Desde hace prácticamente casi dos años, MDZ y sus periodistas más representativos, reciben en sus correos de contacto y también en persona, un sostenido reclamo sobre el accionar de la Justicia. No hay diferencias: el clamor abarca tanto a la justicia provincial como la federal, que resultan objeto de atención y crítica por parte de numerosos ciudadanos inquietos y demandantes. Un factor común que debe quedar claro: los mendocinos que reclaman contra la Justicia no son victimarios en ninguna causa, sino que se sienten víctimas del propio sistema que debería defenderlos.
En el último tiempo, la objeción más popularizada se ha enfocado en un pedido de acción y celeridad de la justicia penal. "Queremos que los funcionarios que delinquieron vayan presos", es el mayoritario y repetido pedido de una ciudadanía insistente y enojada, y su pedido ya no se hace de boca en boca, sino que podría encuestarse fácilmente en el grueso de la población del país.
Sean funcionarios o no, lo que interesa es que la Justicia no tarde 10 años promedio en un caso de corrupción, que cajonee y especule con las denuncias contra funcionarios con quienes sienten empatía y que los asuntos cotidianos encuentren respuesta en tiempos razonables, realmente útiles.
La sensación final cuando la justicia no actúa a tiempo (que no es lo mismo que su excusa clásica del "en tiempo y forma") es que no hay justicia. Crece una sensación horrenda para una sociedad que se dice "democrática": el imperio de la injusticia o su expresión monstruosa, la impunidad.
En medio del efervescente clima social, la revelación de numerosos casos de dudosa legalidad, el exhibicionismo obsceno del conteo de dinero extranjero, el cambio de gobierno y el hastío de grandes franjas de la población han terminado chocando de frente con una Justicia poco activa, en algunos casos timorata y ausente y con problemas generales de infraestructura obsoleta y atraso en lo tecnológico.
La Justicia constituye el último, único y confiable reaseguro de equidad, aplicación de la ley y resolución de conflictos de toda república democrática. Los jueces gozan de status especial y garantías de estabilidad para que desarrollen su labor con absoluta independencia, objetividad y en plazos razonables.
Pero eso no es lo que perciben numerosos ciudadanos.
Por el contrario, la inacción, la dilación y la falta de compromiso frente a la incuestionable realidad y el constante develar de los medios periodísticos de hechos presuntamente delictuales, terminan fastidiando el ánimo y la voluntad popular.
Cuando el descrédito y la desconfianza sobre la Justicia son constantes y de amplias franjas de la población, la República y uno de sus pilares fundamentales quedan gravemente debilitados. La consecuencia es un descrédito en todas las instituciones que no sirve para construir una sociedad con bases sólidas.
Es imprescindible, necesario y urgente que jueces, fiscales y demás integrantes del mundo judicial tomen conciencia del ánimo social. No pueden seguir insistiendo en su aislamiento y en "sus" tiempos, cuando la sociedad de hoy esta hipercomunicada y conectada al instante y presiente que su sistema judicial no.
Su tarea pronta y eficiente es esencial para devolver confianza y tranquilidad a una sociedad impactada negativamente por lo que presencia y descubre diariamente.
Es tiempo de Justicia justa. Sin dilaciones ni excusas. La ciudadanía lo necesita y demanda.