El revoleo de bolsas con moneda extranjera, relojes y un arma que José López realizó en el monasterio de General Rodríguez no solo puso en blanco sobre negro la corrupción estructural K de "la década ganada", sino que dejó en primera fila numerosos actores que han quedado expuestos y que van a tener que dar muchas explicaciones frente a la sociedad.
Contratistas de la obra pública, jueces federales, fanáticos del relato blindados a la realidad y el mismo gobierno tienen indistintamente tareas pendientes y presentes imposibles de evitar.
El modelo recaudatorio a través de la obra pública, iniciado desde el poder en la gélida Río Gallegos con Néstor Kirchner como intendente, se perfeccionó e incrementó cuando arribaron al gobierno nacional, con la indispensable participación activa de Julio de Vido y José López.
Para perfeccionar el sistema es indispensable la otra parte: las empresas contratistas de la obra pública. Siempre fue moneda corriente la sospecha sobre los contratos de obra pública manchados de retornos o devoluciones. Sin embargo es necesario destacar una situación especial. Muchas empresas en off the record expresan claramente no haber recibido ningún contrato por negarse a entrar en "la cadena de favores" o en el toma y daca propuesto desde el poder. Y esto es cierto, pero tiene un vicio ético que no absuelve a esos empresarios: el silencio. Al no denunciar ni pública ni judicialmente la coacción de los funcionarios que los excluye, son cómplices del sistema perverso que ha drenado miles de millones de pesos de los contribuyentes.
Por otra parte, las empresas participes de "la danza de la fortuna" justifican su conducta en la necesidad insoslayable de intervenir en el sistema delictual para poder conservar los cientos de empleos que aseguran y para mantener la viabilidad existencial de sus empresas. Justificar su actividad en hechos delictuales con los argumentos mencionados es hipócrita, inválido y resulta hasta cínico.
Tanto los empresarios excluidos y apartados, como los favorecidos y actores directos del sistema corrupto, resultaron funcionales al perverso y viciado sistema recaudatorio instalado por Néstor y continuado por Cristina.
Luego del insólito y desesperado blooper de López, los empresarios temen que "La Superioridad" como se hacía llamar en esos ámbitos, el exfuncionario encarcelado hable, se arrepienta o indique con precisión los nombres de los actores privados principales del saqueo. Esta desventura se extiende sobre varios empresarios mendocinos que participaron del festín de sobreprecios y retornos.
También gobernadores, funcionarios varios y lobistas están ansiosos y preocupados de lo que surja si declara, o del desbloqueo de los dos celulares de última generación olvidados en la camioneta transportadora de los bolsos y la valija. Llamadas, mensajes de textos, whatsapp y geolocalización pueden aportar datos precisos sobre nombres vinculados y derrotero de uno de los recaudadores más cercano e intimo del matrimonio K.
Es tiempo de terminar con el desfalco montado a través de las concesiones y para ello, la Justicia es clave, corriendo el manto de impunidad que proveyó durante la gestión kirchnerista y actuando con velocidad y precisión apegadas a la ley.
Queda, lamentablemente, un margen grande de duda acerca de la conducta de los jueces federales a cargo de las causas.
Daniel Rafecas investiga a José López. Durante más de tres años prácticamente paralizó la investigación y la redujo a pedidos de informes a la Oficina Anticorrupción.
Sorprendido por la detención fellinesca de López, se apresuró a citarlo a indagatoria. Actuó en forma similar a la conducta del juez Sebastián Casanello, en relación a la causa en sus manos sobre Lázaro Báez. Luego de dormirla también por tres años, el video de La Rosadita aceleró a Casanello al punto de detener a Lázaro y ordenar numerosas medidas investigativas.
Rafecas debería haber sido destituido en su condición de juez.
Su conducta en relación al caso Ciccone lo dejó al descubierto. El intercambio de mensajes asesorando a uno de los abogados de Boudou, implicado directo en la causa a su cargo, era motivo suficiente de remoción. Hechos públicos los mensajes por el abogado defensor del ex vicepresidente, que traicionó al juez, produjeron su apartamiento y la denuncia por su conducta ante el Consejo de la Magistratura para someterlo a juicio político y destituirlo.
Con mayoría propia en el Consejo, el gobierno K no lo destituyó para mantenerlo como rehén a su servicio. En efecto, Rafecas paralizó la causa Hotesur que investiga los negocios de los hoteles de la familia Kirchner. También el juez Rafecas -y en este caso, rápidamente- desestimó la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Kirchner por la firma del Memorandum con Irán. Nisman fue encontrado muerto en circunstancias dudosas y aún hoy no aclaradas. Rafecas desestimó la denuncia sin investigar todas las numerosas escuchas telefónicas ordenadas por el fiscal muerto.
Ambos jueces, más otros como Rodolfo Canicoba Corral, Ariel Lijo, Julián Ercolini, por nombrar solo algunos, configuran el numeroso lote de magistrados de Comodoro Py, que junto a algunos camaristas federales han actuado a "ritmo pausado y permisivo" durante toda la gestión kirchnerista.
La demanda social permanente y el control de legisladores honestos y comprometidos con el mandato delegado y medios periodísticos, deben funcionar en conjunto para que estos jueces del fuero federal modifiquen su conducta adormecida y permisiva y honren su investidura y el cargo que ostentan.
La evidencia palmaria, hecha pública, de hechos delictivos no permiten más conductas sospechosas por parte de la Justicia.
El caso Lázaro y fundamentalmente los bolsos de López funcionaron como una bomba implosionadora al interior del kirchnerismo y del Partido Justicialista. Las respuestas por tuit de De Vido y la carta publicada en Facebook por la ex presidente en relación a los últimos sucesos resultan inexplicables, banalizan y desvían a tal extremo lo sucedido que no ameritan su consideración.
Por el contrario, sí es necesario ahondar sobre la conducta de ex funcionarios, de adherentes fanáticos, de peronistas "tradicionales", según ellos se definen ahora y de la corte de aplaudidores permanentes.
Entre ex funcionarios próximos y empresarios cercanos beneficiarios permanentes de los negocios públicos existe marcada preocupación y temor a que alguien declare o aparezcan nuevos arrepentidos. En ese caso la dispersión afectaría a numerosos nombres de personas que gozaron de todos los beneficios durante la era K.
El apartamiento de la cercanía K de numerosos peronistas y su reinserción va a ocupar durante un buen tiempo la nueva conducción del PJ y del movimiento como les gusta denominarse a varios de ellos. La perplejidad y la desazón por el impacto burdo de la exhibición de los bolsos de dinero no justificados pueden generar daños incalculables en el peronismo. Se requiere un convincente camino de solidificación democrática y republicana de la organización fundada por Perón asentado en altos valores de idoneidad y honestidad comprobables.
En este ámbito hay que destacar cómo se mueve Sergio Massa ante esta circunstancia para sumar desencantados, sorprendidos y también oportunistas. Van a ser meses agitados y las consecuencias de la implosión son desconocidas al interior del peronismo.
La decepción de los militantes, los fanáticos y los aprovechados de ocasión es evidente y demostrativa de la desorientación y el impacto provocados por la explicitación de lo que se negaba con fanatismo dogmático. La fe cuasi religiosa está en duda y cuando se pierde la confianza absoluta y ciega tiemblan los cimientos constructores de la adhesión incondicional.
El relato naufragó, es tiempo de la verdad y la razón. Difícil para fanáticos.
Tremenda responsabilidad le compete también al nuevo gobierno nacional.
Su sistema de licitaciones públicas debe asegurar 100% de transparencia y permitir la competencia de todos los actores interesados, sin desestimar o imposibilitar previamente a ninguno. La difusión de los pliegos vía Internet y gratuita parece ir en el sentido correcto.
Igualmente debe impulsarse una ley de arrepentidos en forma rápida, para que en una discusión enriquecedora por parte del Congreso, se sancione una norma que provea un instrumento eficiente que colabore en la resolución de los numerosos casos de corrupción existentes y de los que se avecinan, solo por su vinculación con los primeros.
En paralelo debe conseguir domar la inflación heredada y que aumentara en los últimos meses y reducirla lo más rápido posible. Solucionar el blooper tarifario implementado por el ministro Aranguren y concretar la difícil tarea de alinear los empresarios nacionales que incrementaron sus precios en forma irresponsable y en valores inexplicables. Todo esto requiere también la puesta en marcha de un gran plan de inversión pública transparente y eficiente
La salud moral de nuestro país requiere de licitaciones limpias, de empresarios competidores y no cómplices y de jueces que impartan Justicia y devuelvan la confianza de los ciudadanos en un Poder Judicial independiente y de un peronismo opositor democrático, racional y libre de las ataduras de la corrupción.