El INADI criticó el Código de Faltas

El Instituto  Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) salió al cruce del nuevo Código Contravencional que ya tiene media sanción en Senadores.

Karina Ferraris, delegada del INADI en Mendoza y otras organizaciones sociales se reunieron con la comisión de Derechos y Garantías de Diputados para plantearle su posición con respecto al Código de Faltas.

Lo que quieren es que se deroguen los artículos de todos los códigos provinciales y municipales con figuras contravencionales “abiertas” (falta de moralidad, escándalo en la vía pública, merodeo, prostitución) que otorgan facultades a la policía para realizar arrestos sin intervención judicial previa.

“Estos códigos son herederos de los edictos  policiales que han permitido la violación sistemática de los derechos humanos en nuestro país. Pedimos que se revisen algunos  y los principios  de no discriminación que están violando claramente derechos adquiridos para con la ciudadanía”, dijo  Ferraris.

La titular del INADI en la provincia explicó que debe examinarse los artículos 61 y 62 ya que son contradictorios entre si, ya que el primero habla del principio de no discriminación y el segundo del derecho de admisión.

Por su parte, Emilio Mancinelli de Libres del Sur contó que hay “una fuerte preocupación ya que se avanza en los derechos democráticos que tanto nos costó conseguir”.
El hombre dijo además que no está de acuerdo con el artículo 92 que penaliza las protestas sociales.

Ricardo Puga, presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de Diputados  señaló que desde allí van a citar a organizaciones sociales, jueces de faltas y miembros del Consejo de Seguridad Pública para debatir sobre el Código Contravencional.

El diputado Néstor Piedrafita alegó que el Código “necesita de la participación. Se tiene que abrir el debate”.

La semana pasada, varias organizaciones sociales y estudiantiles se movilizaron por el centro de la ciudad para manifestar que están en contra del nuevo Código de Faltas porque “criminaliza  la protesta” y “niega los derechos de género”.