Debo manifestar que las palabras de Pablo Salinas en su columna de opinión me sorprendieron de muy mala manera.
No porque desconozca su particular estilo de poner un énfasis ideológico y confrontativo en cada uno de sus actos y opiniones.
Por ello, porque disiento en muchas de sus apreciaciones, pero particularmente porque me molesta el uso de la diatriba y la exhibición de los prontuarios para denostar a quien no piensa igual, hacen ineludible de mi parte que salga a confrontar su columna de opinión.
En primer lugar, debo aclarar que no hacen muchos años y cuando arreciaban las voces vecinales de “ajusticiar” a los letrados de los derechos humanos y a aquellos que la jerga popular - que desconoce la mecánica tribunalicia - denomina como “sacapresos”, no dudé un instante en solidarizarme tanto con él, como con Alfredo Guevara Escayola, Carlos Varela Álvarez y Diego Lavado, entre otros. El no pensar ideológica o políticamente igual a ellos, no significa desconocer en modo alguno la militancia e importante lucha que todo ese grupo tuvo y tiene para poner un límite a los abusos desde el Estado provincial.
Pero las circunstancias que motivan esta nota son otras.
El gobierno nacional encabezado por los Kirchner desde la asunción de Néstor a la primera magistratura en el 2003, ha realizado una cruzada para lograr el juicio y castigo a los responsables de crímenes de lesa humanidad.
En la búsqueda de esa verdad y castigo a los culpables, se reabrieron los juicios a los responsables de las muertes de militantes políticos, sindicales, intelectuales y gente común que cayeron bajo las balas asesinas del “proceso”, además de las desapariciones sistemáticas y apropiación incalificable de bebes, negándoseles a un gran número de estos hasta el día de hoy el derecho a conocer su origen familiar.
Creo que sin dudas la democracia argentina le debía a la sociedad este baño de sinceridad y de justicia.
Pero junto con esta reapertura de los procesos judiciales -producida luego de la anulación de los indultos y las leyes de obediencia debida y punto final- comenzaron a aparecer simultáneamente los opinólogos y voceros que en varios casos ocuparon en los `70 “la vereda de enfrente” a los militares enjuiciados, pero para quienes al parecer sólo los crímenes de un lado eran aberrantes y de lesa humanidad. De los otros (Montoneros, ERP, Triple “A”, etc.), se hacia un silencio cómplice o en algunos casos, hasta se los justificaba.
Pero para esta justificación, muchas veces se agitaba la bandera de “colaboracionista” de la dictadura para denostar a alguien en particular. En esto, quienes tomaron la iniciativa fueron los propios Kirchner y sus voceros, quienes con la hipocresía de siempre, nunca le dijeron a la sociedad argentina que mientras los militares violaban derechos humanos, ellos hacían pingües negocios económicos en Santa Cruz durante el gobierno militar, rematando propiedades al amparo de la Circular 1.050 del Banco Central, dictada por la propia dictadura encabezada por los militares de entonces y hasta se los veía en fotos con ellos.
Por ello, rasgarse las vestiduras de la defensa de los derechos humanos, agitando que una persona ingresó a la justicia durante la dictadura o que era hija de un militar que trabajaba en la SIDE para esa época, me da a pensar que precisamente la información guardada en este organismo, es utilizada en algunos casos, para denostar a quien no piensa igual o puede tomar una decisión que irrita el poder de turno.
En este caso en particular, atacar desde lo ideológico y acusar a una Jueza que está “influenciada por represores”, es desinformar y desconocer a alguien que tiene una dilatada trayectoria dentro de la Justicia y en especial antecedentes de poner límites a los abusos del Estado durante varios gobiernos. Recuérdese que por ejemplo la Dra. Sarmiento falló en contra de Menem por el rebalanceo telefónico, en contra de De la Rúa por los corralitos y en contra de Duhalde por la pesificación asimétrica, es decir que falló con imparcialidad del poder de turno.
Salinas, Ud. es abogado y sabe que no existe entre las causales de inhibición de un Magistrado, una que contemple la normativa procesal que deba excusarse alguien por ser hija de un Teniente Coronel que trabajaba en la SIDE en el año 1979.
Es una muestra de incoherencia atacar a la Dra. Sarmiento, pero no se hace lo propio con el Juez Oyarbide, quien resolvió en forma sucesiva y muy velozmente, los pedidos de sobreseimiento por enriquecimiento ilícito que pesaban sobre la pareja que maneja el poder en nuestro país.
Porque acusarnos a todos los que no compartimos los métodos patoteros y exhibicionistas de prontuarios que emplean los “K”, de participar en una conspiración mediática, judicial y política, o privilegiar los intereses sectoriales por sobre el bien común, o afectar la institucionalidad, es faltar a la verdad y no aceptar los disensos en la democracia.
Salinas nada dice que por el contrario, que quien afecta la institucionalidad es la propia pareja gobernante, que aspira cada día a acumular mas poder, ambicionando así la suma del Poder Público, lo que obliga a una “obediencia debida ciega” a todos sus seguidores, voceros y fanáticos, tal como si fuera una guerra santa del medioevo, detrás de los delirios de un gobierno que se dice “nacional y popular”, pero que distribuye la renta extraordinaria entre los Moyano, los De Vido, los Ulloa y los demás “cortesanos” y mientras tanto arrasa con la división de poderes y la independencia del Poder Judicial.
Y en esta guerra ciega y sorda, aparece la “caza de brujas” y la exhibición pública de prontuarios, un método que durante la dictadura tanto se criticó.
Nadie quiere a esta altura una amnistía o la caída de los Kirchner, ni estar a favor de los represores, sino que por el contrario, lo que se les exige al matrimonio gobernante, es el respeto a la Constitución Nacional y a la ley, ya que son ellos mismos quienes deben predicar primero con el ejemplo.
JORGE E. HERRERA GUERRIER
D.N.I. Nº 13.706.258
