La historia comenzó hace un poco más de un año, cuando el 2 de marzo de 2008 se conoció a través del de un informe periodístico el caso conocido como “los expedientes quemados”.
Esa fue la punta para detejer un complicado entramado de corrupción enquistado en el área legal de la Dirección General de Rentas (DGR).
El pasado viernes 13 se cumplió un capítulo de este caso, que derivó en una investigación judicial.
Ahora, a través de esta crónica, se conocerá uno de los últimos tramos de esta novela.
La protagonista es la abogada Aída Yolanda Lausi, quien desde hace más de un año es investigada por la Justicia por distintos hechos irregulares en el manejo de expedientes judiciales de quiebras, donde participa la Dirección General de Rentas (DGR).
El último episodio ocurrió hace 9 días, y está registrado en un voluminoso expediente judicial. En ese acto oficial, la abogada quedó notificada por el fiscal de Delitos Complejos, Luis Correa Llano, quien la imputó en dos causas por fraude a la Administración Pública.
De acuerdo a lo que informó el magistrado, además de la doble imputación también le pidió a la Fiscalía Estado que le requiera a Lausi un informe en el que explicase el crecimiento económico que ha tenido en los últimos seis años.
Se advierte que Correa Llano sospecha de la mujer porque sus ingresos no se condicen con el sueldo que hasta septiembre del año pasado ostentaba como apoderada de Rentas.
Como se ha dicho, Lausi cobró notoriedad después de que se conociera a traves del diario Los Andes el caso de pérdida y quema de expedientes de quiebras de particulares.
Las carpetas salvadas de la hoguera terminaron siendo una de las pruebas para la averiguación que todavía mantiene Correa Llano -imagen derecha-.
En aquél informe se reveló que el lugar elegido para incinerar los expedientes eran los fondos de una casa ubicada en las afueras de la ciudad de Tunuyán, propiedad de Lausi.
Pero también en el mismo reporte periodístico se ventiló una situación que había sido investigada por la Fiscalía de Estado y que, dentro del ámbito administrativo, terminó con una sanción a Lausi por parte del Ministerio de Hacienda. Ésta consistió en una suspensión a la abogada mientras toda la estructura legal de la DGR estaba estremecida por el caso de los expedientes quemados.
Sirva como hito importante de este proceso, la decisión del ministro de Hacienda, Adrián Cerroni, quien en junio del año pasado reformó todo el departamento jurídico de Rentas y desarmó un esquema vetusto mantenido en esas condiciones adrede. Este departamento jurídico era manejado antojadizamente por tres personas, entre ellas Lausi -quien terminó siendo la más comprometida por su rol de representante del fisco provincial en las causas de convocatorias de acreedores-.
El caso Jucomán
Una de las causas por las cuales ahora Lausi está imputada es el caso Jucomán, que está basado en un sumario de la Fiscalía de Estado en el que la mujer fue cuestionada por una convocatoria de acreedores de esta firma “por concurso preventivo”.
El sumario administrativo se inició en junio de 2004. La denuncia la realizó el abogado Carlos Perafita, quien apuntó a Lausi por renunciar como apoderada del Estado a un crédito privilegiado y a la vez aceptó una propuesta de pago, violatoria del Código Fiscal.
“Por la renuncia a los privilegios que la DGR tenía en el concurso y por haber aceptado esa propuesta de acuerdo, la Provincia dejó de percibir la suma de 150 mil dólares, sin que existiera resolución que avalara la conducta de la apoderada y denunciada, doctora Lausi”, remarca el texto que firmó el sumariante de Hacienda, Gustavo Riera.
El mismo abogado expresó en el documento que la letrada no está facultada para que por sí, pueda renunciar “tácita, ni literalmente, a un crédito privilegiado”, destaca Riera en su dictamen.
Lausi también consintió que otra empresa llamada Jucoar se hiciera cargo de la deuda de Jucomán. Algo reñido con la legislación, porque dicha acreencia no se pagaba en un solo desembolso sino en un plan que reconvertía la deuda en un refinanciamiento, en el que no se asegura el cobro para el Estado.
Esto finalmente ocurrió ya que Jucoar no pagó sus compromisos y la Provincia no pudo hacer valer sus derechos ante la verdadera deudora que era Jucomán, y tampoco pudo cobrarle a quien se hizo cargo de la deuda, ya que había renunciado antes al crédito privilegiado.
"Ha quedado demostrado que Lausi, de larga experiencia en la materia, actuó en exceso de las facultadas que le confería el mandato dado por la Provincia en el concurso de la empresa Jucomán, renunciando a un privilegio que la DGR tenía sobre créditos verificados en el mismo", concluye el organismo que evalúa la conducta de los funcionarios.
En realidad, la Junta de Disciplina de Hacienda no pudo constatar el perjuicio que efectivamente sufrió el Fisco por la actuación "fuera del mandato" de la letrada. Y por eso adujeron que le aplicaron 30 días de suspensión.
Pero toda la investigación administrativa terminó siendo la principal prueba para que Correa Llano la imputara por Fraude al Estado.
El caso de Il Provolone
En este caso, el mismo magistrado pudo constatar que Lausi recibió dádivas de parte de una empresa expendedora de fiambres que el 23 de diciembre de 1998 se presentó en convocatoria de acreedores.
Cómo en todos estos casos Lausi asistió a la convocatoria como apoderada del fisco (la abogada había sido habilitada como apoderada por el escribano de la Provincia el 2 de julio de 1997, en presencia del entonces gobernador Arturo Lafalla y la ministra de Hacienda Ana María Mosso).
Fueron fundamentales los testimonios de dos personas, empleadas de esa firma, de la cual Lausi sacó provecho llevándose “jamones, fiambres, dulces envasados y vinos” sin abonar un solo centavo, sólo con la orden del dueño de la empresa quien luego terminó también imputado por fraude a la administración.
Toda la investigación terminó en esta conclusión del fiscal: “Omitió diligencias que le correspondía perjudicando al Estado a cambio de recibir dádivas”.
Epíllogo
Antes de esta definición judicial, en diciembre pasado, MDZ publicó el último intento de Lausi por sacar un provecho residual de su acción como apoderada de Rentas porque se hizo pasar por lo que ya no era.
Es decir se presentó como apoderada del fisco cuando ya no lo era porque se le había quitado esa representación en septiembre de 2008. Eso obligó al ministro Cerroni a sacar una resolución y pronunciarse una vez más en contra de la abogada antes de que fuera imputada por estafar al Estado.
Esto motivó un nuevo sumario administrativo donde la Fiscalía de Estado a insistido con la cesantía de la letrada que desde que cumplió con la suspensión impuesta está "confinada" -paradógicamente-, en el área denominada "Capacitación" dependiente de la DGR.