Cuando se apagan los micrófonos, el gobernador Francisco Pérez repite eternamente el mismo latiguillo: "Hay que sacarnos el velo de la hipocresía". Lo hace para cuestionar las decisiones de la corporación judicial, lo hace para exigirle a los profesionales de la Salud una ley de ética médica y también para criticar algunas de las noticias que se publican en la prensa. Sin embargo, él no es capaz de aplicar los mismos preceptos que pregona.
Molesto por la absolución del único imputado por la desaparición de Soledad Olivera, el miércoles el mandatario arremetió contra los camaristas que intervinieron en la causa y apuntó sus cañones contra el fiscal especial Santiago Garay, quien estuvo a cargo de esa investigación.
De forma efusiva, calificó de "vergonzosa" la decisión de la Justicia y afirmó que si no habían pruebas para incriminar al imputado, la causa no debería haber llegado a juicio. Incluso, pidió que alguien dé la cara y se haga cargo de que los casos más resonantes de la provincia sigan impunes.
Pero lo que parecía ser un discurso moralista de Pérez, se convirtió en una ataque directo contra el fiscal Santiago Garay, quien además del caso de Olivera lleva otras causas que implican irregularidades cometidas durante los últimos dos gobiernos provinciales del FpV.
La hipocresía es "el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan", y eso parece ser exactamente lo que hizo el gobernador provincial.
Aprovechó el malestar social que despertó la absolución de Mariano Luque para descargarse contra Garay por investigar los decretos mediante los cuales Pérez acomodó en el Estado a sus funcionarios de confianza.
¿Realmente el gobernador está avergonzado con la investigación del caso Soledad Olivera? Por sus palabras, el enojo de Pérez parece ser en realidad oportunismo para pasarle factura a Garay, a quien tiene entre ceja y ceja desde que comenzó a investigar el escándalo de sobreprecios cobrados por Gustavo Matar durante el gobierno de Celso Jaque.
En esa causa, que implicaba un total de 60 millones de pesos, Garay también involucró a Alejandro Cazabán, Ricardo Fúnez y Pablo Catania, responsables del área de comunicación mientras gobernaba el malargüino.