, al igual que en la oposición, crece la preocupación por los puntos oscuros que mantiene la ley electoral sancionada por el Congreso a fines del año pasado y que el Gobierno se demora en reglamentar.
La incertidumbre abarca todos los rubros: no hay presupuesto asignado para actualizar los padrones, se desconoce si se autorizarán o no las "listas colectoras", no hay especificaciones sobre el criterio que se usará para distribuir la publicidad audiovisual (sólo se podrán utilizar espacios otorgados por el Estado) y hay enormes dudas acerca de cómo se controlará el financiamiento de las campañas.
Los temores de la Justicia ya se filtraron en una advertencia pública de la jueza electoral porteña, María Servini de Cubría, en particular por la imposibilidad de actualizar los padrones.
Desde los ámbitos político y judicial coincidieron en marcar una ventaja operativa para el oficialismo, el único que sabe de antemano cómo se van a definir esos temas sensibles para el desempeño electoral.
Leer más en La Nación.