Un contrato polémico del kirchnerismo

Las huellas del paso arrollador de Guillermo Moreno no sólo se pueden rastrear en las góndolas de los supermercados, en los surtidores de las estaciones de servicio, en los tambos, bancos o empresas de generación eléctrica. También en el espacio se puede seguir la estela polémica del funcionario kirchnerista.

Cuando en 2005 era secretario de Comunicaciones, Moreno piloteó una operación comercial teñida de irregularidades y desprolijidades, por la cual contrató en forma directa los servicios de un satélite por 2,1 millones de dólares, que orbitó solamente 33 días y que obligó al Estado argentino a asumir una serie de compromisos desmedidos frente a una empresa canadiense.

Eso sí, se dio el gusto de rebautizar el aparato con el nombre Pueblo Peronista (PP Sat 1, para la jerga técnica), y de que fuera puesto en órbita un 17 de octubre, para recordar el Día de la Lealtad del justicialismo.

El contrato confidencial que selló Moreno con la compañía Telesat, al que accedió PERFIL en forma exclusiva, contenía condiciones insólitas. Por ejemplo, la firma canadiense aclaraba que el funcionamiento del aparato no contaba con garantías, a sabiendas de que estaba averiado y tenía poco combustible. Además, la Argentina le cedió a esa empresa la potestad de participar en el diseño de cualquier otro satélite que ocupe esa órbita, la 81 Oeste, y le dio la posibilidad de utilizar parte de la capacidad de transmisión a la mitad del valor de mercado.

El fracaso de la operación obligó al Gobierno a alquilar dos nuevos satélites durante 2007, por los que ya lleva gastados 3,5 millones de dólares. Lo hizo con el fin de conservar la propiedad argentina sobre la órbita 81, y de evitar que prospere un pedido de Gran Bretaña para que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) le quite a la Argentina los derechos sobre esa posición.

La historia. La órbita 81 fue concedida a la Argentina por la UIT en base a una resolución de 1991, y a partir de un convenio de reciprocidad concertado entre Argentina y Estados Unidos, pactado en 1998. Esa posición es considerada privilegiada por su posibilidad de emisión de señales de televisión y de telecomunicaciones sobre toda América, incluyendo el codiciado mercado norteamericano.

Al igual que en el caso de la otra órbita que controla la Argentina, la 72, el gobierno de Carlos Menem le adjudicó la colocación del satélite a Nahuelsat, una empresa constituida por la alemana Daimler-Mercedes Benz/Chrysler y el grupo francés Aerospatiale, asociados con la italiana Alenia Spazio.

Nahuelsat construyó el satélite Nahuel I para la órbita 72, pero no cumplió su compromiso de confeccionar el Nahuel II para ocupar la órbita 81 antes de octubre de 2002, tal como lo exigía el compromiso asumido por la Argentina ante la UIT. Cuando se acercaba esa fecha, y viendo que la empresa de capitales europeos ingresaba en un período de turbulencias accionarias, Eduardo Duhalde solicitó a la UIT una prórroga hasta el 19 de octubre de 2005 para ocupar la órbita 81 y no perder los derechos sobre esa codiciada posición espacial.

Moreno en escena. Cuando se acercaba la fecha de vencimiento de la prórroga, Nahuelsat estaba en una situación cada vez más deteriorada. En vez de quitarle la licencia y multarla por incumplimiento de contrato, el gobierno de Néstor Kirchner trató de paliar la situación, y quien quedó a cargo de la tarea fue el entonces secretario de Comunicaciones –después devenido en todopoderoso secretario de Comercio Interior-, Guillermo Moreno.

Mientras exploraba la posibilidad de gestionar ante la UIT una nueva prórroga, el funcionario salió desesperadamente a tratar de conseguir un satélite que orbitara la posición 81, para demostrar así la voluntad de la Argentina de conservar sus derechos. Después de algunas consultas, Moreno arrendó un satélite a Telesat en forma directa, sin licitación, asevera el diario Perfil.

El aparato en cuestión era el Anik E2, que había sido lanzado en 1991 y que se encontraba prácticamente fuera de servicio por graves desperfectos sufridos en febrero de 1994. Estaba inactivo y a punto de ser desorbitado por inservible, tras haber ocupado provisoriamente la posición 67, correspondiente a Venezuela. Una gestión ante el gobierno de Hugo Chávez destrabó con rapidez cualquier obstáculo. Moreno pudo entonces rebautizar el Anik E2 como PP Sat 1.

Pero para poder llegar a este resultado, el secretario anudó con la empresa canadiense un acuerdo leonino. Por ejemplo, en uno de sus párrafos Telesat aclara, y el gobierno argentino admite, que el aparato “está siendo provisto sin ninguna garantía, expresa o implícita, en lo que respecta al uso del satélite para los propósitos de comunicación”.

