Todos los que trabajamos en el vasto campo de la educación nos hemos preguntado alguna vez qué es educar y es necesario reconocer que existen al respecto muchas teorías, abordajes, posturas e ideologías que evolucionan junto con la sociedad, por lo tanto esta pregunta tiene muchas respuestas. Es más fácil encontrar respuestas casi unívocas a la pregunta inversa, es decir, interrogarnos acerca de lo que no es educar. Sabemos, por ejemplo, que discriminar no es educar o que excluir no es educar.
Entre todas las cosas que forman esa respuesta a lo que no es educar, dos ideas claras y concisas merecen ser citadas: educar no es VIGILAR y educar tampoco es CASTIGAR. El terrible par de palabras con las que Foucault forjó el título de su obra más célebre y que hoy, tristemente, parecen ser los ejes centrales de las decisiones y acciones de la Dirección General de Escuelas de nuestra provincia.
Es aún más preocupante la situación cuando observamos que, descontando la creación e instalación de mecanismos de vigilancia o castigo, todas las acciones, objetivos y propuestas hechas por el actual gobierno escolar pueden calificarse, para usar un término amable, como inconsistentes.
Voy a citar apenas algunas de las pruebas que fundamentan esta evaluación. Empezamos este mes de agosto con la noticia de una renuncia muy preocupante, la de la Directora de Educación Primaria, que dejó su cargo con duras críticas para el Director General de Escuelas Jaime Correa. "Carece de un plan claro de trabajo que permita transformar el sistema educativo mendocino" fueron sus palabras. Casi una definición de diccionario de la Inconsistencia que nombramos, expresada por una especialista y referente en educación vinculada al radicalismo.
Además de esta renuncia tenemos el cierre o desmantelamiento de varias instituciones educativas, de las cuales la última fue la Escuela 7-001 de arte aplicado, sin fundamentos claros ni explicación alguna. A esto le sumamos casos que parecen de cuento como el despido de Soledad Diaz, una docente de San Rafael que fue cesanteada solo porque hizo lo correcto: denunció que en la escuela pública donde trabajaba se interrumpían habitualmente las clases para dar misa.
Otro capítulo que deja en evidencia la falta absoluta de planificación es la Ley de Protección al Docente, donde se ven cosas dignas de un sketch humorístico. Además de aberraciones jurídicas como proponer que el mismo abogado de la DGE sea el defensor y el sancionador de los docentes, presenta numerosas contradicciones con los proyectos de ley que el mismo oficialismo está impulsando en la legislatura. Entre varios ejemplos podemos citar la asignación de funciones a los OAL (Órganos Administrativos Locales de la Subsecretaría de Desarrollo) para que procesen las denuncias sobre casos de abuso o maltrato sin tener en cuenta que en otra Ley propuesta por el ejecutivo, que pronto será debatida en la Legislatura, esos OAL dejarian de existir y serian reemplazados por otro organismo que no figura en la ley de Protección. Quizás les haría bien a los redactores de proyectos practicar el sano ejercicio de compartir visiones, al menos en la medida mínima y necesaria para no chocar entre ellos.
Para cerrar esta lista de inconsistencias voy a citar la instalación de dispositivos biométricos de asistencia en las escuelas, dignos de un capítulo de los "Expedientes X". Gracias a esta flamante adquisición los docentes podrán computar su asistencia exponiendo su rostro frente a un artefacto altamente tecnológico mientras, a pocos metros, se ven cosas como un techo que se cae a pedazos, una estufa que no funciona, un equipo de celadores que no tiene con que dar merienda a los alumnos y todas las carencias que nuestras escuelas tienen y que podrían mejorarse si el presupuesto de la DGE se optimiza. Pero para los responsables políticos de esta cartera la prioridad pasa por otro tipo de gastos, como adquirir complejos aparatos cuyo valor y proceso de compra desconocemos y que no mejoran en nada la calidad de la educación.
Ejemplos como estos hay por decenas. Jaime Correa, ex director de un multimedio sin preparación ni formación previa en materia de gestión escolar, lleva casi 3 años al frente de la DGE sin que podamos advertir al menos una idea clara o acción concreta de su gestión, con excepción del Ítem Aula: una medida que apunta a disciplinar docentes bajo amenaza de descontar parte de sus sueldos y de la que todavía no hemos comprobado ningún aporte o beneficio en cuanto a la calidad educativa. Lo visto hasta ahora, más que un proyecto educativo, parece una expresión de deseo que recuerda a la memorable y espantosa escena de la película "The Wall", donde un montón de soldados con cabeza y cuerpo de martillo marchan incondicionales y obedientes al ritmo de la opresión.