Un informe redactado por la Asociación de Derechos Civiles (ADC) y la Universidad Nacional de Cuyo hizo un repaso sobre cómo fue el desempeño de los candidatos a gobernador por Mendoza que cumplieron funciones legislativas, ya sea a nivel nacional o provincial.
El objetivo fue brindar una muestra sobre cuál es la manera de pensar de los candidatos a partir de la postura que fijaron en las votaciones registradas de aquellas leyes, resoluciones o nombramientos que alcanzaron relevancia en la ciudadanía.
Para este trabajo, se tuvieron en cuenta el proyecto de reglamentación de la Ley de Minería de la provincia y la ley que aprobó las escuchas telefónicas en Mendoza; las votaciones en el Congreso de la Nación sobre la ley del Consejo de la Magistratura, la ley que modifica la composición de la Corte Suprema de Justicia y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre eliminación de formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), entre otras. En algunos casos, los legisladores nacionales por Mendoza, estuvieron ausentes.
De las fórmulas de candidatos oficializadas para ocupar el cargo de Gobernador, cuatro candidatos tuvieron actividad legislativa. El informe, confeccionado sobre las votaciones nominales (tipo de votación que permite dejar registrado cómo votó cada legislador) realizadas en dichos Poderes Legislativos, permitió sacar algunas conclusiones.
Votaciones de la Senadora provincial Alejandra Naman (ARI). Se destaca su voto negativo al veto de le Ley de Minería. Regula los derechos de cateos, explotaciones y exploraciones metalíferas a cielo abierto en la provincia de Mendoza. Esta ha sido una ley muy polémica en la provincia, por la presión social en contra de la explotación de esta actividad, y los empresarios mineros interesados en la misma. Se destaca también, su voto afirmativo en la ley de superpoderes. Estuvo ausente cuando se trató la ley de escuchas telefónicas. Su actuación estuvo más cerca de los discursos populares que de las presiones de las grandes corporaciones.
Sin embargo, la senadora afirmó que ella aprobó la ley de escuchas, pero luego de lograr la inclusión de modificaciones en la norma para garantizar que no se produjera excesos policiales o judiciales. También aclaró que se opuso a los "superpoderes" que formaban parte de la ley de presupuesto.
Votaciones del Senador Nacional Celso Jaque (PJ). Tuvo poca disidencia respecto de los proyectos oficialistas. Sus votos fueron afirmativos en leyes de protección social y de educación. Estuvo a favor del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura y en contra de la aprobación por el Estado Argentino del Protocolo Facultativo de la Convención sobre eliminación de formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW). En general, su papel estuvo subordinado a la postura del oficialismo.
Votaciones del Diputado Nacional Omar De Marchi (PD). Votó a favor de la criticada ley que modifica el Consejo de la Magistratura y a favor de la modificación sobre la composición de la Corte Suprema de Justicia. Estuvo ausente en la votación del proyecto de creación del programa de educación sexual integral y sobre la aprobación por el Estado Argentino del Protocolo Facultativo de la Convención sobre eliminación de formas de discriminación contra la mujer (CEDAW). Se abstuvo de votar el proyecto sobre régimen de regulación y promoción para la producción y uso sustentables de biocombustibles. No fijo una posición dogmática, sino que osciló entre puntos a favor y en contra de los proyectos oficialistas.
Votaciones del Diputado Nacional Roberto Iglesias (UCR). Votó en contra del proyecto de reforma de la ley del Consejo de la Magistratura. De este modo, mantuvo una fuerte postura opositora. El legislador estuvo ausente cuando la Cámara votó los proyectos de creación del programa nacional de educación sexual integral y sobre la aprobación por el Estado Argentino del Protocolo Facultativo de la Convención sobre eliminación de formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).
La intención del trabajo confeccionado por la ADC y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo, según se lee en el informe, fue concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de saber cómo vota cada uno de sus representantes.
“Dejar asentado la forma cómo votó cada uno de los legisladores al pronunciarse en sus respectivos cuerpos legislativos, brinda publicidad a su gestión, transparencia al procedimiento legislativo y acceso a la información en el desempeño de cada legislador. También es una herramienta de incidencia para la sociedad civil, pues permite un seguimiento permanente del trabajo en el poder legislativo, y asimismo provee de mayores incentivos para los representantes que quieran llevar a cabo su mandato con mayor responsabilidad”, finaliza el comunicado de la organización que a nivel nacional trabaja desde hace años para lograr mayor transparencia en las gestiones de los tres poder del Estado a partir de una ley que permita el libre acceso a la información pública.