Se esperan señales de Cristina

Por ahora el diálogo entre el Gobierno y el campo sigue roto. La presidenta no aparece y se endurecen las posiciones, en un paro que no tiene precedentes.

El titular de la Federacion Agraria, Eduardo Buzzi, en una protesta. Foto: NA
El titular de la Federacion Agraria, Eduardo Buzzi, en una protesta. Foto: NA

El Gobierno y los productores agropecuarios se encaminan a ingresar en la tercera semana de paro del campo sin que asome la posibilidad de diálogo, mientras se aguardan señales de la presidenta Cristina Kirchner, quien aún no se pronunció formalmente sobre el conflicto.

Tanto desde la CGT, a través de Hugo Moyano, como desde la Unión Industrial Argentina, salieron a pedirle al campo que deje sin efecto la medida de fuerza, sumándose así al conjunto de gobernadores que se pronunció en igual sentido.

Dirigentes ruralistas y fuentes consultadas por la agencia NA admitieron que ni siquiera existen "conversaciones secretas" entre los representantes del campo y el sector oficial que permitan vislumbrar el desenlace de las protestas auto-convocadas por los productores agropecuarios argentinos.

Durante la semana, sólo se produjeron llamados telefónicos de funcionarios de nivel medio que invitaban a dialogar sin agenda ni propuestas, señalaron desde el agro.

Tres pedidos de audiencia al ministro de Economía Martín Lousteau quedaron sin respuesta, según confirmaron Luis Miguel Etchevehere, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y el presidente de la Federación Agraria (FAA), Eduardo Buzzi.

El paro agropecuario, sin precedentes en las últimas tres décadas, transita en medio de un aire enrarecido donde subyace la posibilidad de enfrentamientos entre rompe-piquetes y productores que manifiestan en las cabeceras de localidades agrícolas como Marcos Juárez, (Córdoba), Venado Tuerto (Santa Fe); Guerrico, Pinzón, Lincoln, entre otras ciudades bonaerenses así como en Entre Ríos y Corrientes.

Algunos observadores alertan que este conflicto con el campo es distinto de los anteriores, porque las retenciones móviles significan que la rentabilidad de sus empresas sólo podrá achicarse.

Si las retenciones acompañarán las subas y bajas del precio de los granos, los ingresos quedarán congelados en su nivel actual.

Como los costos prometen un ascenso constante, la rentabilidad será cada vez menor.

Hay otros factores de irritación, pero éste es el corazón del conflicto. El próximo martes está prevista una reunión semanal, modalidad que realizan desde que comenzó el conflicto la Sociedad Rural, Federación Agraria, Confederaciones Rurales Argentinas y
Coninagro, pero no hay contrapropuestas para analizar hasta el momento.

En tanto, los productores de la zona núcleo bonaerense parecen dispuestos a asumir más pérdidas todavía, ya que el viernes por la noche decidieron en una asamblea cercana a la ciudad de Pergamino interrumpir la cosecha de maíz y soja.

Alrededor de 400 transportistas adhirieron a la medida y no trasladarán granos, alentados también por las compañías aseguradoras, que no se hacen cargo de los daños que puedan producirse durante el tránsito en las rutas marcadas por piquetes, según pudo saber NA.

En adhesión, empresas acopiadoras como Cargill no recibirán granos, señaló un asesor técnico a NA, que dejó en claro que los asambleístas mandan y que el futuro es incierto.

Los contratos que se negocian para las operaciones con soja en el mercado de futuros de Chicago tuvieron caídas del 30 por ciento.

Las actuales pérdidas en soja y maíz se suman al 20 por ciento causado por el clima cuando comenzó la campaña entre octubre y noviembre de 2007.

Hasta el momento, en el país se trillaron sólo 240 mil hectáreas de soja de toda la superficie sembrada que ocupa unas 16.141.000 hectáreas. Esto representa un considerable retraso con relación a la misma fecha de la campaña precedente", señaló la Secretaría de Agricultura de la Nación en su informe del 20 de marzo último.

En la pasada campaña se obtuvieron 47.482.000 toneladas de soja en la Argentina y 21.800.000 toneladas de maíz.

En la zona núcleo maicera se encuentra cosechado el 40 por ciento del maíz, con rindes desparejos e inferiores en un 25 por ciento a los del año pasado, entre 4.000 y 9.000 kilogramos por hectárea.

En la provincia de Córdoba, la cosecha y el acopio se realizan en los campos donde los productores disponían de medios técnicos para recolectar y acopiar en silos-bolsa y en tolvas propias.

Los productores están dispuestos a resignar un 20 ó 30 por ciento de la cosecha o quizá más, definió el gerente de una cooperativa agrícola que prefirió reservar su nombre.

"El año pasado perdimos por la lluvia 15 días de cosecha con una merma del 20 por ciento, las precipitaciones complicaron la cosecha de maíz que se juntó con la de soja, podemos aguantar un tiempo", analizan productores.

Por estas horas se habla de "infiltrados" y de intimidaciones para no mover los camiones, pero también se analiza la posibilidad de que si el paro se extiende muchos productores medianos y chicos abandonen el negocio y que aparezcan compradores extranjeros de tierra.

Un establecimiento de 250 hectáreas agrícolas deberá tributar al fisco en concepto de retenciones más de 82 mil dólares, sostuvieron Juan Manuel Garzón y María Inés Berniell, economistas del IERAL, Instituto de Estudios Económicos de la Fundación Mediterránea.

Los especialistas analizaron el aporte de las provincias al fisco nacional en concepto de derechos de exportación sobre commodities agrícolas y coincidieron en que el esquema-Lousteau dará al fisco 10.231 millones de dólares con un "sustantivo incremento del 136 por ciento respecto de lo recaudado durante la campaña 2006-2007".

Una de las repercusiones desalentadoras del paro fue la retracción en las compras de maquinarias por parte de productores agropecuarios que desistieron de sus compromisos, según lo destacó la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba.

El precio de la soja se desmoronó en los mercados externos hasta 110 dólares por tonelada y valor FOB argentino (en los puertos) perdió 94 dólares por tonelada.

Por lo tanto la recaudación fiscal también cayó quizá hasta tocar los 3.900 millones de pesos que el gobierno pensaba recaudar de manera adicional, al decidir el esquema móvil de retenciones que es del 44.1 por ciento en la soja y del 39.1 en el girasol.