Fernández asumió la Jefatura del Estado de manos de su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, el 10 de diciembre de 2007, luego que el 24 de octubre el 45 por ciento de los ciudadanos que votaron ese día, lo hicieran por ella y sus propuestas.
El primer dato de preocupación, sin embargo, para la entonces flamante mandataria, fue que sólo había concurrido a las urnas el 71,1 por ciento del total de los habilitados para votar.
El dato no es menor por cuanto se trata de la cifra más baja de concurrencia desde cuando comenzaba el siglo XX y, a partir de un sencillo cálculo matemático, los que se expresaron en su favor sólo resultaron ser un poco más del 35 por ciento del padrón total.
Aquel ya lejano día de diciembre, cuando recién había recibido los atributos simbólicos del mando, la presidenta Fernández contaba -según coincidentes encuestas de opinión realizadas por la totalidad de los consultores que habitualmente contrata el Gobierno argentino- con un 56 por ciento de imagen positiva.
En marzo último, aquel guarismo había caído entre 10 y 15 puntos porcentuales y, cuando mayo llegó a su fin, la imagen positiva fue mensurada en un 26 por ciento, la negativa en un 56 por ciento, por lo que la 'evolución' de tal indicador, en los primeros días de junio, se estima en 20 puntos negativos.
Las mediciones -que antes de ganar el espacio público a través de trascendidos fueron recibidas por los más altos funcionarios gubernamentales que las había encargado- fueron realizadas por las consultoras Ibarómetro, Ricardo Rouvier & Asociados, Poliarquía y, Mora y Araujo.
Pero más allá de las percepciones sociales, algunos datos objetivos no pueden obviarse a la hora de recordar los hitos - negativos en este caso- del semestre que en pocas horas fenecerá.
En los últimos 90 días, para comenzar por el más grave y relevante, el gobierno argentino se encuentra inmerso en un conflicto con los grandes productores agropecuarios, que se desató luego que el ex ministro de Economía, Martín Lousteau, elevó la cuota de los derechos de exportación (retenciones) del 35 al 44 por ciento.
Piquetes que interrumpieron la libre circulación en las rutas y enfrentamientos sociales entre organizaciones sociales aliadas al proyecto político de Néstor Kirchner y partidarios de los empresarios rurales fueron parte de las situaciones inesperadas que sorprendieron negativamente a la sociedad argentina.
Granos -especialmente soja (soya)- y productos cárnicos, desde entonces, no se comercializan tanto en el mercado interno como en los mercados internacionales, lo que ha generado graves inconvenientes a las arcas fiscales argentinas.
Entre otras consecuencias directas, el director ejecutivo de la Cámara argentino-china de Comercio, Enrique Fernández Taboada, advirtió públicamente que existe 'preocupación' en esa entidad por el conflicto.
Agregó que la protesta de los productores rurales provoca 'inestabilidad en el precio de la soja', principal oleaginosa que Argentina comercializa en China.
Fernández Taboada recordó que desde hace algún tiempo los productores argentinos 'estamos vendiendo el 30 por ciento' de la demanda actual de granos que requiere China, y señaló como un 'problema' la posibilidad de que este país deje de ser proveedor de aquel mercado.
La deuda pública argentina en el primer trimestre 2008 - coincidente con el inicio de la gestión de Fernández- se redujo, según el Ministerio de Economía, en apenas 236 millones de dólares, a pesar de haberse cancelado vencimientos por un total de 2.778 millones.
Luego y a pesar de ello, del balance oficial emerge que cuando finalizó marzo 2008, la deuda argentina alcanza los 144.492,6 millones de dólares, apenas por debajo de la que se verificaba en diciembre 2001, cuando estalló aquí la más grave crisis económica, social y política de la historia local.
El monto indicado equivale al 55 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), a pesar de que durante 2004 el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, renegoció cerca del 70 por ciento del total de la deuda que se encontraba en situación de 'default'.
Ni un solo paso se pudo avanzar en la renegociación con el Club de París de la mora en que se encuentran créditos por poco más de 6. 500 millones de dólares que la Argentina tomó con los 19 países nucleados en ese ámbito.
Ese default, que se extiende en el tiempo a pesar de los continuos anuncios argentinos acerca de la exitosa marcha de la economía, impide -pese a tan reiteradas como infructuosas gestiones personales que Cristina Fernández realizara en este semestre ante los gobiernos de Francia y España- la llegada de nuevos créditos destinados, especialmente, a importantes obras públicas.
