Incremento salarial y la constitución de un estatuto que los regule en sus funciones. Estos son algunos de los puntos que el Sindicato de Celadores de Mendoza presentaron en un petitorio con el que buscan mejorar sus condiciones de trabajo. Al mismo tiempo, piden al Ejecutivo provincial una respuesta porque, de no ser así, continuarán con la carpa que han instalado desde hace casi un mes en Casa de Gobierno.
Con el apoyo de la CGT, y custodiados por una pareja de policías cuando subieron a entrevistarse con el ministro de Gobierno, Juan Marchena, los celadores le entregaron el texto en el que solicitan que se ajuste, principalmente, su salario a los valores actuales de la canasta familiar.
Sosa recordó que “el básico que se percibe es de 508 pesos, pero un compañero con 38 años de servicio no llega a los 1100 pesos por mes”, recordando luego que pretenden lograr “un sueldo digno y justo”.
Además, el celador insistió con “que se terminen las persecuciones en las escuelas”, e indicó al respecto que las mismas, a veces, son realizadas “por directoras que se creen patronas de estancias, humillan a los celadores y los aprietan con un acta si se quejan, esto es trabajar bajo el factor miedo”.
Despidos
Asimismo, los sindicalistas no ahorraron críticas a la hora de evaluar que aproximadamente 400 compañeros se quedaron sin trabajo en lo que va del año, porque el Gobierno hizo uso de la Ley de Responsabilidad Fiscal para bajar contratos que habrían sido realizados durante la última campaña electoral.
“No negamos algunos casos, pero se ha despedido a celadores que llevan más de dos años trabajando, haciendo suplencias en una escuela o personas que tenían un Plan Trabajar desde hace cinco años”, se quejaron amargamente los trabajadores.
Además, recordaron la difícil problemática que viven los celadores serenos, ya que les toca cuidar escuelas que se encuentran en zonas conflictivas. “En la noche, no tienen cómo comunicarse, porque las directoras les cierran la oficina de dirección, no tienen celular para llamar a la policía y encima no se les paga por riesgos de trabajo”.
Estatuto
Pero también, y al decir de Miguel Sosa, delegado del sector, “estamos peleando por cosas más profundas, como tener un estatuto del celador y que se reconozca al sindicato como tal”, afirmó el gremialista, cuyo sindicato requiere una respuesta del Ejecutivo para dárselas a más de 6500 celadores en toda la provincia.
“No se paga zona, ni insalubridad”, remarcaron.
Sin respuesta, la carpa no se va
Además del ministro Marchena, también participó de la reunión Sebastián Brizuela, recordado intendente de Lavalle y actualmente director de Recursos Humanos de la DGE.
"Hemos quedado en seguir hablando para analizar los puntos del petitorio y trataremos de darle rápida viabilidad a algunos de éstos", afirmó Brizuela.
A pesar del encuentro con los funcionarios, lo único claro por el momento para los celadores es que no se irán del Barrio Cívico. Desde hace 28 días, el sindicato instaló en la explanada de Casa de Gobierno una carpa como forma de protesta. Y aunque desde ese entonces han buscado reunirse con el Gobernador Celso Jaque, sólo se han encontrado con negativas.
“Apuntamos al diálogo, pero el diálogo se ha dilatado”, criticó el titular del sindicato. Por eso, en los momentos previos a la reunión con Marchena, el sindicalista enfatizó en que la carpa no se levantará si no hay una respuesta del Gobierno a sus pedidos.