Se acercan las fiestas de fin de año. Con ellas, las grandes cenas, los regalos y hasta la impresión de tarjetas con las que funcionarios públicos –desde concejales hasta en la propia Gobernación- logran “quedar bien”, utilizando, casi siempre, fondos públicos.
En el mejor de los casos, funciona “la vaquita” o la venta de tarjetas. Pero nunca falta el detallito con el que se distingue al personal, amigos o proveedores, cuya tarjeta lleva sello y firma del funcionario.
Te doy
El año pasado el ranking de festejos lo encabezó la Dinaf, que hasta alquiló un toro mecánico para que el personal que rodeaba al director se distrajera del trabajo, en las últimas horas (de trabajo, precisamente) del año.
Antes, en noviembre, la dirección de Rentas había desembolsado 54 mil pesos en la gala del Día del Tributo.El Instituto Universitario de Seguridad Pública, en tanto, subsidió media tarjeta para cenar en un restaurante junto al lago del Parque, la Osep unos 100 mil pesos en su cena, mientras que para el departamento General de Irrigación, la comida salió unos 250 mil pesos.
Esto, sin que se puedan obtener cifras precisas de “inversión” en arbolitos navideños, pelotitas, pesebres, tarjetas, bebidas para brindis, panes dulces, triples y otras exquisiteces, con las que comúnmente se acompaña la labor oficial de las últimas semanas del año.
La imagen de un despacho público imprimiendo tarjetitas a lo loco, suele ser común para esta época del año, aunque también para otras fechas, como los días del amigo, la madre, el padre, Semana Santa, etc.
Aunque todo un capítulo aparte podría escribirse con la costumbre del vicegobernador Cristian Racconto de entregar obsequios por doquier y todos los días.
El ex fiscal de Estado Aldo Giordano (1995-1999), cuando ejercía el cargo fue claro, pero su mensaje tuvo una vida efímera: Quien quiera regalar una tarjetita, que la compre con dinero de su bolsillo.
Me das
Pero no todo es dar. Los funcionarios también reciben. El tema es dónde se encuentra el límite en las relaciones entre los representantes del Estado y la actividad privada, muchas veces plagada de intereses por ser proveedores del sector público.
Como lo contó MDZ estas cosas pasan porque Mendoza no tiene una ley de ética pública. Eso, dicen, es lo que dejó libre de estigmas al ex concuñado de Alejandro Cazabán, Alejandro Pravatta, luego de que viajara como funcionario de Seguridad a Alemania, invitado por una empresa proveedora del Estado.
Sin embargo, la ética, cuando se es ético, no es necesario regularla por ley. Un caso que fue de lo más común, pero que hoy resalta como ejemplar, fue la práctica ejercida e impuesta a sus funcionarios por el ex ministro de Justicia y Seguridad (1999-2004) Leopoldo Manuel Orquín.
En su época, cada vez que le llegaba un regalo –un champán, un presente cualquiera- ponía a su secretaria a redactar una esquelita de agradecimiento al remitente y devolvía, cartita mediante, el obsequio, rechazándolo.
La ley nacional 25.188 es la que habla del asunto. Y aunque rige para controlar a los funcionarios de índole nacional, sería bueno pensar en ella a la hora de tentarse –como referente del Estado local- a dar o recibir regalos desde la función pública:
Artículo 18: “Los funcionarios públicos no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones. En el caso de que los obsequios sean de cortesía o de costumbre diplomática la autoridad de aplicación reglamentará su registración y en qué casos y cómo deberán ser incorporados al patrimonio del Estado, para ser destinados a fines de salud, acción social y educación o al patrimonio histórico-cultural si correspondiere”.
Dame más
Fernando Peinado Alacaraz es un columnista del diario español El país que en mayo, al analizar el vínculo entre los obsequios y las coimas, temirnó por crear –pensando en los lujos de sus amigos que disfruta el francés Sarkozy- la norma que indica que “la tolerancia al compadreo (a la exhibición, a este tipo de relajamiento estatal) da la talla moral de un país”.
En Dinamarca se aplica una especie de “tolerancia cero” a la recepción/entrega de regalos: el límite está en “una tableta de chocolate, un libro, o una botella de vino con ocasión del 25 aniversario de servicio público de un determinado empleado".
En estados Unidos el límite del costo de un regalo que puede recibir un funcionario público está en los 20 dólares y eso es controlado por la Oficina de Ética del Gobierno.
Pero no hay que ir tan lejos: La Argentina, lo dijimos, tiene su ley de Ética Pública. Tal vez sólo haya que adherir como provincia y buscar el ente capaz de controlar localmente su cumplimiento.
Pero volviendo sobre el lema de Peinado Alcaraz, cabe reflexionar: ¿cuál es nuestro nivel de tolerancia al despilfarro o a la aceptación de “regalos”? Y entonces, ¿cuál es nuestra talla moral?
Votá en las 4 encuestas de abajo: