Ya es ley la extracción compulsiva de ADN

El Senado sancionó ayer la ley que autoriza a la Justicia a ordenar la toma compulsiva de muestras biológicas (sangre, saliva y piel, entre otras) como método para determinar la identidad de personas en las causas en las que se investigan delitos de lesa humanidad, como la apropiación de menores.

La norma fue sancionada por amplia mayoría. La UCR, el socialismo y el peronismo disidente apoyaron el proyecto, aunque en el debate se oyeron fuertes cuestionamientos a la colisión entre derechos personalísimos y el derecho a la verdad, y sobre la duda que genera cuál será el límite a la acción punitiva del Estado a partir de la aplicación de la ley.

La votación concluyó con 57 votos a favor y uno solo en contra, del senador salteño Agustín Pérez Alsina (Partido Renovador).

El proyecto había sido criticado por Elisa Carrió por considerarlo un elemento más en la pelea del Gobierno con el Grupo Clarín, ya que servirá para obligar a los hijos de la propietaria del holding, Ernestina Herrera de Noble, a someterse a las pruebas de ADN a las que sus hijos vienen resistiéndose en la causa por la que se investiga si fueron sustraídos a detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar. Ayer, este tópico no se tocó en el debate.

En la misma sesión se sancionaron también otras dos leyes relacionadas con las investigaciones judiciales de causas relacionadas con derechos humanos. El más polémico, que mereció el rechazo de toda la oposición, es el que crea el Banco Nacional de Datos Genéticos bajo la órbita del Poder Ejecutivo, suplantando así al que funciona, también por ley nacional, en el hospital Durand.

La otra iniciativa sancionada ayer reconoce a las organismos de derechos humanos la capacidad para participar como querellantes en las causas por las que se investigan delitos de lesa humanidad.
Acceso a la verdad

El proyecto oficial de extracción de ADN se llevó la mayor parte del debate y fue defendido por el oficialismo con el argumento de la necesidad de garantizar el acceso a la verdad en las causas por las que se investigan delitos de lesa humanidad.

Así lo afirmó el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Rubén Marín (La Pampa), quien aseguró que el proyecto "defiende por todos los medios los derechos de las víctimas y de los imputados".

Fuente La Nación