El arreglo de Celso Jaque con los jueces podría definirse así: después de casi seis años de batalla judicial, los magistrados indexadores se perfilaban para perder en los estrados judiciales y terminaron reconociendo que no correspondía que sus salarios se ajusten al ritmo de la inflación.
Sin embargo eso no significa que ahora tengan que devolver lo ya cobraron por este concepto a través de embargos judiciales (determinados por ellos mismos) y que le costaron al Estado provincial unos $20 millones.
Así se desprende de uno de los puntos centrales del arreglo que el gobernador, la Corte y el Colegio de Abogados firmaron a principios de abril y que hoy se comenzó a discutir en la Legislatura para su ratificación.
Allí, entre otros puntos de acuerdo, se fijó que los jueces levantarán todos los reclamos judiciales, a cambio de que la Provincia realice lo mismo. Una de los pocas causas que el Estado seguía en este sentido, era la iniciada por Julio Cobos a mediados de 2007 para que los magistrados devuelvan lo percibido por los embargos.
Esa demanda, se inició luego de que en julio del año pasado la Corte Suprema de la Nación fallara en contra de la indexación salarial de los jueces mendocinos.
En esa oportunidad, el máximo tribunal federal declaró la inadmisibilidad de la demanda presentada por jueces, fiscales y defensores provinciales, que consideraban vulnerada la garantía constitucional de intangibilidad de sus salarios.
Conocido este fallo, el entonces gobierno radical accionó para restituirle al Estado lo que unos 165 jueces se cobraron bloqueando las cuentas oficiales en el Banco Nación.
El bloqueo les permitió cobrar sumas que oscilaron entre los $50.000 y los $130.000 de retroactivo, además de la actualización trimestral que muchos magistrados obtuvieron de su remuneración.
Diego Lavado, subsecretario de Justicia y uno de los que participó en la redacción del acta acuerdo con el Poder Judicial, explicó a MDZ la estrategia oficial que terminó con este resultado.
“Lo que se acordó es lo que se analizó luego de hacer un análisis de lo que podía ocurrir en términos jurídicos. La pretensión de que la Justicia obligara a los jueces a que devolvieran la plata es una locura. Haciendo un paneo de lo que podía suceder, también era difícil que los jueces ganaran en la Corte. En ese balance, fue que se firmó el arreglo”, explicó el funcionario.
Qué fue lo que se firmó
En líneas generales, el acuerdo que Jaque firmó con los magistrados comprende un aumento del 16% promedio para los jueces a partir del 1 de mayo de este año y un compromiso de aumento de $500 para todos los que suscriban el convenio.
Como parte de ese mismo arreglo, los jueces se comprometen a levantar de los tribunales todas “las controversias pendientes”, según se establece en el anexo II del arreglo que ayer se ventiló en la Legislatura. Esas causas suman 20.
Por su parte, el Estado mendocino aporta lo suyo y “desiste de la acción instaurada” en al menos tres causas. Una de ellas, era la que impulsaba la devolución de la plata cobrada a través de embargos judiciales y que representan unos $20 millones.
Una de las partes centrales estableció que los jueces que reclamaron la indexación judicial y la cobraron a través de embargos, no deberán devolver la plata. Y los que jamás accionaron judicialmente para cobrar, recibirán un retroactivo del 60% a partir de enero de 2004. Es decir: a pesar de que no litigaron, cobran igual. O al menos una parte.
El arreglo fue firmado el 1 de abril pasado en silencio por el gobernador, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Nanclares, y el presidente de la Asociación de Magistrados, Gonzalo Guiñazú.
La firma de ese acuerdo se realizó a puertas cerradas en la Casa de Gobierno y se hizo público sólo porque un periodista divisó a los integrantes del Poder Judicial en las cercanías del despacho de Jaque y preguntó qué pasaba.
"El negocio que hace la provincia es que se terminan todos los juicios. Con los acuerdistas, que renuncien al 40%. Y los que nunca demandaron no podrán hacerlo ¿Con el resto (los jueces indexadores) perdimos el juicio? Y sí, perdimos el juicio", reconoció Lavado.
A juzgar por la repercusión que el acuerdo tuvo en Tribunales, fue todo un éxito: en menos de quince días, lo firmaron todos los jueces (más de 330) salvo una relatora de la Corte.
Conocida la firma, trascendió otro dato: el acuerdo le posibilitará a Celso Jaque designar al menos dos nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia, por jubilaciones de los existentes.
Las dudas legislativas
El acuerdo tuvo hoy su primer capítulo legislativo, en una reunión que se realizó en Diputados entre el presidente de la Cámara, Jorge Tanús y los jefes de bloque. La incertidumbre de algunos legisladores de la oposición tiene que ver con temas que no están claros o directamente no están contemplados en ese convenio.
Los legisladores que están en la vereda de enfrente de Jaque enumeraron seis puntos en los que quieren precisiones concretas sobre cuánto le cuesta esto a la provincia, cómo es el tema de la simulación de sueldos de los magistrados según su situación (ministros de la corte y jueces).
Además han planteado saber cuánto cobrará en retroactividad cada juez según el que hizo juicio y el que no y desde qué fecha se computa la retroactividad.
Otros de los puntos que han puesto en duda, es cómo se van a tomar los embargos que han sido pagados (a los que ya le pagaron) y en qué estado está el juicio en la Corte por el dictamen a favor de la provincia.
"Más allá de la voluntad general que pueda tener el Estado de terminar con el conflicto con el Poder Judicial y que arrastra desde hace mucho queremos tener mayores precisiones", indicó Néstor Piedrafita, diputado del ARI.
Para dar un manto de luz sobre este tema se ha convocado a una reunión de labor parlamentaria para mañana a las 12 con Fernando Simón, subsecretario Legal y Técnico del gobierno de Celso Jaque.
"Estos son puntos que no están en el convenio por eso surgen las dudas. En esto hay que tener una precisión absoluta. Después de la reunión cada bloque tomará su postura", contó Pidrafita.
Desde la Concertación Ciudadana, Andrés Marín dio su punto de vista y dijo que "en función de las respuestas que nos den veremos cuáles son los pasos a seguir con esto. Si mañana no se saldan las dudas definiremos si hay que demorar más el tratamiento o no".
Por su parte, Jorge Tanús (PJ) presidente de la Cámara de Diputados explicó que al encuentro de mañana se han invitado también a los senadores para que participen y se enteren de los alcances del convenio.