Ocho días después de que MDZ enviara un cuestionario a la totalidad de los legisladores nacionales por Mendoza, con la intención de que informaran a los mendocinos cuál será su rol en el Congreso al momento de tratarse el proyecto sobre retenciones a la producción agrícola, sólo 7 de 13 respondieron.
MDZ había ofrecido a sus lectores que enviaran sus opiniones a diputados y senadores, por intermedio de la sección “Vox Populi”. Con una respuesta masiva, MDZ publicó más de 260 mensajes de sus lectores. Luego, los procesó, rescatando las ideas fuerza y confeccionó el siguiente cuestionario que fue remitido a los 13 legisladores el 19 de junio:
1. ¿Votará afirmativamente por el artículo 1 del proyecto oficial que ratifica el sistema de retenciones móviles? ¿Qué razones va a esgrimir?
2. ¿Propondrá alguna modificación a lo establecido para la administración y distribución de estos recursos, por ejemplo que el 50% sea coparticipable? ¿Cómo y con qué fundamentos?
3. ¿Incluirá nuevos artículos o nuevos proyectos sobre los otros temas agrícolas, como son carnes, trigo, lácteos, frutihorticultura mendocina , ganadería de zonas áridas, economías regionales, etc?
4. ¿Propondrá en este proyecto, o en uno nuevo, cambios en la ley de Coparticipación Federal qué tan arbitraria y perjudicial ha resultado para Mendoza? ¿Con qué fundamentos?
El diputado oficialista Jorge Alvaro respondió de inmediato con una opinión y debatiendo con los propios lectores desde la sección “Vox Populi”, pero tardó una semana en completar las respuestas puntualmente solicitadas.
A partir de entonces, recorrimos un largo camino para conseguir la atención de quienes tienen en sus manos la tarea y la responsabilidad de decidir la continuidad o no de uno de los conflictos más graves que ha vivido el país en la última década.
Al final de ese camino, cumplieron 2 de los 3 senadores (Marita Perceval y Ernesto Sanz) y 5 de los 10 diputados nacionales (Silvia Lemos, Guillermo Pereyra , Jorge Alvaro, Laura Montero y Enrique Thomas).
Los que no cumplieron:
Mónica Troadello, la oficialista que “ns/nc”
No respondió a las consultas de los lectores de MDZ y sus agentes de prensa insistieron en enviar una gacetilla en la que la senadora nacional fija su posición en torno al tema, cosa que no es lo que pedimos. Cabe recordar que la Dra. Troadello llegó al Congreso como suplente de Celso Jaque, quien renunció para asumir la gobernación. Ocupa su banca hasta el 9 de diciembre de 2009 y no está disponible su currículum en el sitio oficial del Senado de la Nación.
Omar de Marchi, el opositor ocupado
Es diputado nacional por Mendoza y compitió sin éxito por la Gobernación contra Celso Jaque. Luego, aportó sus equipos de Seguridad para comandar el ministerio, pero sobrevivieron a una cuestionada gestión sólo 4 meses. Sabemos que está en contra de las retenciones y lo ha manifestado en profusas entrevistas en medios de Buenos Aires. Pero no respondió a la requisitoria de los lectores de MDZ. Su personal lo justificó en que “está muy ocupado”.
Jorge Albarracín, en duda y “como ausente”
Al igual que Troadello, ocupa una banca por ser suplente de otro. En su caso, sustituyó a Alfredo Cornejo cuando éste renunció al cargo de diputado nacional por la Concertación cuando asumió como intendente de Godoy Cruz. Albarracín está en un brete: el 27 de marzo se abstuvo al momento de tratarse el tema de las retenciones, tal como informó MDZ en su nota “Retenciones: en tres meses, cambió el panorama en Diputados”.
Juan Dante González, el inhallable
El diputado González es oriundo de la política gremial petrolera y accedió a su banca tras ocupar el tercer lugar en la lista de candidatos de Jaque, en las últimas elecciones. Recién comienza su mandato de 4 años y fue imposible conseguir su opinión, a pesar de las llamadas telefónica y correos electrónicos. Es conocida su vocación de aprobar automáticamente cualquier propuesta del Ejecutivo.
