Se dio a conocer en Mendoza otro capítulo de lo que que podríamos llamar "un simulacro de transparencia": la difusión de más declaraciones juradas de bienes de funcionarios públicos. Nos encontramos con legisladores que se sientan uno al lado de otro que juraron cobrar unos 40 y otros 70 mil pesos; ministros de un mismo gabinete que dicen percibir salarios por 42 y 70 mil, según el caso. Miembros del gobierno que declaran lotes por centavos o casas tasadas a valores irrisorios.
No hay cómo argumentar una afirmación que diga que el gobernador Alfredo Cornejo está robando. Pero, ¿por qué declaró que su casa tiene un valor de 239 mil pesos? Es una vivienda modesta, del barrio Bancario de Godoy Cruz, pero tampoco tan modesta. No hay necesidad de mentir.
Lo que ocurre es que la clase política es quien dicta las normas y se encarga de hacerlas cumplir. La ecuación es simple en cuanto a transparencia: nunca van a imponer una norma que los obligue a cumplirla de cabo a rabo. Lo que se hizo en Mendoza fue tan sólo un decreto, no una ley. No precisa qué debe declararse bajo juramento, qué es lo que sí o sí tiene que estar, ni cuáles son las sanciones por no cumplirlo. Un simulacro de transparencia.
¿Alguien piensa que en este momento hay gente investigando cada una de las declaraciones juradas en la búsqueda de un dato que indique la posibilidad de que se haya cometido algún delito en el ejercicio de la función? Sólo el periodismo está buscando datos y muchas veces es sólo superficial, basado en sensaciones o presunciones.
Sólo si un particular denunciara algo, la Fiscalía de Estado podría dedicar algún tiempo a estudiar si el planteo "tiene color" para ser investigado. En el mejor de los casos, la causa pasaría a la Justicia penal, en donde el funcionario en cuestión cuenta con un elemento a su favor: la norma que lo obliga a presentar las ahora famosas declaraciones juradas es un decreto, sin fuerza de ley. Si sabe que se trata de un simulacro de transparencia, jugará en ese campo. El Código Penal prevé sanciones sólo cuando una ley los obligue, no un decreto.
Pero eso es ciencia ficción cuando en Mendoza hay sólo tres fiscales de delitos complejos y están atosigados de denuncias e investigaciones. Algunas, llegan a prescribir por la inacción a lo largo del tiempo.