El aumento del 19,7% de la tarifa de Obras Sanitarias Mendoza (OSM) todavía no empieza a regir, y desde la empresa ya comenzaron a presionar al Gobierno para obtener otro incremento, cercano al 20%. Así lo comunicó esta mañana el ministro de Infraestructura, Francisco Pérez, en una reunión que mantuvo con algunos diputados y senadores de la Concertación.
El objetivo del encuentro era aclarar puntos sobre la intención oficial de comprar acciones en OSM, pero el efecto fue inverso y los legisladores salieron de la oficina de Pérez con más incertidumbres que certezas.
Los principales cuestionamientos a los que se referían venían del lado de que Pérez no habría podido explicarles de donde saldrá el monto para pagar las acciones, ni cuánto será lo que se tendrá que invertir en arreglos.
Sin embargo, una de las controversias más grandes en la reunión surgieron de un posible aumento de poco más del 20% en la tarifa de OSM, y cuya presentación ya hizo la empresa al Gobierno. Según el diputado de la Concertación Plural, Roberto Blanco el dilema surge del hecho de que con la aprobación fáctica de la carta de entendimiento en febrero pasado se autorizó un incremento del 19,7% y que dos meses después se vería incrementado en un porcentaje mayor.
Según trascendidos, Pérez les habría confirmado a los legisladores que ese pedido de incremento sería autorizado por el Gobierno. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Infraestructura relativizaron la información al sostener que antes de aprobar un aumento tarifario hace falta la opinión del EPAS y un estudio de la UNCuyo. Por eso, dijeron, el proceso para confirmar un alza en la factura de agua es largo, y recién comienza.
Desde la oposición aseguraron que la presentación del incremento sería autorizada, pero que no entró en la carta de entendimiento porque hubiera sido un error político autorizar un incremento de más del 40% a dos meses de haber asumido el gobierno. El problema -dicen- es que de haber sido colocado ese aumento en la carta de entendimiento, la inversión promedio solicitada a la empresa superaría los $10,5 millones que se le impuso a través de la carta.
El tratamiento que no fue
Al finalizar la reunión, y cerca del mediodía los justicialistas, con Jorge Tanús a la cabeza ingresaron al recinto legislativo con la intención de tratar y aprobar la compra de 20% de acciones clase C que le permitiría al Ejecutivo poseer el mayor paquete accionario de la empresa de el agua y por lo tanto tener mayor decisión.
Sin embargo, y a poco de comenzar la sesión se escucharon las primeras voces en contra del tratamiento. Desde el bloque radical, Raúl Vicchi aseguró que la ley tal cuál está redactada no iba a ser apoyada por la banca y explicó que desde el Gobierno “no dicen nada del monto” y aseguró que aprobar el proyecto tal cual está redactado es darle “un cheque en blanco al gobierno”.
Por su parte y antes de que comenzara la sesión, Blanco ya había tirado por tierra las posibilidades del justicialismo al asegurar que tanto la Concertación Plural como la Concertación Ciudadana no iba a dar el acuerdo hoy, algo que después durante las discusiones se volvió realidad ya que solicitaron que la discusión se diera durante el tratamiento del proyecto, el cual pidieron que se tratara la semana que viene para poder tener más tiempo.
En tanto, el diputado de TODOS, Ricardo Puga atacó la privatización hecha hace más de diez años atrás de lo que él denomino “empresa modelo de Mendoza” y fue uno de los primeros en lanzar la crítica hacia la adquisición de acciones aduciendo que en realidad “corresponde la intervención no la compra de acciones”.
Desde la Unión Cívica Radical las críticas llovieron primero por la reunión que Pérez mantuvo con miembros de la Concertación únicamente y solicitaron la presencia del ministro antes de ingresar en el tratamiento del proyecto. Por su lado, el también radical Jorge Serrano criticó el proyecto al afirmar que “el peronismo malvendió la empresa y ahora quiere comprar mal”.
Coincidente con la opinión de Serrano fue la del legislador del ARI, Néstor Piedrafita que aseveró que “hicimos un negocio pésimo y no estoy dispuesto a dar un cheque en blanco para un segundo negocio pésimo”.
En tanto, desde el partido demócrata se preguntaba Roberto Pradines sobre la lo que pensaba hacer el gobierno con un 20% y se contestaba con un “creo que debería hacerse cargo de todo”.
A esa altura, luego de más de una hora transcurrida de la sesión que había comenzado al mediodía el justicialismo vio que era imposible que se tratara el proyecto hoy por lo que el presidente de la Cámara de Diputados solicitó un cuarto intermedio de quince minutos para reunirse con los jefes de cada bloque.
Luego de la reunión mantenida con el justicialista, se tomó la decisión de aceptar el pedido de la mayoría de los legisladores y citar al ministro de Infraestructura para mañana a las 11 para que explique sobre la compra de acciones ante los legisladores pertenecientes a las comisiones de labor parlamentaria, hacienda, obras públicas y legislación y asuntos constitucionales.
Asimismo se aprobó que el proyecto sea tratado el miércoles 9, a partir de las 10 en sesión especial, este dato es importante ya que de esta forma al justicialismo le alcanzaría con la mitad más uno de los votos para que sea aprobada la compra de acciones y no con el votos de las dos terceras partes de los legisladores presentes.