De golpe, comenzamos nuevamente a tener noticias de acomodos de último momento en la planta permanente del Estado. "Esposas, amantes y concubinas" tienen premio, podríamos ironizar, cuando en realidad se trata de choferes, leales, amigos, parientes, etc. Y probablemente, quién sabe, también lo otro.
Resulta por lo menos extraño el desarrollo político de este verdadero "festival " de final de gobierno realizado a costa de fondos públicos presentes y a futuro: habrá que pagarles su salario a todos los amigos del Gobierno de aquí a la eternidad.
Es válido recordar el origen de esta situación, que MDZ denunciara en su momento y que se concretara por un acuerdo entre los actores estatales paritarios, el ministro Rodolfo Lafalla y sus representantes Mauricio Guzmán y Andrés Cazaban por el Estado, avalados por el gobernador Francisco Pérez, y Raquel Blas, Roberto Macho e Isabel Del Póppolo por ATE y Ampros, respectivamente.
Ya antes de las elecciones generales, en un acuerdo insólito e irresponsable, que lesiona y compromete las finanzas provinciales presentes y hacia adelante, se aseguró el pase a planta permanente de toda clase de agentes, incluso los ingresados en el año 2014. Esto en los hechos se amplía incluso a numerosos agentes ingresados en el corriente año.
Pero sorprende en estos días que ATE "denuncie", en abierta contradicción con lo que firmara y acordara, el pase de agentes a planta en OSEP y en el Casino.
Realmente lo que está sucediendo es que el Gobierno está incorporando a la nómina permanente a sus personas más cercanas, todos vinculados a la política y postergando a los trabajadores indicados y acordados con y por los gremios.
En el lenguaje de la calle esto se llama "mejicaneada", y es un paso más de la irresponsabilidad, traiciones e hipocresía con que cumplen "el pacto" existente entre funcionarios y gremialistas estatales.
Y lo peor es que no es un problema sólo de ellos, como pretenden instalar. Va en detrimento de la provincia y del interés colectivo.