Susana Genem, la oficialista
La diputada Genem no respondió las preguntas. Llegó al Congreso en 2005 secundando en la lista a Enrique Thomas, quien por entonces era un ferviente opositor a Cobos. Fue jefa de los equipos técnicos de Celso Jaque durante la campaña electoral. El año que viene termina su mandato. Ha fijado postura sobre las retenciones a favor del Gobierno, de quien es una de sus voceras más cercanas al operador Juan Carlos Mazzón.
Patricia Fadel, la vocera (pero que no responde)
Diputada y productora rural en Tunuyán, la legisladora oficialista ha recorrido todos los medios porteños crtiticando al vicepresidente Julio Cobos. Es una pieza central del kirchnerismo en el Congreso y en los medios porteños y funciona como altavoz de sus deseos y propuestas. No respondió el cuestionario y ya sabemos cómo votará: a favor y a libro cerrado.
Todos los que respondieron:
Si no recordás la consulta correspondiente a cada respuesta, hacé click en el número y se abrirá en una nueva ventana la pregunta correspondiente.
Diputada Silvia Lemos (UCR)
1. No. Rechazaremos la propuesta del PEN contenida en el art. 1 del proyecto. No corresponde ratificar la Resolución 125 del Ministerio de Economía de la Nación, por cuanto es inconstitucional, confiscatoria, distorsiva, constituyen un desincentivo para los exportadores, entre otras razones.
2. Conceptualmente y de acuerdo con el texto de la Constitución Nacional, estos recursos sostienen a la Nación, por lo tanto no son coparticipables. Para que estos fondos lleguen via coparticipación a las Provincias es menester generar otro tipo de mecanismos. No obstante, es posible la constitución de fondos especiales (por ejemplo: Fondo de Redistribución Social) que se afecten a determinados fines, como el financiamiento de obras de infraestructura o energéticas, o infraestructura vial, por ejemplo o bien algunos de los destinos asignados por el Poder Ejecutivo Nacional (salud, caminos, etc). En tal caso, deberían aplicarse criterios objetivos de asignación de estas obras y distribución de los fondos necesarios para su financiamiento, para lo cual el Poder Ejecutivo Nacional debería cambiar los criterios que aplica en la actualidad, que son totalmente discrecionales. Se deberían aplicar criterios objetivos, fundados en parámetros similares a los que se aplican cuando se coparticipan los impuestos nacionales. O bien aplicar directamente los actuales porcentajes que se aplican para la coparticipación de impuestos nacionales. Lo que hay que eliminar - para esta cuestión y cualquier otra- es la potestad que se arroga el Poder Ejecutivo Nacional (generalmente en manos del Ministerio de Inversión, Planificación y etc., de distribuir o asignar fondos, obras, etc.).
3. Estamos elaborando una propuesta alternativa con los demás bloques de la oposición. No están definidos aun los parámetros de estas propuestas, por lo que no podría agregar datos sobre ello en este momento. Si hemos recogido la propuesta de tener en cuenta las economías regionales (vid, frutales, algodón, azúcar y otros), diferenciándolas de los cultivos de la pampa húmeda. Este tema esta bajo análisis, pero no definido aun.
4. El tema de coparticipación federal es competencia de la Cámara de Senadores de la Nación. Es ella quien debe iniciar el tratamiento del tema y luego seguir el procedimiento que la misma Constitución indica: ley convenio, etc. No obstante, tenemos ideas para proponer sobre este tema, si la discusión fuera posible, cuestión que no se avizora en el corto plazo. Una de ellas es ampliar la masa coparticipable a las provincias (agrandar la torta, para poder respetar los porcentajes actuales que cada Provincia hoy percibe y posibilitar la distribución del resto, ajustando iniquidades actuales vigentes).
Senadora María Cristina Perceval (FpV)
1. Votaré afirmativamente el artículo primero del proyecto de ley porque considero que las retenciones, en las actuales condiciones económicas internacionales, son una herramienta fundamental para el sostenimiento de la economía nacional básicamente por dos razones: moderan los precios internos de los alimentos exportables y financian el presupuesto nacional. Una de las claves de este modelo económico es la administración responsable del presupuesto público.
Más allá de las críticas, la realidad marca que esta gestión ha asegurado una relación entre ingresos y gastos positiva que permite la solidez de la economía nacional. Si las retenciones fueran eliminadas habría que aumentar significativamente otros impuestos o reducir gastos sensibles que afectarían el bolsillo de los trabajadores como los subsidios al transporte, el combustible, la energía y ciertos alimentos. Cualquier propuesta seria de eliminar un mecanismo de financiamiento del Estado debería incluir herramientas sustitutas para reemplazarlo.
Una explicación de por qué no hay mayor inflación en Argentina se basa en la decisión de la política oficial de impedir que los precios locales de los alimentos o de la energía sean tan altos como los internacionales. Esta política distributiva, que algunos sectores cuestionan, tiene como objetivo no sólo impedir –coyunturalmente- el aumento de la pobreza, sino fundamentalmente consolidar en nuestro país un modelo de desarrollo sustentable con movilidad social ascendente y generación de trabajo genuino.
Es posible apreciar las consecuencias de no aplicar estas políticas al analizar los conflictos generados actualmente en muchos países, incluso desarrollados que, al igual que nosotros, luchan por mantener el crecimiento económico, a pesar del encarecimiento de los alimentos y el petróleo a nivel internacional.
A su vez, debe tenerse en cuenta que el proyecto de ley está compuesto por seis artículos y dos de forma. En el primer artículo, motivo de esta pregunta, se ratifican los decretos que establecen las retenciones móviles a la exportación de granos (Dto. 125 y 141 y 64 del Poder Ejecutivo Nacional), se aseguran los subsidios para productores pequeños (Dto. 284 del PEN) y se determinan los subsidios al flete para las regiones productoras de granos más alejadas del puerto de Buenos Aires (Dto. 285 del PEN). Votarlo en contra implicaría rechazar las retenciones móviles a la renta extraordinaria de la soja, sino dejar sin subsidios a los pequeños productores y a las regiones más distantes del puerto.
El resto de los artículos establecen la creación de un Fondo de Redistribución Social con el excedente de las retenciones destinado a la construcción de hospitales y centros de salud, viviendas y caminos rurales Ahora bien, teniendo en cuenta que los legisladores de la oposición y especialmente los representantes de regiones vinculadas a la pampa húmeda intentarán modificar el artículo primero para reducir el nivel de retenciones a los granos, mi posición será de acompañamiento a esas posibles modificaciones siempre y cuando dichos cambios cuenten con el consenso del gobierno nacional y, debido a que esas reducciones de alícuotas implicarían una disminución en el Fondo de Redistribución Social, solicitaré que parte de esos ingresos se redistribuya en las economías regionales que no participan de las rentas extraordinarias de la pampa húmeda.
2. No sería viable porque la Constitución Nacional en su Artículo 4° dice "El Gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro Nacional, formado del producto de derechos de importación y exportación…". Esto es: los ingresos de la aduana siempre han sido
resortes del Estado Nacional. Lo que sí se puede hacer es aportar ideas para mejorar la distribución de los ingresos extraordinarios generados en el futuro por las retenciones móviles.
Una idea sobre la que estamos trabajando es que un porcentaje de los ingresos extraordinarios para el Estado nacional vaya al INTA y al equipamiento de escuelas rurales, incluyendo a las escuelas técnicas de esas regiones. El objetivo que nos anima es vincular las retenciones a los granos a una institución fundamental en el desarrollo de tecnología para el campo, como es el INTA; y al mejoramiento de las condiciones de educabilidad de los niños y jóvenes que habitan en zonas rurales, contribuyendo a lograr una creciente equidad territorial en la Argentina y
dentro de cada una de las Provincias que la componen.
3. Este proyecto de ley tiene como misión permitir la discusión en el Congreso de un conjunto de decisiones que el Poder Ejecutivo ha venido tomando en el marco del Código Aduanero, el que en su art. 755º establece que el Ejecutivo tiene facultades para determinar los derechos de
exportación.
La propuesta del Vicepresidente y la decisión de la Presidenta de la Nación de enviar al Congreso, como proyecto de ley, la política de retenciones móviles a la soja y los criterios de redistribución de esta renta extraordinaria, tiene como finalidad saldar institucional y
democráticamente la discusión política instalada y superar el preocupante nivel de incertidumbre y desabastecimiento generado en nuestro país, durante más de 100 días, por productores de la pampa húmeda, aún cuando se hubiese discriminado positivamente la situación diferencial de los pequeños y medianos productores y se sostuvieran mecanismos de subsidio al gasoil y al flete.
Por ello, no podemos caer en la falacia de pretender que esta ley, que atiende un tema específico, se transforme en "el plan estratégico para el sector agrícola" en su integralidad y diversidad.
Por nuestra parte, estamos trabajando con otros legisladores pertenecientes a regiones no vinculadas con la producción de soja a fin de incluir en este proyecto o bien plantear en normas complementarias definiciones que son cruciales para nuestras economías regionales y,
también, para nuestra provincia.
Las principales cuestiones en las que estamos trabajando, a partir del reclamo de las organizaciones de productores de Mendoza, como el Comité Frutihortícola de la Región Cuyo con quienes nos hemos reunido, son:
. Agilizar la devolución de IVA y pago de reintegros para la producción exportable de Mendoza
. Eliminación de retenciones a los productos exportados con valor agregado desde nuestra región, o bien su aplicación al subsidio de fletes para la producción local
. Disminución de costos, por medio de subsidios o reducción de derechos de importación, de los insumos importados de utilización masiva en la producción fruti-hortícola provincial.
4. Es importante recordar que, según la Constitución Nacional (art. 75 inc.3), para modificar la coparticipación es necesaria una nueva ley convenio, que es un acuerdo entre la Nación y todas y cada una de las Provincias.
En lo personal acompañé el proyecto presentado por el entonces Senador Baglini, creando un nuevo Sistema Federal de Coordinación Fiscal y participé en la discusión de la Resolución del Senado Nacional promoviendo la constitución de una instancia de debate para los distintos proyectos presentados (adjunto a la presente los textos de estas iniciativas).
Sin embargo, mi experiencia como Senadora me indica que no habrá un nuevo sistema de coparticipación de impuestos en la Argentina sin la decidida participación de los Gobernadores, que son quienes deben llevar adelante esta iniciativa y construir los consensos necesarios.
Pensar que los legisladores, individualmente, podemos impulsar este debate es ser irresponsables ante la sociedad, pues le estaríamos diciendo una mentira o proponiendo una ilusión.
Insisto, para avanzar hacia un nuevo y necesario sistema federal de coordinación fiscal, se necesita el impulso firme y sostenido de los Gobernadores de todas las provincias.
En este sentido, he pedido mediante una carta al Sr. Gobernador Jaque (cuya copia adjunto) una reunión con todos los legisladores nacionales por Mendoza, independientemente de sus pertenencias partidarias, para elaborar una estrategia común frente a esta y otras problemáticas.
Desde mi visión, la falta de acuerdos pluri-partidarios y multi-sectoriales en nuestra provincia es una de las razones por las cuales Mendoza no aprovecha mejor las oportunidades que se nos presentan.
En síntesis, si la pregunta que me hacen es si creo que es posible, desde Mendoza, en la actual coyuntura de la Argentina, promover la rediscusión de la coparticipación de impuestos, mi respuesta es sí. Creo que sería posible, valioso y legítimo. Pero para ello hace falta que el Gobernador, por la representatividad que la ciudadanía le ha conferido, convoque a diseñar una estrategia común entre todos los actores de la vida política, económica y social de nuestra provincia. De lo contrario podrán seguir surgiendo iniciativas aisladas, más o menos valiosas, como aquélla que presentáramos con el Senador Baglini hace ya cinco años, pero no surgirá de ellas ninguna transformación real y sustantiva que, como mendocinos y argentinos, nos merecemos y nos debemos, al menos, desde 1994.
Diputado Guillermo Pereyra (FpV)
1. He dicho en otras oportunidades que comparto el criterio de las retenciones móviles como instrumento de política redistributiva y de equilibrio de precios internos. Por lo tanto votaré afirmativamente el Artículo nº 1.
2. El asunto del Fondo de Redistribución es todo un tema y esta tratado muy escuetamente en el proyecto del Ejecutivo. No está claro el modo de coordinación entre los ministerios involucrados y el modo de interrelación con los estados provinciales y/o municipales. El proyecto no menciona nada tampoco respecto del criterio territorial a emplear para dar destino a los fondos. Creo que aquí debe abrirse el debate tendiente a establecer los criterios con los cuales se concretará esta redistribución y por consiguiente, la forma en que beneficiará cada provincia.
3. Creo que estamos frente a una coyuntura en la que primero debemos resolver el tema puntual de las retenciones y lo relativo a la redistribución mentada más arriba. De ahí en más debemos trabajar en varios aspectos, como por ejemplo equiparar la compensación por flete que abonan nuestros productores respecto de lo que ocurre con los productores de la pampa húmeda, y propender a la defensa de nuestras producciones regionales, a través de la reducción de retenciones a las peras, manzanas y ciruelas -que son del 10%, mientras que los cítricos tienen una retención solamente del 5%- y gestionar subsidios o reembolsos a la exportación. Igualmente, considero que hay que trabajar con la AFIP, para reducir el tiempo de espera por la devolución del IVA.
4. Sin duda hay que revisar el esquema de coparticipación federal, pero no en este proyecto. Creo que este tema se debe tomar como política de Estado y establecer criterios y estrategias mas allá de lo partidario, a efectos de conseguir una legislación más equitativa, más justa para Mendoza. No puedo adelantar si personalmente presentare un proyecto sobre el particular, pero sí estoy comprometido con el objetivo de trabajar junto a los otros legisladores mendocinos en esta cuestión.
Diputado Enrique Thomas (Concertación)
1. Quiero aclarar que no votare a “libro cerrado”. Considero que deben aclararse algunos aspectos:
• Ratifico la facultad del Poder Ejecutivo de establecer retenciones
• Deben introducirse en este proyecto modificaciones al calculo del valor de las retenciones móviles adaptándolas a distintas realidades zonales con características diferenciales entre si.
• Deben incluirse medidas que concentren compensaciones u otro tipo de medidas que neutralicen el efecto negativo que las retenciones provocan en pequeños y medianos productores con desventajas comparativas respecto a los grandes productores y pooles de siembra y que hasta el momento no han funcionado correctamente.
• De los fondos obtenidos debe destinarse una parte importante a la promoción de economías regionales extrapampeanas.
• Por ultimo hay que evaluar que parte de las compensaciones y/o reintegros puedan ser deducidas del impuesto a las ganancias.
2. Es posible con mecanismos que viabilicen reintegros y/o compensaciones. Hay que implementar el impuesto a las ganancias para los fideicomisos productivos y los pooles de siembra coparticipando estos recursos con las provincias. De reafirmarse el destino propuesto por el proyecto del PEN (hospitales, caminos rurales etc.) solicitando un detalle de los porcentajes que le corresponden a las provincias (entre ellas Mendoza) o con que criterios se va a implementar.
3. Los nuevos proyectos saldrán como resultado del trabajo que estamos realizando con otros legisladores que tienen que ver con las problemáticas de las distintas regiones y otras problemáticas productivas.
La importancia que tiene este debate parlamentario es poder encontrar la solución al problema y poder abordar la temática de las economías regionales.