El contrato además especifica que “cualquier inhabilidad del satélite Anik E2 para realizar señales de transmisión no afectará la validez de este contrato, incluyendo las obligaciones de pago” de la Argentina. En definitiva, en esta cláusula se estaba abriendo el paraguas para lo que iba a ocurrir: que el satélite orbitaría sólo 33 días y que nunca entraría en funciones por deficiencias técnicas, afirma el diario Perfil.

Pese a ello, el Estado argentino debió abonar completos los 2,1 millones de dólares que demandó el acuerdo. Juan Marziotta, de la Comisión Nacional de Comunicaciones, confirmó a PERFIL que el satélite orbitó sólo un mes. Fuentes de Arsat, en tanto, ratificaron que el pago se realizó en forma completa. Moreno, en cambio, no contestó las consultas de este diario.

En segundo lugar, en el texto se le otorga a Telesat “la opción de compra por todo el tiempo de hasta 500 Mhz en la capacidad de la banda KU dedicada a Norteamérica en cualquier satélite que Argentina ponga en esa posición”, es decir que le cede parte de la amplitud de transmisión disponible. El precio de esa capacidad satelital en el mercado estadounidense es de entre 4.500 y 5.000 dólares el Mhz. Pero Moreno se avino a rebajarle a Telesat el Mhz a 2.500 dólares, es decir una pérdida para el erario público de 15 millones de dólares anuales.

A la vez Telesat se aseguró que el precio del Mhz se ajustará “a los cambios del índice de precios del Producto Bruto Interno, según publicación del Departamento de Comercio de Estados Unidos, Oficina de Análisis Económico”. Vale decir que reflota el modelo de ajuste inflacionario que se utilizó en los 90, en la época del uno a uno. Con ese mismo espíritu, también se reproduce la fórmula menemista para casos de litigios con firmas extranjeras: Telesat podrá recurrir contra la Argentina ante un tribunal de Nueva York, pero con las leyes de su propio país, Canadá.

Otra cláusula sorprendente es la que señala que en cualquier emprendimiento que desarrolle la Argentina para construir un satélite para la órbita 81, “Telesat será autorizada a participar en el diseño de sus características técnicas”. De este modo se condiciona la facultad de decisión tecnológica sobre todo nuevo satélite de la empresa estatal argentina Arsat, creada en 2006 por decisión de Kirchner precisamente para construir los aparatos que ocupen las dos posiciones orbitales correspondientes a la Argentina.

El accionar de Moreno fue avalado por Kirchner y por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a través del Decreto 955 del 11 de agosto de 2005. Allí se instruyó al entonces secretario de Comunicaciones a que “proceda a adoptar las medidas necesarias destinadas a la preservación de la posición orbital 81° longitud Oeste”.

También indica que si las gestiones implican erogaciones, “se dará intervención al organismo competente a los efectos de realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para atender dicho gasto”. Con este respaldo, Moreno cerró acuerdo con Telesat el 7 de octubre y ordenó que el satélite fuera puesto en órbita el 17 de octubre de 2005.

De este modo, la Argentina logró arribar a la reunión de la UIT que se inició dos días más tarde con un satélite en la posición 81 y un nuevo pedido de prórroga para ocupar definitivamente esa ubicación.

El año pasado la situación se repitió, ya que la Argentina estaba sin satélite y se avecinaba una nueva reunión de la UIT. Para peor, Gran Bretaña había intensificado su ofensiva ante ese organismo para reclamar que se le retiraran a la Argentina los derechos sobre la órbita 81 por no haberla ocupado convenientemente, explica el diario Perfil.

En una comunicación oficial dirigida a la UIT el 6 de febrero de 2006, el gobierno británico señala que “aunque Argentina contrató el traslado del Anik E2 a la posición orbital 81° Oeste, la verificación continua del satélite demuestra que sus asignaciones de frecuencia de comunicaciones nunca entraron en funcionamiento regular”. Por eso “solicita que se encargue a la Oficina devolver la notificación presentada por Argentina y que se cancele la asignación de frecuencia a este satélite”.

La operación se repitió una vez más, aunque esta vez quedó en manos de la flamante Arsat. La empresa estatal alquiló al consorcio Intelsat un satélite denominado Galaxy 17, que en mayo de 2007 fue movido a la órbita 81. En septiembre se volvió a contratar un satélite temporario, el Galaxy 9, para que en su reunión bienal la UIT no le quitara a la Argentina los derechos sobre la posición. Entre ambas operaciones el Gobierno debió desembolsar otros 3,5 millones de dólares, y todavía le falta pagar 1 millón más.

En noviembre la Unión Internacional de Telecomunicaciones analizó la promesa que le llevó Arsat en representación del Gobierno: que para 2012 la Argentina tendrá en la órbita 81 un satélite de construcción propia con vida útil por 15 años.