El pasado 19 de junio MDZ envió a la totalidad de los legisladores nacionales por Mendoza, vía e mail y con confirmación telefónica, un cuestionario con 4 preguntas.
Fueron el resultado del procesamiento de más de 250 mensajes que los lectores enviaron al espacio denominado “Vox Populi”. MDZ había propuesto a sus lectores que usaran ese instrumento para comunicarse con sus legisladores nacionales y les pidieran cómo querían que actuaran frente al tratamiento del proyecto sobre retenciones al agro en el Congreso.
Al informar a nuestros lectores en torno a esta iniciativa, señalamos que “la idea es que todos contemos con las herramientas necesarias para evaluar su labor, en un país que lleva 100 días paralizado por una crisis y cuya salida o profundización ha quedado en manos del Congreso”.
Así se lo comunicamos en una breve carta a los 10 diputados y 3 senadores nacionales por Mendoza, a saber: los senadores María Cristina Perceval, Ernesto Sanz y Mónica Troadello; los diputados Silvia Lemos, Laura Montero, Jorge Albarracín, Guillermo Pereyra, Enrique Thomas, Juan Dante González, Susana Genem, Jorge Alvaro, Omar de Marchi y Patricia Fadel.
De todos ellos, Jorge Alvaro contestó de inmediato comentando cuál será su postura, en una columna de opinión, pero no el cuestionario. Once de los 13 correos electrónicos de los legisladores confiarmos la recepción y, por lo tanto, se continuará buscando las respuestas por vía telefónica con aquellos que no recibieron el e mail.
Las 4 preguntas formuladas por MDZ recibieron la respuesta de (por orden de llegada) Silvia Lemos (UCR), María Cristina Perceval (FpV) y Guillermo Pereyra (FpV).
Las consideraciones al margen
Tanto la senadora Marita Perceval como la diputada Silvia Lemos agregaron comentarios a sus respuestas que, entendemos, tienen que ser consideradas. La legisladora radical señaló que integra la comisión de Presupuesto y Hacienda, "pero no la de Agricultura". Por ello, dijo, "mis respuestas son parciales en algunos aspectos, pues estamos trabajando y aun no hemos definido la propuesta". Agregó que "además, tenemos la intención de consensuar con los demás bloques de la oposición una propuesta única".
Por su parte, la senadora Perceval incluyó en el punto 4 referido a la Coparticipación Federal, una dosis de realismo y sinceridad: "Pensar que los legisladores, individualmente, podemos impulsar este debate es ser irresponsables ante la sociedad, pues le estaríamos diciendo una mentira o proponiendo una ilusión".
Abajo, te mostramos cuáles fueron las preguntas y cuáles son las respuestas, que fueron publicadas de manera textual:
Las preguntas
1. ¿Votará afirmativamente por el artículo 1 del proyecto oficial que ratifica el sistema de retenciones móviles? ¿Qué razones va a esgrimir?
2. ¿Propondrá alguna modificación a lo establecido para la administración y distribución de estos recursos, por ejemplo que el 50% sea coparticipable? ¿Cómo y con qué fundamentos?
3. ¿Incluirá nuevos artículos o nuevos proyectos sobre los otros temas agrícolas, como son carnes, trigo, lácteos, frutihorticultura mendocina , ganadería de zonas áridas, economías regionales, etc?
4. ¿Propondrá en este proyecto, o en uno nuevo, cambios en la ley de Coparticipación Federal qué tan arbitraria y perjudicial ha resultado para Mendoza? ¿Con qué fundamentos?
Las respuestas
Diputada Silvia Lemos (UCR)
1. No. Rechazaremos la propuesta del PEN contenida en el art. 1 del proyecto. No corresponde ratificar la Resolución 125 del Ministerio de Economía de la Nación, por cuanto es inconstitucional, confiscatoria, distorsiva, constituyen un desincentivo para los exportadores, entre otras razones.
2. Conceptualmente y de acuerdo con el texto de la Constitución Nacional, estos recursos sostienen a la Nación, por lo tanto no son coparticipables. Para que estos fondos lleguen via coparticipación a las Provincias es menester generar otro tipo de mecanismos. No obstante, es posible la constitución de fondos especiales (por ejemplo: Fondo de Redistribución Social) que se afecten a determinados fines, como el financiamiento de obras de infraestructura o energéticas, o infraestructura vial, por ejemplo o bien algunos de los destinos asignados por el Poder Ejecutivo Nacional (salud, caminos, etc). En tal caso, deberían aplicarse criterios objetivos de asignación de estas obras y distribución de los fondos necesarios para su financiamiento, para lo cual el Poder Ejecutivo Nacional debería cambiar los criterios que aplica en la actualidad, que son totalmente discrecionales. Se deberían aplicar criterios objetivos, fundados en parámetros similares a los que se aplican cuando se coparticipan los impuestos nacionales. O bien aplicar directamente los actuales porcentajes que se aplican para la coparticipación de impuestos nacionales. Lo que hay que eliminar - para esta cuestión y cualquier otra- es la potestad que se arroga el Poder Ejecutivo Nacional (generalmente en manos del Ministerio de Inversión, Planificación y etc., de distribuir o asignar fondos, obras, etc.).
3. Estamos elaborando una propuesta alternativa con los demás bloques de la oposición. No están definidos aun los parámetros de estas propuestas, por lo que no podría agregar datos sobre ello en este momento. Si hemos recogido la propuesta de tener en cuenta las economías regionales (vid, frutales, algodón, azúcar y otros), diferenciándolas de los cultivos de la pampa húmeda. Este tema esta bajo análisis, pero no definido aun.
4. El tema de coparticipación federal es competencia de la Cámara de Senadores de la Nación. Es ella quien debe iniciar el tratamiento del tema y luego seguir el procedimiento que la misma Constitución indica: ley convenio, etc.
No obstante, tenemos ideas para proponer sobre este tema, si la discusión fuera posible, cuestión que no se avizora en el corto plazo. Una de ellas es ampliar la masa coparticipable a las provincias (agrandar la torta, para poder respetar los porcentajes actuales que cada Provincia hoy percibe y posibilitar la distribución del resto, ajustando iniquidades actuales vigentes).
Senadora María Cristina Perceval (FpV)
1. Votaré afirmativamente el artículo primero del proyecto de ley porque considero que las retenciones, en las actuales condiciones económicas internacionales, son una herramienta fundamental para el sostenimiento de la economía nacional básicamente por dos razones: moderan los precios internos de los alimentos exportables y financian el presupuesto nacional. Una de las claves de este modelo económico es la administración responsable del presupuesto público.
Más allá de las críticas, la realidad marca que esta gestión ha asegurado una relación entre ingresos y gastos positiva que permite la solidez de la economía nacional. Si las retenciones fueran eliminadas habría que aumentar significativamente otros impuestos o reducir gastos sensibles que afectarían el bolsillo de los trabajadores como los subsidios al transporte, el combustible, la energía y ciertos alimentos. Cualquier propuesta seria de eliminar un mecanismo de financiamiento del Estado debería incluir herramientas sustitutas para reemplazarlo.
Una explicación de por qué no hay mayor inflación en Argentina se basa en la decisión de la política oficial de impedir que los precios locales de los alimentos o de la energía sean tan altos como los internacionales. Esta política distributiva, que algunos sectores cuestionan, tiene como objetivo no sólo impedir –coyunturalmente- el aumento de la pobreza, sino fundamentalmente consolidar en nuestro país un modelo de desarrollo sustentable con movilidad social ascendente y generación de trabajo genuino.
Es posible apreciar las consecuencias de no aplicar estas políticas al analizar los conflictos generados actualmente en muchos países, incluso desarrollados que, al igual que nosotros, luchan por mantener el crecimiento económico, a pesar del encarecimiento de los alimentos y el petróleo a nivel internacional.
A su vez, debe tenerse en cuenta que el proyecto de ley está compuesto por seis artículos y dos de forma. En el primer artículo, motivo de esta pregunta, se ratifican los decretos que establecen las retenciones móviles a la exportación de granos (Dto. 125 y 141 y 64 del Poder Ejecutivo Nacional), se aseguran los subsidios para productores pequeños (Dto. 284 del PEN) y se determinan los subsidios al flete para las regiones productoras de granos más alejadas del puerto de Buenos Aires (Dto. 285 del PEN). Votarlo en contra implicaría rechazar las retenciones móviles a la renta extraordinaria de la soja, sino dejar sin subsidios a los pequeños productores y a las regiones más distantes del puerto.
El resto de los artículos establecen la creación de un Fondo de Redistribución Social con el excedente de las retenciones destinado a la construcción de hospitales y centros de salud, viviendas y caminos rurales Ahora bien, teniendo en cuenta que los legisladores de la oposición y especialmente los representantes de regiones vinculadas a la pampa húmeda intentarán modificar el artículo primero para reducir el nivel de retenciones a los granos, mi posición será de acompañamiento a esas posibles modificaciones siempre y cuando dichos cambios cuenten con el consenso del gobierno nacional y, debido a que esas reducciones de alícuotas implicarían una disminución en el Fondo de Redistribución Social, solicitaré que parte de esos ingresos se redistribuya en las economías regionales que no participan de las rentas extraordinarias de la pampa húmeda.
2. No sería viable porque la Constitución Nacional en su Artículo 4° dice "El Gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro Nacional, formado del producto de derechos de importación y exportación…". Esto es: los ingresos de la aduana siempre han sido
resortes del Estado Nacional. Lo que sí se puede hacer es aportar ideas para mejorar la distribución de los ingresos extraordinarios generados en el futuro por las retenciones móviles.
Una idea sobre la que estamos trabajando es que un porcentaje de los ingresos extraordinarios para el Estado nacional vaya al INTA y al equipamiento de escuelas rurales, incluyendo a las escuelas técnicas de esas regiones. El objetivo que nos anima es vincular las retenciones a los granos a una institución fundamental en el desarrollo de tecnología para el campo, como es el INTA; y al mejoramiento de las condiciones de educabilidad de los niños y jóvenes que habitan en zonas rurales, contribuyendo a lograr una creciente equidad territorial en la Argentina y
dentro de cada una de las Provincias que la componen.
3. Este proyecto de ley tiene como misión permitir la discusión en el Congreso de un conjunto de decisiones que el Poder Ejecutivo ha venido tomando en el marco del Código Aduanero, el que en su art. 755º establece que el Ejecutivo tiene facultades para determinar los derechos de
exportación.
La propuesta del Vicepresidente y la decisión de la Presidenta de la Nación de enviar al Congreso, como proyecto de ley, la política de retenciones móviles a la soja y los criterios de redistribución de esta renta extraordinaria, tiene como finalidad saldar institucional y
democráticamente la discusión política instalada y superar el preocupante nivel de incertidumbre y desabastecimiento generado en nuestro país, durante más de 100 días, por productores de la pampa húmeda, aún cuando se hubiese discriminado positivamente la situación diferencial de los pequeños y medianos productores y se sostuvieran mecanismos de subsidio al gasoil y al flete.
Por ello, no podemos caer en la falacia de pretender que esta ley, que atiende un tema específico, se transforme en "el plan estratégico para el sector agrícola" en su integralidad y diversidad.
Por nuestra parte, estamos trabajando con otros legisladores pertenecientes a regiones no vinculadas con la producción de soja a fin de incluir en este proyecto o bien plantear en normas complementarias definiciones que son cruciales para nuestras economías regionales y,
también, para nuestra provincia.
Las principales cuestiones en las que estamos trabajando, a partir del reclamo de las organizaciones de productores de Mendoza, como el Comité Frutihortícola de la Región Cuyo con quienes nos hemos reunido, son:
. Agilizar la devolución de IVA y pago de reintegros para la producción exportable de Mendoza
. Eliminación de retenciones a los productos exportados con valor agregado desde nuestra región, o bien su aplicación al subsidio de fletes para la producción local
. Disminución de costos, por medio de subsidios o reducción de derechos de importación, de los insumos importados de utilización masiva en la producción fruti-hortícola provincial.
4. Es importante recordar que, según la Constitución Nacional (art. 75 inc.3), para modificar la coparticipación es necesaria una nueva ley convenio, que es un acuerdo entre la Nación y todas y cada una de las Provincias.
En lo personal acompañé el proyecto presentado por el entonces Senador Baglini, creando un nuevo Sistema Federal de Coordinación Fiscal y participé en la discusión de la Resolución del Senado Nacional promoviendo la constitución de una instancia de debate para los distintos proyectos presentados (adjunto a la presente los textos de estas iniciativas).
Sin embargo, mi experiencia como Senadora me indica que no habrá un nuevo sistema de coparticipación de impuestos en la Argentina sin la decidida participación de los Gobernadores, que son quienes deben llevar adelante esta iniciativa y construir los consensos necesarios.
Pensar que los legisladores, individualmente, podemos impulsar este debate es ser irresponsables ante la sociedad, pues le estaríamos diciendo una mentira o proponiendo una ilusión.
Insisto, para avanzar hacia un nuevo y necesario sistema federal de coordinación fiscal, se necesita el impulso firme y sostenido de los Gobernadores de todas las provincias.
En este sentido, he pedido mediante una carta al Sr. Gobernador Jaque (cuya copia adjunto) una reunión con todos los legisladores nacionales por Mendoza, independientemente de sus pertenencias partidarias, para elaborar una estrategia común frente a esta y otras problemáticas.
Desde mi visión, la falta de acuerdos pluri-partidarios y multi-sectoriales en nuestra provincia es una de las razones por las cuales Mendoza no aprovecha mejor las oportunidades que se nos presentan.
En síntesis, si la pregunta que me hacen es si creo que es posible, desde Mendoza, en la actual coyuntura de la Argentina, promover la rediscusión de la coparticipación de impuestos, mi respuesta es sí. Creo que sería posible, valioso y legítimo. Pero para ello hace falta que el Gobernador, por la representatividad que la ciudadanía le ha conferido, convoque a diseñar una estrategia común entre todos los actores de la vida política, económica y social de nuestra provincia. De lo contrario podrán seguir surgiendo iniciativas aisladas, más o menos valiosas, como aquélla que presentáramos con el Senador Baglini hace ya cinco años, pero no surgirá de ellas ninguna transformación real y sustantiva que, como mendocinos y argentinos, nos merecemos y nos debemos, al menos, desde 1994.
Diputado Guillermo Pereyra (FpV)
1. He dicho en otras oportunidades que comparto el criterio de las retenciones móviles como instrumento de política redistributiva y de equilibrio de precios internos. Por lo tanto votaré afirmativamente el Artículo nº 1.
2. El asunto del Fondo de Redistribución es todo un tema y esta tratado muy escuetamente en el proyecto del Ejecutivo. No está claro el modo de coordinación entre los ministerios involucrados y el modo de interrelación con los estados provinciales y/o municipales. El proyecto no menciona nada tampoco respecto del criterio territorial a emplear para dar destino a los fondos. Creo que aquí debe abrirse el debate tendiente a establecer los criterios con los cuales se concretará esta redistribución y por consiguiente, la forma en que beneficiará cada provincia.
3. Creo que estamos frente a una coyuntura en la que primero debemos resolver el tema puntual de las retenciones y lo relativo a la redistribución mentada más arriba. De ahí en más debemos trabajar en varios aspectos, como por ejemplo equiparar la compensación por flete que abonan nuestros productores respecto de lo que ocurre con los productores de la pampa húmeda, y propender a la defensa de nuestras producciones regionales, a través de la reducción de retenciones a las peras, manzanas y ciruelas -que son del 10%, mientras que los cítricos tienen una retención solamente del 5%- y gestionar subsidios o reembolsos a la exportación. Igualmente, considero que hay que trabajar con la AFIP, para reducir el tiempo de espera por la devolución del IVA.
4. Sin duda hay que revisar el esquema de coparticipación federal, pero no en este proyecto. Creo que este tema se debe tomar como política de Estado y establecer criterios y estrategias mas allá de lo partidario, a efectos de conseguir una legislación más equitativa, más justa para Mendoza. No puedo adelantar si personalmente presentare un proyecto sobre el particular, pero sí estoy comprometido con el objetivo de trabajar junto a los otros legisladores mendocinos en esta cuestión.