El proyecto de Emergencia en Seguridad que aún espera ser tratado en la Legislatura provincial dejó sobre la luz lo incoherentes que pueden llegar a ser los políticos de la provincia de Mendoza. Tanto en la oposición como en el oficialismo.
La polémica gira en torno a la autorización de un crédito de 1.200 millones de pesos para construir un nueva cárcel y refaccionar las que ya existen en la provincia. Aunque nadie quiere decirlo frente al micrófono, por lo bajo todos reconocen que se trata de un proyecto presentado por el empresario Omar Álvarez durante la gestión de Francisco Pérez.
La primera incoherencia que salió a flote es la de los legisladores peronistas, que hace menos de un año acompañaban la iniciativa y ahora aseguran que es una irracionalidad gastar ese dinero en la construcción de una penitenciaría. Los abanderados de la discordia fueron los diputados del sector azul, que vociferaron que el dinero debe utilizarse para escuelas.
Por ejemplo, Jorge Tanús señaló que hacer una cárcel cuesta más de $ 1 millón por interno. "Inadmisible error. Mejor inversiones en Proyectos Sociales. Escuelas y Viviendas", expresó en twitter. Lo cuestionable es que no haya exteriorizado esos reclamos hace un año, cuando su partido era el que impulsaba el mismo proyecto e incluso llegó a convocarse a una audiencia pública para evaluar su impacto ambiental.
Pero las incoherencias también están presentes en la vereda de enfrente. Cuando el radicalismo era oposición, ponía palos en la rueda a la hora de sacar leyes de emergencia porque acusaban al Ejecutivo de querer hacer adquisiciones por contratación directa y sin controles.
Sin embargo, cuando les toca ser gobierno intentan entreverar un artículo (el número 6) en el que solicitan 900 millones para realizar una obra por la vía que hace meses cuestionaban.
Por más que ahora intenten echar luz sobre la discordia y aseguren que la obra será licitada, ya quedó en evidencia el doble estándar que se aplica en uno y otro lugar.