Ningún juez ni fiscal, ningún magistrado, nació de un repollo ni hubo cigüeña que los trajo desde París. Todos son producto de la política. La política, a su vez, no es algo malo, necesariamente: es diálogo, negociación, construcción colectiva. Pero volviendo al nudo de la cuestión, los jueces vienen tan de la política como un concejal, o un ministro, o un diputado. Disimulan más su origen partidario, pero lo tienen, porque fue un político el que les allanó el camino para llegar al lugar que ocupan. Es verdad: pueden alegar que concursaron el cargo, pero es el político el que termina decidiendo quién es el elegido.
¿Está mal que sea así? ¿Alguien tiene otra idea? ¿A quién se la va a proponer? ¿A los políticos? ¿Quién les quita la "manija del poder"?
La cuestión viene al caso para entender por qué el mecanismo de control de los magistrados muy pocas veces tiene éxito a la hora de sancionar a un juez o fiscal por alguna irregularidad o un error crucial en el ejercicio de su poder.
Los larguísimos procesos que se han realizado en los jurys de enjuciamiento de Mendoza hacen que la sociedad pierda interés en seguir sus resultados, o que resulte imposible comprender los términos usados en la corporación jurídica. Tanto es así, que, por ejemplo, hasta una miembro del Jury que tenía en sus manos el caso contra el fiscal Daniel Carniello, ni siquiera sabía bien por qué se lo investigaba. Tampoco supo pronunciar los nombres de las personas involucradas en la ampliación de denuncia que hizo el procurador subrogante Tagua en su contra. "Stiuso", dijo, en lugar de "Stuto".
Además, salvaron a tres juezas del fuero de Familia: Adriana Rodríguez, María Lizán y Susana Barrigón.
En su momento, pasó lo mismo con otra jueza, María Delicia Ruggeri. Tuvo en sus manos una causa que conmocionó a los mendocinos: el caso Amitrano, en 1999. La magistrada recibió la denuncia de maltrato contra una nena, pero no encontró ningún indicio de ello, por lo tanto, la devolvió al maltratador. La nena murió por una golpiza de su padre, Alejandro Amitrano, quien rápidamente huyó y se mantuvo prófugo durante 15 años. Ahora está detenido. La jueza Ruggeri siguió siendo jueza.
Este jueves, los integrantes del jury, compuesto por los ministros de la Corte y 14 legisladores, salvaron por segunda vez a Carniello porque decidieron que las escuchas donde se lo vincula con una banda de delincuentes son ilegales. Esas escuchas las hizo la Justicia Federal. ¿La Justicia Federal hace escuchas ilegales? ¿Es todo más grave de lo que pensamos? El abogado de Carniello, Daniel Sosa Arditi, alegó que había hablado con estos peligrosos delincuentes porque eran "testigos arrepentidos". Sin embargo, no consta en los expedientes. ¿Están empatados Carniello y la Justicia Federal? Porque si el polémico fiscal no dejó constancia de que usaba la figura del testigo arrepentido, ¿alegarlo no es tan ilegal como las escuchas que hizo la Justicia Federal?
No es un ataque hacia la política. ¿Queremos acaso un Gobierno Militar que dicte y utilice las leyes a su libre interpretación y omita aquellas que les impida llevar adelante las atrocidades que consideren necesarias? La política deberá sanear sus contradicciones intrínsecas en otro ámbito, ajeno al judicial, y enriquecer un sistema que haga honor a su nombre, donde la "balanza de la verdad" esté en un justo equilibrio.