La Corte Suprema de Justicia aseguró hoy que "no hay conflicto de poderes" pese a los cruces con el Gobierno, mientras prepara una convocatoria formal a los poderes Ejecutivo y Legislativo para crear una comisión intergubernamental destinada a organizar las causas de derechos humanos.
El juez de la Corte Carlos Fayt trató de bajar el tono a la polémica que se produjo en los últimos días por el cruce entre ministros y magistrados del máximo tribunal, tanto por la inseguridad como por las causas vinculadas a la dictadura militar, y remarcó que "el país necesita serenidad, reflexión, inteligencia" y además "un Estado y una Corte inteligente".
"No hay conflicto de poderes y el país necesita serenidad, reflexión e inteligencia", sostuvo Fayt y agregó que la polémica entre funcionarios del Ejecutivo y jueces del máximo tribunal "no ayuda para nada".
En defensa del cuerpo de magistrados, Fayt destacó que "este Poder Judicial está haciendo cosas que jamás se hicieron, sobre todo la Corte, que es una buena Corte".
"No voy a poner leñas al escándalo", manifestó Carlos Fayt en la puerta de su domicilio, al ser consultado por las críticas que disparó la presidenta Cristina Kirchner y ministros de su Gabinete a los magistrados por las demoras en los juicios contra represores y por las liberaciones de imputados peligrosos.
Ahora, luego de una semana de fuertes cruces con el Gobierno, los ministros de la Corte preparan la convocatoria formal a la Casa Rosada y al Congreso para conformar una comisión intergubernamental destinada a agilizar las causas sobre crímenes de la represión durante la última dictadura.
La invitación será cursada por notas formales al Poder Legislativo y al Ejecutivo -vía Ministerio del Interior- e incluirá también a la Procuración General y al Consejo de la Magistratura, según pudo saber Noticias Argentinas.
De aceptarse y acompañar la idea, la convocatoria podría ayudar a bajar el clima de tensión en torno a la relación entre el Ejecutivo y la Corte, que espera ahora una respuesta de los demás poderes en un plazo político aceptable.