En el caso específico de Mendoza los sectores vitivinícola y el frutihortícola tienen problemas de pérdida de competitividad y hay que abordarlos.
La idea es escuchar las diferentes posiciones, tanto de los diputados como de los referentes de los distintos sectores, y a través del debate proponer soluciones a los problemas generales pero también a los específicos de cada región.
La discusión es un hecho muy auspicioso, el debate sin restricciones en donde se podrá escuchar a todos es muestra del funcionamiento democrático. Esta es una oportunidad histórica.
4- Los criterios de distribución de la Ley 23.548 no guardan mucha relación con la realidad de cada una de las provincias. Es ineludible rediscutir ésta distribución y buscar un nuevo acuerdo nacional que privilegie el desarrollo armónico de las distintas regiones del país.
Diputada Laura Montero (Concertación)
1. Voto negativamente el proyecto de ley tal cual viene del ejecutivo porque requiere modificaciones.
El articulo 1 habla de 4 resoluciones dos de ellas la 125 y 64 son sobre las retenciones móviles y dos 284 y 285 de los mecanismos de compensación.
La resolución 125 tal cual está no da rentabilidad para productores de menor nivel de rendimiento que normalmente son los chicos o de zonas marginales y además no permite la formación de mercados a futuro con lo que se generan importantes inconvenientes unos derivados de la financiación que los productores chicos normalmente obtienen vendiendo en estos mercados y otros derivados de la concentración de las ventas en un lapso de tiempo con los consiguientes problemas de caída de precios y logísticos.
Las resoluciones 284 y 285 definen el beneficiario con requisitos de casi imposible cumplimiento y generan un mecanismo complicado para implementar la devolución de la compensación por lo que el productor no puede acceder al beneficio. Por lo cual he sugerido modificaciones de carácter técnico que solucionan estos problemas.
2. Modificando las curvas de retenciones lo que no se cobra en retenciones, se podría cobrar en ganancias y estas son coparticipables. Pero con el fondo que genera la ley específicamente, si creo debe destinarse una porcentaje al desarrollo de las economías regionales y así lo he sugerido. Como también he sugerido que en la decisión de la aplicación del fondo intervengan las provincias no solo los tres ministerios que prevé la ley, de manera que en la distribución territorial de estos fondos predomine un concepto federal.
3. Es imposible en una ley de este tipo incluir temas estructurales de las economías regionales, esta ley debe fundamentalmente dar respuesta a las retenciones móviles y los problemas por ellas generados, en economía siempre se dice que hay que buscar una herramienta para cada objetivo, creo es imposible mas allá de las consideraciones hechas anteriormente respecto al uso del fondo intentar generar en este marco normativo toda una política de desarrollo sectorial y territorial como debe ser abordada y esto bien lo aplicamos en Mendoza desde la planificación y con políticas precisas orientadas a cada sector productivo, financiamiento, asociatividad, desarrollo de mercados, obras de infraestructura etc. Con impacto en la economía real.
4. Si, estamos trabajando con mi equipo en esto porque es imprescindible generar cambios ya que de la masa coparticipable ha quedado una proporción muy baja a distribuir entre las provincias y en los criterios de coparticipación no ha tenido participación el Congreso en mucho tiempo, que es institucionalmente quien debería tener intervención en la discusión por los intereses legítimos que defienden diputados y senadores respecto a sus representados, discusión que lleva años sin darse frente a una variación en el contexto nacional e internacional importantísima.
Senador Ernesto Sanz (UCR)
1. No. Porque votarlo afirmativamente significaría avalar en primer lugar una delegación legislativa a favor del Poder Ejecutivo que no comparto. Además, porque afecta el modelo productivo respecto a los pequeños y medianos productores que no sólo perderían rentabilidad, sino que muchos de ellos desaparecería del sistema. Finalmente, los aranceles fijados por el Gobierno superan el límite de confiscatoriedad que admite la jurisprudencia.
