Sólo puedo lamentar la remoción del Dr. Pedro García Espetxe, que ha sido un funcionario éticamente intachable, muy conocedor de su función, persona versada en la defensa jurídica de los intereses del Estado y con un caudal de experiencia altamente valorable.
También resulta lamentable el motivo aparente de su remoción, toda vez que se trata de una opinión política-jurídica respetable que no exista un tránsito sin solución de continuidad- entre los diversos poderes estatales.
Esa opinión -que comparto con el funcionario desplazado- se basa en que el desempeño en los diversos poderes estatales imprime un cierto carácter a la persona que cumple una función determinada, sea de juzgar, administrar, controlar o legislar; ese carácter hace que la persona adopte un ángulo de mira al cual es difícil sustraerse para adoptar el que corresponde a la nueva función.
El simple tránsito desde el cargo de juez al desempeño privado de la profesión plantea esa dificultad, según mi propia experiencia.
También lo es que la inversa -de la profesión al desempeño judicial- presenta el mismo inconveniente, pero es inevitable.
En abstracto, y sin referirnos a ninguna cuestión personal concreta -dado que en las cuestiones humanas no hay recetas- pues hay personas que logran ubicarse rápidamente en sus nuevas funciones, creo que sería un buen principio constitucional que el tránsito entre los diversos poderes estatales tuviera un lapso previsto constitucionalmente de inhabilidad, que estableciese una solución de continuidad.
Obviamente, es como tantas otras una opinión, que se enmarca en el derecho fundamental de libre expresión, cuyo ejercicio debe ser respetado en el marco republicano y democrático.
En definitiva, en mi sentir, el alejamiento del Dr. García Espetxe de las funciones que desempeñara eficientemente en la Fiscalía de Estado, para la comunidad provincial, es una pérdida lamentable.
(*) Carlos Parellada, Abogado y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza.