Demoras e ineficiencia en el órgano estatal encargado de investigar y perseguir el lavado, escaso uso y falta de coordinación de las bases de datos existentes, superposición de competencias y de normas entre los organismos involucrados y escasa operatividad de los tratados de cooperación internacional son las más graves fallas registradas.
El lavado de dinero es una maniobra que consiste en introducir en el circuito económico legal, mediante operaciones de apariencia lícita, bienes o recursos que son producto de delitos.
El informe, según trascendió en altas fuentes de la comisión, incluye un diagnóstico y una serie de recomendaciones para un mejor cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, la corrupción en la administración pública, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
El trabajo fue elaborado por la Comisión Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Transnacional y la Corrupción. Es un equipo creado en abril de 2008, por iniciativa del entonces ministro de Justicia y actual jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. Lo integran la fiscal Mónica Cuñarro (coordinadora), los camaristas Horacio Cattani, Roberto Falcone, Martín Vázquez Acuña y Patricia Llerena, la médica sanitarista Alicia Gillone, la psicóloga Eva Giberti y el sociólogo Alberto Calabrese. Su presentación coincide con una nueva visita que realiza al país el GAFI, el organismo internacional que lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Las críticas del trabajo, que llevó casi un año de elaboración y se elevó a la Jefatura de Gabinete, también apuntan a la existencia de un vacío legal para el recupero de activos, a la falta de información sobre el tipo de crímenes que dan inicio a las maniobras de lavado y a la ausencia de un criterio para registrar los bienes investigados.
"De 1989 a la actualidad, la política criminal en nuestro país ha sido errática, con falta de coordinación, con organismos ineficientes, con superposición de competencias, sin utilización de organismos y bases estatales de buena calidad", dice el informe. Y agrega: "[La política criminal también ha sido] poco efectiva en relación con el control de los bienes obtenidos de los delitos de contenido económico, tanto de aquellos provenientes del narcotráfico como de los que se cometen en perjuicio de la administración pública [...]".
Ayer, La Nacion intentó comunicarse con el jefe de Gabinete para tener su opinión sobre el informe pero sus voceros no respondieron.
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