2. Si. La Unión Cívica Radical ya ha propuesto distribuir los recursos provenientes de retenciones entre las Provincias Argentinas según los coeficientes de la actual Ley de Coparticipación federal. Además se trabaja sobre una propuesta alternativa de reemplazar las retenciones por impuesto a las Ganancias que es coparticipable.
3. Esta es una oportunidad para debatir y obtener beneficios para nuestra economía regional, pero hay que tener mucho cuidado que estos temas no sean utilizados para desnaturalizar la discusión central que se ha explicado en la respuesta Nº 1. Me inclino por tratar las cuestiones regionales en leyes separadas y que esto no signifique una compra de voluntades del Gobierno a Legisladores del Interior para tomar posición en el tema central. El oficialismo debe demostrar que las economías regionales le importan más allá de la coyuntura, y aprovechar los numerosos proyectos que, a favor de Mendoza, han dormido en los cajones sin que desde el Gobierno decidieran tratarlo.
4. Tengo planteado en sendos proyectos de Ley no solamente cambios a la coparticipación sino a otros aspectos de la relación fiscal Nación – Provincia como por ejemplo el recupero del porcentaje cedido a la ANSES, la distribución del fondo de ATN, una reformulación del impuesto al cheque y una reformulación de la liquidación de regalías petrolíferas. El fundamento siempre es el mismo: la arbitraria e ilegítima apropiación de la Nación de recursos que legalmente le pertenecen a Mendoza.
Diputado Jorge Alvaro (FpV)
1. Votaré afirmativamente el artículo 1º ratificando la resolución Nº 125 (con modificatoria; derogatoria y complementarias) del Poder Ejecutivo Nacional por razones vinculadas al equilibrio económico interno y a la facultad constitucional del PEN en la fijación de aranceles de exportación e importación que le brinda el Código Aduanero.
2. El PEN es el que administra el Tesoro Nacional controlado anualmente por el Congreso a través de la ley de Presupuesto. Los fondos provenientes de los derechos de exportación (las retenciones a las exportaciones de granos lo son) van directamente al Tesoro Nacional (art. 4º de la Constitución Nacional), por lo tanto no admite este proyecto la posibilidad de intervenir legislativamente en la distribución de las obras previstas en el art. 5º.
Será en la reglamentación e instrumentación de la norma por parte del PEN donde se determine la ubicación de las obras a construir.
3. Personalmente opino que hay que corregir distorsiones legislativas donde las haya.
Hoy el centro del debate son los productores de la Pampa Húmeda por razones que no es necesario relatar. Estamos debatiendo en nuestro bloque la posibilidad de incorporar al articulado de este proyecto algunas precisiones que impliquen beneficio directo a los pequeños y medianos productores rurales. Tomaremos una decisión una vez finalizada la ronda de consultas que están efectuando las comisiones de Agricultura y Presupuesto y Hacienda.
También se discute si es más conveniente o no incorporar en este proyecto aspectos vinculados a resolver injusticias en la industria lechera y en la cárnica.
Si no es con esta ley está el compromiso de encararlos una vez solucionado el conflicto actual.
Lo mismo sucede con las economías regionales. Mi opinión es que esta crisis deberá ser útil para corregir distorsiones e impulsaré con mi voto todo aquello que signifique proteger al sector productivo en armonía con el resto de la sociedad.
4. No propondré en este proyecto cambios en la ley de Coparticipación Federal porque no corresponde ni tiene relación con el mismo. Por lo afirmado en la introducción opino que hay que determinar en primer lugar cuales y cuantos son son los fondos nacionales sujetos a coparticipación y en todo caso diseñar propuestas de modificación y procurar consensos. Para no hacer demagogia aclaro que Mendoza tiene diez diputados nacionales sobre un total de 157. Cualquiera de nosotros puede presentar un hermoso proyecto, ventilarlo por la prensa, pero si implica reducirle fondos a la nación o a alguna provincia grande y ellos no están de acuerdo seguramente dormirá el eterno sueño de los justos.