La ex polifuncionaria menemista María Julia Alsogaray deberá entregar mañana a la Justicia los títulos de propiedad de un petit hotel en el que vive y otros dos departamentos, todos ellos ubicados en el barrio porteño de Recoleta, para su remate judicial.
Además, el Tribunal Oral Federal Nº 4 (TOF 4) requirió tasaciones de los departamentos a las inmobiliarias Bullrich, D Odorico, y Cornejo Achával, para analizar el precio base de la subasta.
También solicitó la lista de rematadores de la Capital Federal, así como el estado de las deudas que puedan tener las propiedades a la Dirección de Rentas porteña.
En su resolución, los integrantes del Tribunal, Leopoldo Bruglia, Maria Cristina San Martino, y Jorge Luciano Gorini, dieron plazo a Alsogaray hasta mañana para que entregue los títulos de propiedad.
Según las fuentes, el TOF4 deberá imponer el precio de base para iniciar el remate de cada una de las propiedades y luego fijará una fecha para llevarlo a cabo, tras su publicación en el Boletín Oficial y en los diarios por tres días.
Los más de tres millones de pesos que la ex funcionaria debe devolver al Estado fue resuelto por la Justicia luego de un informe elaborado por peritos del Cuerpo de Peritos contadores de la Corte Suprema en el cual actualizaron la cifra que se había fijado hace cinco años, cuando la Justicia determinó que Alsogaray debía devolver 500 mil dólares y 622 mil pesos.
En mayo de 2004, el Tribunal había condenado a Alsogaray a la pena de tres años de prisión, de los cuales cumplió unos 19 meses de cárcel.
A fines de 2008 la Corte Suprema confirmó el fallo del Tribunal, razón por la cual los jueces encargaron a los peritos contadores actualizar el monto que debe devolver Alsogaray.
Alsogaray también afronta otras causas en su contra, una de las cuales está a punto de fijarse fecha de inicio de un juicio oral y público por el delito de "peculado".
Apuran el remate de bienes de María Julia Alsogaray
El Tribunal Oral Federal Nº 4 (TOF 4) lo resolvió luego de que Alsogaray no devolviera al fisco unos 3.179.207,05 pesos por haberse enriquecido de manera ilegal en su paso por la administración pública durante el Gobierno de Carlos Menem.
